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Home Opinión Era de Aviación.

¿Quién paga la factura del apagón aéreo de la FAA? El caos de los 16 mil vuelos y el vacío legal para el pasajero

Erándeni Calderón Martínez by Erándeni Calderón Martínez
16 noviembre, 2026
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El viernes 13 de noviembre de 2026 quedará registrado en los anales de la aviación mundial como la interrupción más grave del espacio aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante 4 horas y 21 minutos, entre las 15:54 y las 20:15 horas del Este, la Administración Federal de Aviación (FAA) mantuvo un ground stop (detención en tierra) a nivel nacional. La causa fue una falla crítica en la red de telecomunicaciones que enlaza a 17 de sus 22 Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta (ARTCC). Es apenas la tercera vez en la historia que Estados Unidos detiene todas sus salidas. La anterior fue en enero de 2023, cuando colapsó el sistema de NOTAM.

El origen fue casi doméstico. En una instalación de la FAA en El Dorado, Arkansas, se trabajaba en la migración del viejo cableado de cobre a fibra óptica. Al encender un enrutador nuevo, otro equipo instalado tres semanas antes en un sitio de radar de Amarillo, Texas, comenzó a saturar la red con miles de intentos de conexión cada pocos segundos. Los controladores vieron cómo los datos de radar se volvían inconsistentes y las frecuencias “se caían y volvían”. Sin certeza sobre lo que estaba pasando, la FAA hizo lo único que podía hacer: detener todo.

La red afectada, la FAA Telecommunications Infrastructure, la opera un contratista privado, L3Harris. El fabricante de los enrutadores sostiene que sus equipos funcionaron como estaban diseñados. El presidente Trump culpó a la administración anterior, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, aprovechó para insistir en los 50 mil millones de dólares que pide al Congreso para modernizar una infraestructura que él mismo describe como “increíblemente vieja”.

La orden se levantó a las 20:15. Duró unas cuatro horas y veinte minutos. La caída de la red de comunicaciones de la FAA dejó en tierra a toda la aviación comercial estadounidense, se extendió a Europa, Canadá, México, Brasil y Australia, y les costó a las aerolíneas cientos de millones de dólares.
Más allá de la urgencia política, para mí, quedan sobre la mesa las preguntas más incómodas: ¿De qué tamaño fue el golpe operativo y financiero? ¿Quién absorbe las pérdidas y, sobre todo quién responde ante los más de millón y medio de pasajeros varados?

Lo que más preocupa es que, según las reglas actuales, casi nadie está obligado a compensar esas pérdidas.

Un problema local estadounidense con efecto mundial.

La aviación moderna funciona como un reloj suizo hiperconectado. Cuando el nodo más grande del mundo se detiene más de cuatro horas en pleno viernes por la tarde, el impacto no respeta fronteras.
En Estados Unidos había cerca de 50,000 vuelos programados para el viernes, y alrededor de 12,000 no pudieron completarse en tiempo y forma. Ese día se registraron más de 9,200 cancelaciones, y el sábado otras 6,400 mientras las aerolíneas intentaban reacomodar su red. Hacia este domingo el acumulado supera los 16,400 vuelos cancelados, con decenas de miles de demoras. Más de 3,500 aeronaves estaban en el aire cuando se decretó la suspensión, y más de 820 tuvieron que ser desviadas o regresar a su origen.
México, como principal socio aéreo de Estados Unidos, resintió el impacto de inmediato. De acuerdo con el balance de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), las restricciones alteraron 193 vuelos en aeropuertos como Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, con 18,002 pasajeros afectados de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Solo en el AICM hubo 73 operaciones afectadas: 44 cancelaciones y 29 demoras.

En Canadá, Nav Canada tuvo que recibir vuelos desviados. Toronto-Pearson registró más de 200 cancelaciones el viernes y casi un centenar el sábado, y Air Canada estimó unos 27,000 pasajeros afectados en su red. En Europa, a petición de la FAA, Eurocontrol suspendió durante siete horas los despegues hacia Estados Unidos desde sus 42 Estados miembros, justo en la ventana de la oleada nocturna transatlántica. Sídney retuvo temporalmente sus salidas a territorio estadounidense, y hubo afectaciones en aeropuertos de Brasil y en rutas sudamericanas que cruzan ese espacio aéreo.

El rompecabezas de las tripulaciones y el dolor de cabeza operativo.

