A partir de la segunda quincena de enero, dejará de aplicarse a los controladores de tráfico aéreo (CTA) en México la última reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que prohíbe a un empleado de gobierno percibir un sueldo mayor al del presidente de la República.
La suspensión provisional fue producto del amparo indirecto (folio AI-2396/2018VI) promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (Sinacta), que estableció la “indebida aplicación” de la mencionada ley por violar lo establecido en los artículos 75 y 127 de la Constitución.
Esto también se derivó de las cerca de mil demandas que los CTA presentaron de manera individual hace un mes –tras recibir significativos descuentos en sus quincenas decembrinas, sin información oportuna–, donde alegaron que los recortes recibidos eran inconstitucionales debido a que los sueldos no debían modificarse hasta el 2019, una vez aprobado el nuevo ejercicio fiscal y con tabuladores salariales en mano.
Asimismo, el gremio de controladores pidió hacer valer para ellos el artículo 3 de la propia Ley de Remuneraciones, que a la letra dice: “todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades”.
“Una vez que presentamos nuestra demanda, fue aceptada para trámite y nos dieron la suspensión provisional, después la definitiva y estamos en espera de la resolución de fondo porque aún puede revertirse la sentencia si así lo determinan los jueces”, explicó José Alfredo Covarrubias, secretario general de Sinacta, en entrevista para A21.
El líder sindical refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló a los jueces para que se mantenga en suspenso la sentencia definitiva, hasta que no reciban la instrucción de la política general que se va a aplicar para la solución de este conflicto.
“Ellos mismos son afectados por esta ley y, si en ese ánimo proceden en favor de los trabajadores para beneficiarse de la misma manera ellos también, caen en conflicto de intereses. Por eso, la SCJN analiza bien cómo llevar este asunto”, agregó Covarrubias.
En cuanto al pago de los fondos por los recortes “indebidos”, el representante sindical señaló que aún deben completar el trámite correspondiente ante las autoridades para que los recursos se remitan a la Secretaría de Hacienda, y ésta a su vez pueda disponer de ellos y devolverlos.
Finalmente, y aunque sus compañeros siguen molestos y con incertidumbre porque el presupuesto para mantener a sus familias quedó vulnerable, el secretario general reiteró el llamado a mantener la calma y resolver las cosas conforme al derecho y no afectar a la población con paros de labores.
Aunado al proceso legal, el sindicato tenía programada una reunión con el secretario y subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que se vió interrumpida por el accidente en helicóptero de la gobernadora poblana, Érika Alonso. Ante esto, seguirán gestionando una futura fecha para atender el problema con esta instancia.
