La aviación civil mexicana enfrenta una decisión que no debería seguir posponiéndose: revisar quién administra nuestros aeropuertos, quién controla los recursos que generan y, sobre todo, a quién deben beneficiar.
Los aeropuertos son patrimonio estratégico de la nación. Sus ingresos provienen del transporte de pasajeros, las aerolíneas, la carga, el turismo y los servicios comerciales. Por tanto, los beneficios económicos que producen deben responder al interés público y contribuir al desarrollo nacional.
Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se estableció un esquema que canaliza importantes recursos aeroportuarios hacia las instituciones militares, modelo que continúa vigente.
El artículo 220-A de la Ley Federal de Derechos establece un derecho del 9% sobre determinados ingresos brutos de los concesionarios aeroportuarios. Su recaudación se concentra en la Tesorería de la Federación y se distribuye en un 60% para la Secretaría de la Defensa Nacional y un 40% para la Secretaría de Marina, mediante fideicomisos públicos destinados al fortalecimiento de los sistemas aeroportuarios bajo su coordinación.
Adicionalmente, el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 mantiene esa proporción para las contraprestaciones que deben cubrir los titulares de concesiones y asignaciones aeroportuarias al Gobierno Federal.
El argumento oficial es fortalecer los sistemas aeroportuarios bajo coordinación militar. Pero cabe preguntar: ¿por qué los recursos que genera una actividad económica de carácter civil deben tener un destino institucional predeterminado, en lugar de incorporarse a una política nacional de inversión pública que beneficie al conjunto de la población?
No se trata de impedir que se invierta en aeropuertos. Se trata de garantizar que los recursos públicos respondan a prioridades nacionales, tengan una aplicación transparente y puedan ser evaluados por la sociedad.
EL AIFA Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles representa uno de los ejemplos más claros del nuevo modelo de administración aeroportuaria.
Su construcción y operación quedaron vinculadas a la estructura militar y a empresas del Estado bajo coordinación de SEDENA.
Para dimensionar su situación financiera, basta revisar sus resultados de 2024. De acuerdo con información financiera publicada por el propio AIFA y revisada por la Auditoría Superior de la Federación, registró ingresos propios por aproximadamente 2,581 millones de pesos y recibió transferencias por 1,512.8 millones adicionales.
Sus gastos de funcionamiento ascendieron a aproximadamente 2,294 millones de pesos.
Estas cifras demuestran la importancia de distinguir entre los ingresos que genera una instalación aeroportuaria y los recursos presupuestales que recibe del Gobierno Federal. No todo lo que factura el AIFA se entrega a las Fuerzas Armadas, pero sí existe un sistema legal que canaliza determinados ingresos y contraprestaciones aeroportuarias hacia fideicomisos bajo responsabilidad de SEDENA y SEMAR.
La pregunta de fondo permanece: ¿deben los recursos que genera la infraestructura aeroportuaria tener como destino prioritario el fortalecimiento de estructuras militares o regresar a una política de finanzas públicas donde puedan atenderse las necesidades de todo el país?
Los recursos generados por nuestros aeropuertos podrían contribuir a mejorar carreteras, conectividad terrestre, infraestructura regional, tecnología, seguridad operacional y modernización de terminales. Su destino debe definirse mediante una política nacional de inversión y no por una asignación institucional predeterminada.
ADMINISTRAR UN AEROPUERTO REQUIERE EXPERIENCIA AERONÁUTICA Y EMPRESARIAL
El segundo problema es igualmente importante.
Durante los últimos años se transfirieron aeropuertos que anteriormente operaba Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) a organismos y empresas vinculados con SEDENA y SEMAR.
No se trata de cuestionar la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir sus responsabilidades constitucionales. Se trata de reconocer que administrar un aeropuerto comercial es una actividad altamente especializada y requiere conocimientos distintos a los de la formación militar.
Un aeropuerto necesita profesionales que conozcan de planeación aeroportuaria, operaciones, seguridad operacional, infraestructura, mantenimiento, desarrollo comercial, negociación con aerolíneas, gestión de pasajeros, transporte de carga y administración financiera.