Levantar la orden a las 20:15 horas no significó volver a la normalidad de un día para otro. En aviación, una aeronave que no llega a su destino deja sin avión al siguiente tramo. Esa noche, miles de equipos durmieron en el aeropuerto equivocado.

Quiero destacar la hazaña titánica, y seguramente el dolor de cabeza que fue para los equipos de las aerolíneas que tuvieron que rehacer en cuestión de horas una programación que normalmente se planifica con meses de anticipación.

Pero de las cosas más críticas, sin duda fueron las tripulaciones. Sus límites de jornada y tiempos de servicio (FTL) existen por seguridad operacional, no por capricho sindical. En Estados Unidos, la norma FAR Part 117 limita el periodo de servicio de vuelo de un piloto a entre 9 y 14 horas, según la hora de presentación y el número de tramos, y exige un descanso mínimo de 10 horas con 8 horas de sueño ininterrumpido. Los sobrecargos tienen sus propios límites de servicio y descanso. Una tripulación que se presentó al mediodía y pasó cuatro horas esperando en plataforma llegó a las 20:15 con el reloj prácticamente agotado. Esas tripulaciones quedaron “timed out”, es decir, legalmente no podían volar, aunque el avión estuviera listo y los pasajeros a bordo. Las extensiones de jornada que permite la norma tienen límites y requieren la conformidad del comandante, así que no alcanzaron para cubrir todo.

Por eso hubo más de 6,400 cancelaciones el sábado, con el sistema de la FAA funcionando perfectamente. Las aerolíneas tuvieron que activar tripulaciones de reserva, pagar pernoctas imprevistas y reposicionar aeronaves fuera de base durante todo el fin de semana. Además, la reacomodación de pasajeros ocurre a menos de dos semanas del Día de Acción de Gracias, cuando los aviones salen prácticamente llenos y no queda margen para absorber a quienes se quedaron en tierra.

Pero, ¿Cuánto les costó a las aerolíneas? La factura financiera.

Hasta ahora, ninguna aerolínea ha publicado una cifra oficial de pérdidas. Las presentarán en sus reportes trimestrales. Pero los parámetros de la industria permiten dimensionar el golpe. En Estados Unidos, cada minuto de demora por control de tránsito aéreo cuesta entre 75 y 100 dólares en operación comercial, sumando combustible en espera, tripulaciones y mantenimiento. Cada vuelo cancelado representa entre 25,000 y 50,000 dólares, según el tamaño de la aeronave y la ruta, entre ingresos perdidos, reacomodos y tripulaciones.

Hay una referencia reciente. La crisis tecnológica de CrowdStrike, en julio de 2024, provocó alrededor de 7,000 cancelaciones en Delta. Le costó 380 millones de dólares en ingresos perdidos, y cerca de 550 millones al sumar los gastos de compensaciones y operación. Eso fue una sola aerolínea. Southwest calculó unos 800 millones de impacto trimestral por su colapso de diciembre de 2022, con cerca de 16,700 cancelaciones. Además, las acciones de las aerolíneas cayeron en las operaciones posteriores al cierre del viernes, mientras las arrendadoras de autos subían porque miles de viajeros buscaban llegar a su destino por carretera.

Con más de 16,400 cancelaciones en toda la industria, las pérdidas operativas y de ingresos no percibidos superan fácilmente los 500 a 900 millones de dólares en conjunto, estos datos son una estimación de esta columnista. La cifra puede crecer cuando se contabilicen las aerolíneas extranjeras y los vuelos transatlánticos de fuselaje ancho.

A esto hay que sumar lo que no aparece en ningún balance. Con el valor que la propia FAA asigna a la hora-pasajero, el tiempo perdido por los viajeros ronda otros 300 millones de dólares. Ese costo lo absorbe cada familia en lo particular.

Pero ¿Quién se hace responsable?

