Tras la verificación extraordinaria de 27 días que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) realizó a Aerolíneas Damojh SA de CV (también conocida como Global Air) desde el 19 de mayo pasado, y luego de 25 días adicionales, a la autoridad le restan siete días para concluir este proceso.
En este contexto, la crítica que Manuel Rodríguez Campo, director de Global Air, dirigió ayer a los 22 inspectores de la DGAC por supuestas irregularidades y tardanza en la emisión de un dictamen es “tendenciosa” y “manipuladora”, consideró Víctor Manuel del Castillo, experto en seguridad operacional.
En entrevista con A21, el especialista señaló que, para este tipo de verificación, la autoridad tiene la facultad de enviar a los inspectores que se requieran: “en lo personal, se me hace un número exagerado, pero razonable puesto que fue una inspección extraordinaria”.
“Seguramente (la DGAC) envió a gente de motores, de pilotos, de mantenimiento, de control de calidad, de pruebas no destructivas, de operaciones, de finanzas, de contabilidad, de recursos humanos, de entrenamiento, de capacitación, de simuladores… pueden enviar a quien quieran”, enfatizó.
Respecto a la tardanza del dictamen, el artículo 194 del reglamento de la Ley de Aviación Civil establece que “los trámites que no cuenten con plazo específico para su resolución deben resolverse dentro de los sesenta días naturales siguientes, contados a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud”.
Rodríguez Campo denunció que el ingeniero Fernando Llanos Gutiérrez, director de Seguridad Aérea de la DGAC, ha detenido de forma deliberada el resultado de la verificación en su área, ante lo cual la empresa interpuso un amparo. Sin embargo, el ingeniero Del Castillo no cree que haya dolo del funcionario, pues es probable que el dictamen aún no esté terminado.
“Esas auditorías tardan mucho tiempo en ser analizadas; los resultados los dará Aeronáutica Civil cuando los tenga, además tendrá que cotejar, por ser parte del (equipo de investigación) del accidente, con la NTSB (Junta de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos), con la FAA (Administración Federal de Aviación de los EU), con el INACC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Cuba) y con el fabricante de la aeronave”.
Forma y fondo
Respecto a la réplica de la DGAC, el especialista consultado por A21 resaltó el claro sustento legal de la misma, aunque no dejó de notar una cierta informalidad por la ausencia de la firma de algún responsable de la dependencia, dado lo delicado del accidente.
En cambio, la carta del director de Global Air ni siquiera tiene fecha, y el título, “Comunicado del accidente de Cubana de Aviación”, revela “la manipulación” y el “deslinde” que el empresario pretende hacer sobre su responsabilidad en el suceso.
“Lo que está haciendo es ‘curarse en salud’, tratando de culpar a la Aeronáutica Civil –que tiene muchas deficiencias, no hay duda– y de adelantarse para que le den su permiso, pueda operar y empiece a recuperar dinero”.
Cabe destacar que, según el párrafo quinto del artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, “Las personas físicas o morales que sean sujetos de verificación, cubrirán las cuotas que por este concepto se originen”. En otras palabras, Global Air pagó los gastos en que incurrieron los 22 inspectores durante las visitas de verificación.
Finalmente, sobre el señalamiento de “fallo humano” por las maniobras de los tripulantes de vuelo, Del Castillo considera que Rodríguez Campo es tendencioso al apelar al ángulo emocional de las 70 familias de Global Air que han perdido su fuente de ingresos por “culpa de los pilotos”.
Relató que, según los videos que se han dado a conocer, la aeronave no incurrió en un simple desplome, ya que cuenta con indicadores manuales (stick shaker) y audibles que advierten a los pilotos que el avión entra en pérdida de sustentación (stall).
“Si eso hubiera sucedido, yo creo que los pilotos inmediatamente corrigen y disminuyen su ángulo de ataque… estamos ahorita hablando de algo que no nos consta”, puntualizó.