La experiencia en aviación no se improvisa.
México cuenta con pilotos, ingenieros aeronáuticos, controladores, especialistas en seguridad operacional y administradores aeroportuarios que han desarrollado sus carreras dentro de la industria. También cuenta con la experiencia acumulada de organismos como ASA y de los grupos aeroportuarios privados que operan bajo concesiones federales.
¿Por qué no aprovechar ese capital humano y profesional?
La dirección de un aeropuerto no debería asignarse por jerarquía institucional, sino por preparación, experiencia comprobable y resultados.
La disciplina militar puede ser valiosa en determinadas funciones, pero no sustituye la especialización técnica, comercial y administrativa que exige la industria aeroportuaria.
RECUPERAR LA ADMINISTRACIÓN CIVIL, SIN PERDER LA RECTORÍA DEL ESTADO
Es necesario revisar el modelo y avanzar hacia una administración civil, profesional y especializada de los aeropuertos que actualmente se encuentran bajo control militar.
Esto no significa privatizar el patrimonio nacional ni entregar la soberanía aeroportuaria a particulares.
El Estado debe conservar la rectoría, la propiedad pública que corresponda, la regulación, la supervisión y las facultades de seguridad nacional. La administración comercial y operativa, en cambio, debe quedar en manos de organizaciones con experiencia específica y personal calificado.
La experiencia de ASUR, GAP y OMA demuestra que es posible mantener la participación del Estado mediante concesiones reguladas, obligaciones de inversión, contraprestaciones y supervisión gubernamental, mientras operadores especializados desarrollan la actividad aeroportuaria.
Propongo cinco acciones:
- Revisar el destino de los recursos aeroportuarios. Modificar las disposiciones legales que destinan determinadas contraprestaciones y derechos a SEDENA y SEMAR, para incorporarlos a una política nacional de desarrollo aeroportuario y de infraestructura pú
- Recuperar progresivamente la administración civil especializada. Evaluar la transferencia de la operación comercial de los aeropuertos federales actualmente bajo estructuras militares a organismos y empresas con experiencia comprobada en aviación civil.
- Fortalecer a ASA. Aprovechar su experiencia, infraestructura y capital humano, así como desarrollar nuevos esquemas de administración profesional que permitan atender las distintas necesidades de los aeropuertos regionales.
- Garantizar la transparencia financiera. Publicar estados financieros auditados, ingresos, gastos, inversiones, subsidios, costos de operación y resultados de cada aeropuerto.
- Separar las funciones institucionales. Distinguir claramente las responsabilidades de autoridad aeronáutica, seguridad nacional, regulación y administración comercial, evitando concentraciones que puedan debilitar los contrapesos.
Esta transición debe respetar los derechos laborales, los compromisos contractuales y los títulos de asignación vigentes, con evaluaciones técnicas y económicas para cada instalación.
LA AVIACIÓN ES UN SERVICIO ESTRATÉGICO PARA MÉXICO
México necesita una aviación civil fuerte, competitiva y profesional. Necesita aeropuertos que impulsen el turismo, faciliten el comercio, atraigan inversiones y conecten eficientemente a sus regiones.
Las Fuerzas Armadas tienen una función esencial en la defensa y seguridad del país. Pero eso no significa que deban convertirse en administradoras permanentes de empresas comerciales y de infraestructura aeroportuaria.
Los recursos que genera la actividad aeroportuaria deben beneficiar a los mexicanos, financiar prioridades nacionales y fortalecer la infraestructura pública.
La experiencia, la preparación y la capacidad profesional deben ser los criterios para dirigir nuestros aeropuertos, no la pertenencia a una institución determinada.
Es momento de revisar las decisiones tomadas, corregir lo que sea necesario y devolver a la aviación civil mexicana el espacio que le corresponde.
Los aeropuertos son de México. Sus recursos deben beneficiar a México y su administración debe estar en manos de profesionales de la aviación.
Fuerte y claro.
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