En esta pregunta, es donde yo considero que el derecho aeronáutico enfrenta su mayor paradoja. Esta parálisis no la provocó una huelga, una falla de mantenimiento ni una mala planeación comercial de las aerolíneas. La causó una falla en un servicio público esencial a cargo del Departamento de Transporte y la FAA. El artículo 28 del Convenio de Chicago obliga a cada Estado a proporcionar los servicios de navegación aérea en su territorio, y en este caso fue precisamente el Estado prestador del servicio el que falló.
El marco legal vigente, sin embargo, deja a las aerolíneas prácticamente sin camino. El gobierno federal goza de inmunidad soberana. La Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA) abre una puerta estrecha, pero la cierra con la llamada excepción de función discrecional. Ningún tribunal va a sancionar a la FAA por haber privilegiado la seguridad al ordenar un ground stop, y hacerlo sería un pésimo mensaje. Tampoco existe un contrato entre las aerolíneas y la FAA que garantice un servicio de control sin interrupciones.

Ir contra el contratista tampoco es sencillo. El contrato de telecomunicaciones es entre la FAA y L3Harris, y las aerolíneas no son parte de él. Una demanda directa chocaría con la defensa del contratista gubernamental y con la regla que en muchas jurisdicciones impide reclamar pérdidas puramente económicas cuando no hubo daño físico. El precedente tampoco ayuda: en 2023, cuando un error en trabajos de un contratista tumbó el sistema NOTAM, las aerolíneas absorbieron sus pérdidas sin recuperar un solo dólar.

En términos prácticos, ni la FAA ni L3Harris indemnizarán a las aerolíneas, salvo “que la investigación documente una negligencia grave del contratista o que el Congreso cree un mecanismo de compensación”. Hoy no hay señales de ninguna de las dos cosas. Mucho menos pagarán algo a los viajeros.

El pasajero, en zona de desprotección.

Esto deja a las aerolíneas con el costo operativo de reacomodar a millones de personas, y al pasajero en una desprotección casi total respecto a sus gastos adicionales.

En Estados Unidos, la regla 14 CFR Part 260 trata la causa como ajena a la aerolínea, igual que el mal clima. Las compañías solo están obligadas a reprogramar sin cargo o a reembolsar íntegramente en efectivo el boleto, incluidos los cargos por equipaje o selección de asiento, si el pasajero decide no viajar. No tienen obligación legal de pagar hoteles, alimentos ni compensaciones adicionales. Las exenciones de cargos por cambio que anunciaron Delta, United, American y Southwest son voluntarias.

En México, la Ley de Aviación Civil exime a las aerolíneas de las indemnizaciones cuando la cancelación o el retraso se deben a fuerza mayor o a restricciones de una autoridad extranjera, como el cierre del espacio aéreo por la FAA. Eso incluye el 25% adicional sobre el precio del boleto. Su obligación se limita a reprogramar en el primer vuelo disponible o a devolver el precio pagado.

En Canadá aplica el mismo criterio: si la causa está fuera del control de la aerolínea, no hay compensación ni obligación de dar alimentos u hospedaje.

En los vuelos desde Europa, el Reglamento CE 261/2004 considera las fallas de gestión del tránsito aéreo “circunstancias extraordinarias”. La aerolínea queda exenta de la compensación fija de hasta 600 euros, pero conserva la obligación de asistencia: alimentos y hospedaje mientras dure la espera. Paradójicamente, el pasajero varado en Madrid o en París quedó mejor protegido que el varado en Chicago o en la Ciudad de México.

Para el resto, el único recurso real es el seguro de viaje o las coberturas por demora de algunas tarjetas de crédito. Vale la pena revisarlas antes del próximo viaje.

La pregunta de fondo: ¿y si el apagón hubiera sido en México?

Todo lo anterior lleva a una pregunta que la industria lleva años planteando sin respuesta: ¿quién debe asumir la responsabilidad frente al pasajero cuando una interrupción operacional tiene su origen fuera del control de las aerolíneas?

No es la primera vez que me la hago en este espacio. El 3 de noviembre de 2025 planteé aquí si el Estado mexicano debía indemnizar a pasajeros, aerolíneas y al propio AIFA por las 13 rutas que el DOT canceló al acusar a México de incumplir el Convenio Bilateral de Transporte Aéreo de 2015. Mi respuesta fue que “sí”, con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE), que obliga al Estado a indemnizar a quienes, “sin obligación jurídica de soportarlo”, sufran daños por su “actividad administrativa irregular”. Un año después, el 16 de octubre de 2026, el DOT revocó la Orden 213-2 y levantó las restricciones. Pero los boletos perdidos, los ingresos no percibidos y las rutas que nunca despegaron ya habían dejado su costo.

