La autoridad de transporte aéreo en México se encuentra en un rango de actuación muy estrecho, lo que significa que tiene poco margen de acción para lograr impulsar las actividades propias de supervisión y certificación, además de que su independencia respecto al poder ejecutivo está muy comprometida, indica el estudio “La Gobernanza de las autoridades de aviación civil en los países de América Latina, desarrollado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Con el estudio, los organismos indicaron que el grado adecuado de independencia de las autoridades de aviación civil depende del contexto nacional e institucional ya que, en general, los reguladores deben hacer e implementar evaluaciones imparciales y objetivas, basadas en evidencias para inspirar confianza en las instituciones públicas.
En cuanto al nivel de actuación, el resultado reveló que México está entre los países con menos posibilidades dentro de este ámbito. Lo que le impide emitir sanciones financieras o penales; exigir el cumplimiento de las normas y reglamentaciones de la industria y los consumidores; emitir estándares de la industria; expedir, revocar licencias, entre otras.
“Una gobernanza sólida refuerza la legitimidad e integridad de las autoridades reguladoras de la aviación civil y les permite tomar decisiones técnicas basadas en pruebas, sin conflictos de intereses, sesgos o influencias indebidas”, dijo Juan Carlos Salazar, secretario general de la OACI.
Por ello, celebró la finalización de la primera fase de este estudio y agradeció a la OCDE su apoyo en este trabajo conjunto para fortalecer los acuerdos de gobernanza de las administraciones de aviación civil.
El estudio reveló que la mayoría realiza estas actividades de forma independiente, aunque muchos emiten sanciones con otros actores
A pesar de ello, el resultado arrojó que menos de la mitad de las administraciones de aviación de Iberoamérica y el Caribe que participaron en el nuevo estudio declararon ser legalmente independientes, y la mayoría no gestiona sus dotaciones financieras.
En un momento en el que la pandemia de COVID-19 demostró que la actuación eficaz de los gobiernos y organismos reguladores es fundamental para lograr resultados positivos en materia de salud pública en períodos de crisis, así como para acelerar la recuperación económica posterior, las conclusiones del nuevo estudio deberán contribuir a alentar a los gobiernos a tomar medidas rápidas para reforzar sus marcos regulatorios nacionales y regionales.
Por ello, la segunda fase del estudio, que se prevé que finalice en 2023, se centrará en facilitar orientación a los gobiernos sobre los próximos pasos que deberían dar para alcanzar esos resultados.
