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Home Opinión

El sector espacial nacional en el segundo piso de la 4T

Fermín Romero by Fermín Romero
29 enero, 2025
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El sector espacial nacional en el segundo piso de la 4T

El 2025 inicia con visos de renovación para el sector espacial en México. El pasado 24 de enero se publicaron -en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- los reglamentos internos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en complemento a las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dieron cuenta de la reubicación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), bajo la estructura de la ATDT. Previamente, el 23 de enero (según consta en el acuse recibo que circula en redes sociales), el Dr. Salvador Landeros Ayala, presentó su renuncia a la Dra. Claudia Sheinbaum, con copia al Mtro. José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT; notificando las razones de su decisión para declinar su segundo periodo al frente de dirección general de la AEM. Como lo adelanté el pasado 22 de noviembre (véase “La AEM en la estructura orgánica de la administración Sheinbaum”), el “cambio de administración trae consigo modificaciones que buscan imprimir un estilo propio en el gobierno de la primera presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Es un hecho que para hacer historia deberá buscar que esos cambios consoliden un gobierno eficiente y efectivo que le permita hacer frente a los grandes retos nacionales heredados por administraciones previas”.

En ese sentido, el reglamento interno de la Secihti  la faculta (Articulo 10, fracciones I a IV) para formular políticas, estrategias y programas de apoyo para promover y fortalecer la investigación científica, así como el fomento a la formación y consolidación de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación; colaborar en la formulación y coordinación de la política nacional de investigación científica, así como aquélla orientada a desarrollar proyectos en áreas estratégicas y prioritarias para el país en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Proponer líneas de acción en torno a los asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país y temas de interés público nacional; así como coadyuvar con otras dependencias de la Administración Pública Federal y demás instancias participantes del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en la articulación necesaria para ejercer la rectoría que compete a la Secretaría. El artículo 11 fracciones I y II, le atribuyen funciones para coordinar el diseño de estrategias para garantizar los beneficios de la ciencia aplicada y el desarrollo, transferencia e innovación de base científica y tecnológica; además de colaborar, con las autoridades educativas e instituciones de educación superior, en el diseño y aplicación de programas en materia de desarrollo tecnológico e innovación.

Por su parte, el reglamento interno de la ATDT, le confiere amplias competencias en diversas áreas (ciberseguridad, infraestructura, política de telecomunicaciones y capacidad satelital) a través de la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital (Artículo 3, Inciso A. fracciones 1 a 4), el Artículo 6, incisos IX, X y XI, le otorga facultades regulatorias, particularmente para expedir normas para conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal, incluidas las relativas a la instalación o ampliación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte del Estado; definir la capacidad satelital que se requiera de las personas concesionarias de recursos orbitales y de las autorizadas para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros para prestar servicios en el territorio nacional, como reserva del Estado para redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás necesidades del gobierno; así como dirigir el uso eficiente de la capacidad satelital propia (Sistema MEXSAT), ya sea concesionada o adquirida, o aquella establecida como reserva del Estado.

Cabe destacar que tradicionalmente el Estado mexicano, invariablemente, ha apostado su política en temas espaciales a las telecomunicaciones, desde la adquisición de los servicios de transmisión internacional para los juegos olímpicos de 1968, el mundial de futbol México 70, los sistemas satelitales Morelos, Solidaridad, Satmex y MEXSAT. Es momento de ampliar el espectro, generar más capacidades espaciales nacionales y abrir el abanico a las posibilidades: desarrollo de satélites de observación de la Tierra (EO), navegación y comunicaciones, e infraestructura para puertos y vehículos espaciales (cohetería), así como estaciones terrenas, que permitan al gobierno generar sus propias imágenes satelitales, en lugar de comprarlas para dependencias y entidades usuarias gubernamentales, así como venderlas al sector privado. El momento es más que propicio para el diseño de un programa espacial robusto proyectado a largo plazo, que además incluya aspectos de seguridad nacional y defensa.

En este nuevo escenario, sin duda, la labor más relevante será -en principio- la articulación del sector espacial a nivel gubernamental, así como en general con la cuádruple hélice. La renovación de la AEM, trae consigo un necesario programa sectorial en materia espacial en el marco del PND 2024-2030, con recursos etiquetados en el PEF, que a su vez implica el diseño de una política espacial definida (también he insistido reiteradamente en esta cuestión en varias colaboraciones previas) que dé rumbo, orientación y visión al sector espacial nacional. El país requiere un Programa Espacial Mexicano ambicioso y con visión de largo plazo (que incluirá el satélite y la primera misión latinoamericanos, entre otros programas y proyectos) y un sistema nacional de innovación espacial, que posicionen al país como una potencia espacial emergente en las siguientes décadas. Parte fundamental de esta nueva arquitectura del sector es la Reforma constitucional en materia espacial (actualmente congelada en la Cámara de Senadores) y la necesaria ley secundaria (Ley Nacional de Desarrollo Espacial).

En este contexto, la articulación de la actividad espacial (transversal en diversas áreas de la administración pública federal), requiere que el Programa Espacial Mexicano establezca una eficiente coordinación interinstitucional en la que la cabeza de sector (ATDT) confiera dirección a las diferentes instituciones gubernamentales con competencia en las múltiples áreas de la actividad espacial. De esta forma la ATDT -cuyas facultades están centradas en la capacidad satelital y telecomunicaciones- y la renovada AEM (en caso de que se mantenga esta entidad o se cree una nueva, lo cual requeriría reformar la Ley de creación a la AEM; situación que nos confronta ante la lección no aprendida en 1977, con la extinción de la Comisión Nacional del Espacio Exterior-CONEE, creada en 1962), deberán liderar, a partir de las fortalezas y áreas de oportunidad de la AEM, los programas y proyectos necesario en las siguientes instituciones de la administración pública federal. Es importante considerar que en varios países las agencias o entidades espaciales dependen directamente la presidencia, por la importancia estratégica que otorgan a la agenda espacial para el desarrollo nacional.