El apagón de la FAA nos pone frente al mismo dilema, ahora en su versión más pura. Esta vez la falla no fue de una política pública, sino de la propia infraestructura que el Estado está obligado a proveer. Y vuelve a dejar claro que en el sistema de transporte aéreo el Estado no es un árbitro neutral. Es un actor y, cuando falla, un generador de daño.

El momento no podría ser más oportuno. Hoy, 16 de noviembre, arranca en Montreal la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la OACI (ATConf/7), y uno de los temas en la mesa es la reforma del marco global de protección al pasajero, la primera en más de una década. IATA ha venido promoviendo ante la OACI iniciativas de protección al pasajero y de armonización de responsabilidades, tomando como referencia los principios del Convenio de Montreal de 1999. Su postura es clara: cuando los retrasos o cancelaciones se originan en los proveedores de navegación aérea o en los aeropuertos, no deberían ser las aerolíneas las únicas en pagar. Willie Walsh, su anterior director general, lo había llamado un modelo de “responsabilidad compartida”. Desde el derecho aeronáutico público, lo planteo en cuatro preguntas.

1. Responsabilidad. ¿por qué la aerolínea tiene que pagar el daño que provocó el Estado?
Las aerolíneas no solo cargan con las consecuencias económicas, operativas y reputacionales de fallas que no son suyas. Las cargan sin derecho de repetición, lo que en la práctica las convierte en aseguradoras involuntarias del Estado. Ocurrió con el NOTAM en 2023, con el incendio que cerró Heathrow en 2025 (IATA estimó entre 60 y 100 millones de libras en asistencia a pasajeros) y ocurre ahora con el ground stop. En México, la Ley de Aviación Civil exime a las aerolíneas de indemnizar cuando la cancelación se debe a restricciones de una autoridad. Eso protege al transportista frente al pasajero, pero no resuelve lo de fondo: alguien causó el daño, y no fue la aerolínea. El pasajero, además, no distingue entre FAA, SENEAM, aeropuerto o aerolínea.

Al final, quien da la cara en el mostrador, y quien paga el costo reputacional, es siempre la aerolínea y quien absorbe las consecuencias, el pasajero.

2. Imputabilidad compartida. ¿Cuándo deja de ser “fuerza mayor” una falla del Estado?
Aquí hay que hacer una distinción jurídica fundamental. La decisión de detener el tráfico aéreo para preservar la seguridad tiene plena causa jurídica de justificación, y ningún tribunal debería sancionarla. Pero la falla que obligó a tomarla es otra cosa. Como señalé en noviembre pasado, un acto irregular no necesariamente es ilegal o intencionado: basta con que sea injustificado, negligente, arbitrario o carente de una base técnica válida. El artículo 3 de la LFRPE excluye los casos fortuitos y de fuerza mayor, y los daños que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de la ciencia o de la técnica. Ahora bien, ¿se puede llamar imprevisible a la caída de una infraestructura que el propio secretario de Transporte describe como “increíblemente vieja”? La obsolescencia documentada no es fuerza mayor. Es omisión.

En Estados Unidos, la inmunidad soberana y la excepción de función discrecional de la FTCA cierran casi todas las puertas. En México el régimen es distinto. El último párrafo del artículo 109 constitucional establece que la responsabilidad del Estado por su actividad administrativa irregular es “objetiva y directa”. Según el artículo 2 de la LFRPE, son sujetos de esa responsabilidad las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Eso incluye a la SICT, a la AFAC, a SENEAM como órgano desconcentrado de la SICT y a los aeropuertos públicos como el AICM y el AIFA. Los grupos aeroportuarios concesionados quedan fuera de esta ley, pero responden por la vía civil y conforme a su título de concesión. Si el apagón hubiera ocurrido en el espacio aéreo mexicano, pasajeros y aerolíneas tendrían un fundamento legal para reclamar que en Estados Unidos no existe.

Hay una ironía que no puedo dejar pasar. Los 18,002 pasajeros de Aeroméxico, Volaris y Viva afectados este fin de semana no tienen esa vía, porque la LFRPE no alcanza a un Estado extranjero. Quedan atrapados entre la exención que la ley mexicana da a sus aerolíneas y la inmunidad que la ley estadounidense da a la FAA.

