La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) expresan su “profunda preocupación” luego de que la Cámara de Diputados de Brasil aprobara el proyecto de ley que obliga a las aerolíneas a ofrecer equipaje documentado y de mano gratis.
Ambas organizaciones afirmaron que de ser promulgado el proyecto, que ahora pasará al Senado, impondría restricciones estrictas sobre precios y operaciones, tanto en vuelos nacionales como internacionales hacia y desde el país sudamericano, afectando la eficiencia y flexibilidad fundamentales para un sistema de transporte aéreo sostenible.
La ley también podría contravenir las disposiciones sobre libertad de precios establecidas en los acuerdos bilaterales de servicios aéreos, lo que colocaría a Brasil en incumplimiento de sus compromisos internacionales.
“Al reintroducir normas anticuadas y rígidas sobre equipaje y asientos, la propuesta corre el riesgo de disminuir la competencia, limitar el acceso a tarifas accesibles y, en última instancia, afectar a los consumidores que pretende proteger. Las medidas del proyecto son como ir al cine y verse obligado a pagar las palomitas como parte de la entrada”, dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA y director ejecutivo y CEO de ALTA.
El proyecto de ley obliga a las aerolíneas en vuelos nacionales e internacionales a dar una pieza de equipaje documentado gratis de hasta 23 kilogramos y una pieza de equipaje de mano gratis de hasta 12 kilogramos en rutas domésticas.
También prohíbe cargos por la selección estándar de asientos, la cancelación automática de vuelos de regreso si el pasajero pierde el vuelo de ida, a menos que esté expresamente autorizado, y se deben proporcionar hasta dos asientos adicionales sin costo para los pasajeros que requieran asistencia especial.
Los organismos señalaron que al ser Brasil el mayor mercado de aviación de América Latina los efectos de esta legislación se extenderían más allá de sus fronteras.
Instaron al Senado a reconsiderar el proyecto de ley y a entablar un diálogo con la industria de la aviación para asegurar que la protección del consumidor esté equilibrada con la sostenibilidad económica y la viabilidad operativa.[
