El gobierno de Portugal espera que la privatización parcial de TAP atraiga a aerolíneas tanto dentro como fuera de la Unión Europea, publicó Reuters.
A inicios de julio el primer ministro Luis Montenegro informó que hasta el 49.9% de la aerolínea nacional iba a poder privatizarse, con hasta un 44.9% para inversionistas privados y un 5% para los empleados.
Si bien no mencionó nombres de aerolíneas, cree que empresas externas a la UE apuesten por adquirir una participación minoritaria en TAP. Hasta el momento Air France-KLM, IAG y Lufthansa Group ya se han reunido con el gobierno luso para discutir su posible participación en la empresa hasta ahora estatal.
Si bien de momento se habló de vender casi la mitad de TAP, el pasado 17 de julio Montenegro, al ser cuestionado por el parlamento portugués, abrió la puerta para una eventual privatización total.
De acuerdo a información de ch-aviation la aerolínea cuenta actualmente con 83 aviones: tres A319-100, quince A320-200 (uno en régimen de wet lease de Airhub Airlines), 15 A320-200N, cuatro A321-200 (uno en wet lease de Avion Express), seis A321-200N, cuatro A321-200NX, 13 A321-200NX(LR), cuatro A330-200 (uno arrendado con tripulación de Hi Fly Malta) y 19 A330-900N.
Por su parte, el medio local Jornal de Negocios informó que un factor clave que podría aumentar el interés de los inversionistas es el crédito fiscal acumulado de la empresa, que asciende a unos 549 millones de dólares (mdd) y que podría utilizarse para compensar obligaciones fiscales futuras.
Otros de sus atractivos son los slots a Brasil, a los países africanos de habla portuguesa y Estados Unidos desde su centro de Lisboa, el cual pretende ser ampliado por el gobierno.
Una preocupación siguen siendo los riesgos legales, pues el gobierno decidió que el futuro accionista deberá asumir la responsabilidad de cualquier indemnización relacionada con litigios en curso, lo que podría incluir un préstamo de 207 millones mdd otorgado por Azul en 2016 y que actualmente está siendo objeto de una disputa legal entre ambas compañías y el gobierno portugués.