3. Marco normativo: ¿le estamos pidiendo al Convenio de Montreal lo que le corresponde a la LFRPE?
El Convenio de Montreal regula principalmente la responsabilidad del transportista en el transporte aéreo internacional. Su artículo 19 lo libera por retraso si prueba que adoptó todas las medidas razonablemente necesarias para evitar el daño, y un ground stop ordenado por la autoridad es, casi de manual, ese supuesto. Además, Montreal no aplica a los vuelos domésticos, que fueron la inmensa mayoría de los cancelados. Convertirlo en un régimen universal para todas las contingencias de protección al consumidor es un error en los dos sentidos: no sirve para cargarle a la aerolínea todo lo que falla en el sistema, ni para justificar que nadie atienda al pasajero.

Hay una pieza del Convenio que casi nadie invoca. Su artículo 37 dispone que nada de lo previsto en él prejuzga el derecho de repetición de quien resulte responsable contra cualquier otra persona. En otras palabras, el propio Convenio reconoce que la aerolínea que paga no tiene por qué ser la última en la cadena. Montreal regula la relación del transportista con el pasajero. En México, la LFRPE regula la relación del Estado con el particular. No compiten entre sí: se complementan. El error es pedirle al primero que resuelva lo que le toca al segundo.

4. Capacidad Institucional: ¿tiene el Estado mexicano con qué responder?
Más allá de que exista o no la obligación jurídica, la pregunta es si hay protocolos, coordinación y recursos para responder de manera conjunta ante un evento de esta magnitud. Este fin de semana, la coordinación operativa entre la FAA, Eurocontrol y Nav Canadá funcionó. Frente al pasajero, en cambio, cada aerolínea y cada aeropuerto resolvió como pudo. En México no existe un protocolo común entre AFAC, SENEAM, aeropuertos y aerolíneas para atender a miles de pasajeros en tierra, ni un fondo de contingencia, ni una partida presupuestal pensada para hacer frente a reclamaciones patrimoniales derivadas de fallas en la navegación aérea.

La protección del pasajero no debería convertirse en una transferencia automática de responsabilidades hacia las aerolíneas por hechos que no están bajo su control. Debe existir un equilibrio entre los derechos del usuario, las obligaciones contractuales del transportista y la responsabilidad de cada actor que integra el sistema de transporte aéreo, empezando por el Estado. Lo sostuve hace un año con las sanciones del DOT y lo sostengo hoy con el apagón de la FAA. Cuando el daño es identificable, previsible y atribuible a la autoridad, no hay “fuerza mayor” que valga. Lo que hay es una responsabilidad del Estado que todavía nadie le ha cobrado.

Una lección pendiente.

La seguridad operacional es innegociable. Detener el tráfico aéreo cuando se pierde certeza en las comunicaciones y en el radar era la única decisión responsable, y la FAA la tomó. Pero es inadmisible que la infraestructura crítica de la primera potencia aeronáutica dependa de enrutadores que se saturan y de bitácoras manuales que colapsan con una actualización de fibra óptica.

Hay además una injusticia de fondo que no se ha discutido. Cada boleto vendido en Estados Unidos paga un impuesto federal del 7.5% más cargos por segmento que alimentan el fondo con el que se financia el control de tránsito aéreo. Pasajeros y aerolíneas pagan por adelantado un servicio que, cuando falla, no les responde. El debate no puede quedarse en cuántos miles de millones necesita la FAA para modernizarse. También debería versar en que hay que definir qué régimen de responsabilidad debe tener el Estado como prestador de servicios de navegación aérea.

Al final del día, la factura de la falta de inversión pública en navegación aérea se paga en doble ventanilla. La pagan las aerolíneas, que absorben pérdidas multimillonarias sin derecho a repetición, y la pagan los pasajeros, que ven diluirse sus derechos entre cláusulas de “fuerza mayor” que nadie les va a resarcir.
Porque en aviación, la modernización que se posterga hoy siempre se cobra mañana con intereses en tierra.

Y ahora le pregunto a usted, querido(a) lector(a), si el Estado nos exige a aerolíneas y pasajeros cumplir cada norma al pie de la letra, ¿no debería también responder, objetiva y directamente, cuando el daño lo causan sus propias decisiones, sus omisiones o su infraestructura? ¿O vamos a seguir aceptando que la “fuerza mayor” sea el lugar donde se esconde la responsabilidad del Estado?

¡Hasta el próximo vuelo!
Era Calderón

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

Tags: AFACapagónFAAVuelos cancelados

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