Mucho se ha comentado la reciente decisión de la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de volver a restringir a ciertos espacios designados fuera del perímetro aeroportuario, el abordaje de servicios de transporte terrestre que no sean los autorizados por el propio aeropuerto, caso de los que ofrecen las llamadas “plataformas” que son un tema que fiel a su estilo, está siendo complicado aún más por el lopezobradorismo, luego de que la presidenta de la República propusiese proporcionar cobertura de servicios médicos a los trabajadores de las plataformas, misma que en una de esas, dada la mala calidad de casi toda labor regulatoria emanada del morenismo termina por perjudicarles en lugar de beneficiarles.
Lo cierto es que los usuarios del AICM siguen haciendo uso de “Ubers” en él, asunto que abordé en una columna publicada por el portal de noticias T21, el pasado 18 de septiembre, en la que comenté algo que considero debo volver a expresar en esta entrega en particular: El AICM no debió jamás haber tolerado la operación de esas aplicaciones en su interior para efectos de recoger usuarios, simple y sencillamente porque hacerlo es violar la ley.
¡Qué ingenuo columnista soy que hasta me la creo que a los integrantes del actual gobierno les importe algo violar la ley! En fin…
El “Benito Juárez”, como todo aeropuerto que se precie de cumplir con la normatividad nacional e internacional, incluyendo las disposiciones del Anexo 9 “Facilitación” al Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, debió asegurarse que se garantice la provisión de los servicios de transporte terrestre desde y hacia la terminal aérea en las mejores condiciones de seguridad, eficiencia, sostenibilidad, sustentabilidad, calidad y economía posibles, celebrando contratos y haciendo esfuerzos de coordinación no solamente para que se cuenten siempre en tiempo y forma con las unidades requeridas por la demanda, sino para que las tarifas resulten competitivas en relación a otras opciones de transporte disponibles para el usuario, obligación que evidentemente no se ha cumplido.
En una nota publicada en el periódico “El Universal”, firmada el 4 de octubre por Sara Cantera, se indica que el tema de los seguros de los autos en los que son prestados los servicios “encienden batalla entre plataformas y taxistas (los del aeropuerto)”, dándome motivos para ampliar la exposición de mis puntos de vista sobre el asunto, sólo que ahora desde la privilegiada plataforma de A21.
Para nadie es un secreto que los taxis del AICM son unas verdaderas mafias y que las razones por la cual los pasajeros, visitantes y prestadores de servicios de la terminal tienden a preferir “un Uber” sobre un taxi autorizado son dos: 1) Disponibilidad de unidades y 2) Tarifa. Quizás hubiese sido todo un “hitazo” para el administrador aeroportuario castrense, dependiente de la Secretaría de Marina, encontrar la manera legal de que las organizaciones autorizadas dispongan siempre de la capacidad que la demanda requiere y que la misma se ofrezca a los precios más bajos posibles, y claro está, con la mejor calidad, tomando en cuenta que las características de la operación de esos vehículos suponen costos mucho mayores, simple y sencillamente por tener que regresar al aeropuerto las más de las veces vacíos, por los montos de las contraprestaciones asociadas a los contratos de acceso a zona federal, al cumplimiento de los requisitos que ello implica, por la muy posible corrupción en la gestión de los mismos tanto al interior de las organizaciones de transportistas como en la administración de la infraestructura aeroportuaria, y tal y como la nota de Sara Cantera refiere, por el tema de los seguros automotrices.
A nadie debe sorprender entonces la molestia de los usuarios ante las nuevas medidas de restringir a las aplicaciones en el AICM. Lo que quizás llame la atención es que, en mi opinión y aplicando el dicho de que “a veces lo barato a veces sale caro”, el aeropuerto en una de estas le está haciendo un favor al usuario al complicarle el abordaje a los “Ubers”, mientras no se encuentre la manera de que esas plataformas puedan operar en su perímetro de manera legal, especialmente garantizando algo tan básico como es su seguridad. Y es que tengo información confiable que, aun cuando Uber México afirma que todos los viajes en ella están cubiertos, que los servicios de este tipo no siempre son prestados con los blindajes mínimos de seguros que el usuario de cualquier aeropuerto, no solamente el AICM, sino inclusive de cualquier lugar de la geografía mexicana merece.
Ha llegado el momento de pensar en el usuario y ofrecerle en tiempo y forma los servicios requiere dentro de la legalidad, misma que incluye el derecho, en este caso del aeropuerto, de percibir una contraprestación por parte de los proveedores, exigiéndoles además el cumplimiento de aquellos parámetros y condiciones que su sistema de calidad establezca entre los cuales debe tener prioridad la seguridad, algo que me da la impresión requiere un compromiso con la ley y oficio como negociador por parte del administrador aeroportuario, mismo que por el momento no percibo.
A tener cuidado entonces al abordar un taxi de aplicación; no vaya a ser que, “toco madera”, ocurra un percance en el viaje y los involucrados terminen desamparados y por ende desprotegidos.
Tema polémico sin duda, pero hay que abordarlo con urgencia, pero también con responsabilidad y objetividad.
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