En primer lugar, la ATDT (política satelital y de telecomunicaciones) debe coordinarse con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), a cargo de la Dra. Rosaura Ruiz, cuya parte del sector espacial incluye la investigación científica, promoción de la ciencia y apoyo a la comunidad científica, seguramente se enfocará en el desarrollo del talento espacial, aunque también debe impulsar la creación de un sistema nacional de innovación espacial.

En segundo lugar, la Secretaría de Economía, que lidera Marcelo Ebrard, quien afortunadamente entiende y promueve la importancia de este sector estratégico para el desarrollo nacional y que además tiene en su equipo al antropólogo Gustavo Cabrera, ex representante de México ante la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), y cuya labor estará concentrada en la promoción industrial en estrecha colaboración con el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, en tercer lugar, que coordina Altagracia Gómez Sierra, el cual se prevé promoverá las industrias y clústeres relacionados con el propósito de integrar un ecosistema nacional aeroespacial, entre los múltiples proyectos que le han sido asignados. Una tarea nada fácil, por la cuestión de los recursos económicos (como lo analicé en mi colaboración “2025, punto de inflexión para el sector espacial” publicada el pasado 3 de enero), pero que puede ser aleccionadora para el gobierno federal en la optimización de recursos y la coordinación interinstitucional eficaz y eficiente.

En un segundo plano -no menos importante-, se encuentra la necesaria participación de las áreas de seguridad nacional dentro de la arquitectura del sector espacial nacional, en el que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) deben jugar un papel importante en el fortalecimiento del sector, particularmente a través de programas y proyectos vinculados al desarrollo de satélites, plataformas de lanzamiento, cohetes y estaciones terrenas. Si bien, tradicionalmente no existe una amplia colaboración entre estas instancias, su competencia en la preservación de la soberanía, la seguridad y el territorio nacionales en el sector espacial, abre la oportunidad para una colaboración práctica, eficiente y relevante.

Aunque la naturaleza original de la AEM es civil, la renovación en ciernes es el momento perfecto para incluir el componente de defensa en el sector espacial nacional, más allá del destacado papel que juega la Fuerza Aérea Mexicana promoviendo al sector espacial y a la AEM a través del Pabellón Espacial en la Feria Aeroespacial México-FAMEX. De igual forma, la colaboración de la Cancillería (Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos), a cargo del Dr. Juan Ramón de la Fuente, será crucial en la colaboración y cooperación internacional a través de la ALCE, entre otros mecanismos y foros como la CELAC, UIT, COPUOS, CITEL, etc., así como con el resto de las agencias espaciales gubernamentales del orbe.

En un plano más amplio, la articulación del sector debe extenderse a la cuádruple hélice (gobierno, academia, industria y sociedad civil organizada), la gran labor de la academia desplegando misiones espaciales, ciencia y tecnología espacial, ha sido fundamental en el desarrollo de capacidades nacionales para transformar proyectos de investigación en productos comerciales; los centros de investigación, universidades e instituciones de enseñanza superior están formando capital humano especializado de primer nivel. La industria, con el marco regulatorio adecuado (Ley Nacional de Desarrollo Espacial) debe promover el incremento de la inversión nacional y extranjera, con miras al fomento del ecosistema espacial mediante el fomento y apoyo gubernamental, además de generar los financiamientos necesarios para promover startups y la migración de otras industrias al sector espacial. Por su parte, la sociedad civil organizada además de sumar sus conocimientos y experiencia, debe contribuir a la divulgación efectiva de la ciencia espacial y con ello promover la apropiación del tema espacial por parte de la sociedad en general, de manera que la población comprenda la importancia de revitalizar este sector, cuyos beneficios sociales son ampliamente reconocidos en todo el mundo.

En esta renovación, fortalecimiento y articulación del sector es importante tomar en cuenta a la comunidad científica y académica que jugó un papel importante en el proceso de establecimiento de la AEM, así como en el desarrollo de importantes proyectos (Cabo Tuna, SATEX, UNAMSAT, las series NanoConnect, Painani, AztechSat, D2/Atlacom-1, Colmena, por mencionar solo algunos), generando capacidades nacionales en materia espacial, la opinión de los expertos o especialistas es de vital importancia en el rediseño de la arquitectura del sector espacial nacional -así como del plan sectorial del PND 2024-2030- y en la formulación del Programa Espacial Mexicano, la Política Espacial de México, la Agenda estratégica del sector espacial y el Sistema nacional de innovación espacial. El gobierno federal debe convocar y organizar mesas de trabajo permanentes y/o foros de consulta, para recabar los diferentes puntos de vista e intereses de la academia, usuarios de servicios satelitales e industrias relacionadas con el sector espacial.

El momento de las definiciones para el sector espacial -en el segundo piso de la cuarta transformación- es ahora, independientemente de quien sea designado el/la nueva/o titular de la AEM (si es que la Junta de Gobierno aún toma decisiones), o bien de la entidad que se decida crear, para dar forma al programa espacial de la actual administración. Al margen de las especulaciones, polémica y descontento generado por la presunta desaparición de la AEM (provocado por la falta de una versión oficial y poca transparencia), y del poco interés mostrado para el sector -hasta ahora-, por parte del titular de la ATDT; estoy seguro de que la primera presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, no se perderá la oportunidad de pasar a la historia como la estadista que entendió e impulso este estratégico sector para el desarrollo nacional. Sería un grave error histórico no darle el lugar que merece al sector espacial en México.

 

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

Tags: Sector espacial

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