El reciente anuncio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de las causas probables del lamentable accidente de un tren de pasajeros en el Ferrocarril Interoceánico el 28 de diciembre del año pasado, parece indicar que prevalecieron las prisas y exceso de ahorros en su construcción y la improvisación en su operación, lo que me obliga a recuperar una entrega que me hicieron el favor de publicar a finales del 2019 mis estimados editores del gran portal de noticias del sector del transporte y la logística conocido como T21 relacionada con la necesidad de que México cuente, tal y como sucede en otras geografías con una agencia investigadora de accidentes de transporte (de todo tipo) independiente, misma que en buena medida replico a continuación:
“Me parece importante insistir en la necesidad de que la labor de investigación de accidentes aéreos sea realizada por una entidad independiente, por lo menos de aquella de la autoridad aeronáutica, que no olvidemos, en ciertas incidencias, puede terminar siendo “juez y parte”, al extremo de llegar a ser considerada como responsable o contribuyente en ellas.
Los vehículos empleados por el transporte, en especial los aéreos, están alcanzando tales niveles de sofisticación técnica, que si bien ofrecen ventajas operativas y financieras, también suponen retos formidables para quienes eventualmente deben investigar las incidencias en los que se vean envueltos, es decir, procesos interdisciplinarios cada día más complejos que involucran múltiples actores dentro y fuera de la nación donde tienen lugar y a los que frecuentemente se suman nuevas variables que deben ser tomadas invariablemente en cuenta en los análisis.
De nada sirve investigar las causas de un accidente si la investigación es defectuosa, no es objetiva, no es imparcial y si de ella no se desprenden recomendaciones sólidas y de valor demostrable. En otras palabras: Si durante la pesquisa no se descubren científica y documentalmente verdades en relación al origen de la incidencia, sobre las cuales se sustenten recomendaciones de seguridad que podrían salvar vidas en el futuro, evitando que vuelvan a ocurrir, de nada sirvió el esfuerzo y lo que es peor, de nada vale el sacrificio de los afectados.
No solamente se trata de atender una incidencia, se deben descubrir las causas y el mensaje que conllevan y lo más importante: darlo a conocer a quienes están sujetos al mismo riesgo.
Los siniestros, además de causar muerte, heridas, daños materiales, pérdidas económicas y alteraciones a la regularidad de los servicios, llaman la atención hacia fallas en la seguridad, principio rector de cualquier actividad de transporte. Verdades que saltan a la vista o que se esconden en un mar de complejidades técnicas, factores humanos, fallas mecánicas, cuestiones medioambientales, naturaleza de lo que o quien se transporta, temas de capacitación, conflictos de intereses, burocracia, politiquería, corrupción y negligencia.
Escuchar, entender, procesar, aprender y divulgar el mensaje de un evento es responsabilidad de las autoridades nacionales encargadas de la investigación de incidentes y accidentes en los medios de transporte, a las que sin duda se les presentan enormes desafíos tecnológicos, logísticos y financieros para atenderlos.
Las autoridades nacionales de investigación de accidentes aéreos en México muchas veces simple y sencillamente carecen de los elementos necesarios para descubrir las verdades de los eventos que deben atender, comenzando por la independencia que cualquier investigación objetiva requiere y en oportunidades, terminan dependiendo del apoyo, casi total inclusive, de instancias privadas y públicas del extranjero, algo que puede restarle capacidad de control y decisión a la dependencia mexicana. Por ende, frecuentemente, las lecciones que esas verdades esconden no pueden ser dadas a conocer para ser aprendidas, sentenciando al resto de los vehículos a la posibilidad de sufrir un accidente por las mismas causas y los ocupantes u otros afectados a pagar hasta con la vida por ellas.
Quizás valdría la pena pensar en la posibilidad de adoptar el modelo de una agencia investigadora y dictaminadora que atienda incidencias en todos los medios de transporte, al estilo de la Junta Nacional de Transporte norteamericana, conocida en nuestro medio por sus siglas NTSB, en lugar de hacer la labor en seno de autoridades o entidades de cada uno de ellos, tal y como sucede actualmente en México.
Insisto, por lo menos en materia aeronáutica, se le debe quitar esta responsabilidad a la autoridad y ponerla en manos de un tercero público o privado nacional, en condiciones legales, administrativas, políticas y técnicas de descubrir realmente y a tiempo, las causas de los accidentes, para darlas a conocer acompañadas que de las correspondientes recomendaciones de seguridad que contribuyan a evitar su recurrencia.
Sin duda, hay mucho en juego.
“Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y pueden o no reflejar el criterio de A21”
