Cuando yo tenía como 12 años, dos turistas colombianos llegaron por la noche a hospedarse en uno de los cuartos de renta que administraban mis papás. Al día siguiente, la pareja se esfumó dejando sus pertenencias y, al mismo tiempo, en el pueblo abundó un nuevo y asombroso mitote: los marinos habían encontrado un gran jet abandonado en una playa cercana.
El tipo y modelo de avión variaba de acuerdo con el mitotero en turno, algunos decían que era un Boeing 727, otros más conservadores (y probablemente más acertados) aseguraban que era un jet privado de gran envergadura. No obstante, los periódicos confirmaron que la aeronave aterrizó en medio de la oscuridad de la noche en un camino de terracería que llevaba hacia las dunas y el mar, al finalizar su carrera de desaceleración, cuando intentó dar un viraje de 180 grados sobre la improvisada pista, su tren de aterrizaje de nariz se clavó y se atascó en la arena, sufriendo daños que le impidieron continuar, pero sí pudieron descargar la droga. Además, semanas posteriores al incidente, un controlador aéreo que al parecer estuvo en turno cuando aconteció el aterrizaje fue asesinado.
Más de tres décadas después, eventos de “narcojets” son menos comunes que antes en los estados norteños (en donde aconteció mi anécdota), debido al aumento de monitoreo del espacio aéreo por el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), apoyado por información de Estados Unidos. En cambio, esto provocó que los narcovuelos de jets se incrementaran significativamente en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, donde la cobertura del SIVA es menor, por lo que la situación en el país está lejos de ser controlada.
Un ejemplo notable de lo anterior es Quintana Roo, donde tan sólo en los años 2019 y 2020 se recuperaron 13 aeronaves que habían sido abandonadas por el narco: cinco de las cuales eran King Air, cuatro jets Hawker, un jet Gulfstream, un jet British Aerospace 125 y dos avionetas Cessna, algunos de los casos involucraron aterrizajes en carreteras, caminos y brechas. De hecho, la actual administración federal reportaba que en sus dos primeros años de gobierno habría interceptado hasta 69 aeronaves, la gran mayoría en el sur de México, pero hay reportes que en el 2021 habrían ingresado al territorio 348 vuelos ilícitos.
Estos vuelos ilegales han perdurado durante tanto tiempo y con tal cantidad, en parte, gracias a la escasez de recursos destinados a su combate, algo que deriva en la obsolescencia de equipo y en la reducida cantidad de personal, afectando la capacidad de cobertura aérea, de reacción e intervención. Sin embargo, la proliferación de la corrupción (normal y sistémica) es indiscutiblemente el principal factor que ha promovido esta irregularidad, así como tantas más en nuestra nación.
Ante dicha problemática, se decretó la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la cual otorga apoyo y legitimidad al SIVA mediante la coordinación y supervisión del sistema por las secretarías de Defensa y Marina, también creando un consejo de altos mandos militares y gubernamentales. Esto va de acuerdo con lo planteado en el Plan de Desarrollo Nacional, en donde se busca recuperar el estado de derecho y combatir a la corrupción a través de una Estrategia Nacional de Seguridad Pública que menciona, entre más aspectos, una reorientación de las Fuerzas Armadas, procurando también generar un incremento de confianza de la población hacia éstas, enfatizando su papel en la sociedad.
La nueva y jurídicamente redundante ley, al igual que otras del ámbito aeronáutico y de varias más que involucran a las Fuerzas Armadas, fueron aprobadas por el Congreso a última hora y sin análisis (un método conocido como “fast track”) en abril, justo sobre la fecha límite plasmada para cambiar las normas necesarias para recuperar la Categoría 1 ante la autoridad de aviación estadounidense (FAA). Derivado de lo anterior, hace un par de semanas los legisladores de la oposición ingresaron ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad de las mencionadas leyes, argumentando que transfieren poderes que deben de permanecer en el ámbito civil y no involucrar al ejército y a la armada mexicanos.
Dicho recurso que tacha de inconstitucionales las modificaciones, podría obstaculizar el crecimiento de la aviación mexicana. Antes que nada, se debe notar que si la intención de los legisladores es protestar la votación fast track (una recurrente e irresponsable vía rápida utilizada desde hace sexenios por todo partido político en el poder), lo pudieron haber hecho antes, o después, sin afectar a la aviación y sin arriesgar su necesaria recategorización, ya que esta última es una situación crítica de considerables repercusiones, circunstancia que no les desanimó de presentar el litigio.
Igualmente, el supuesto peligro que el involucramiento de las Fuerzas Armadas representaría para la vigilancia del espacio aéreo tampoco es enteramente racional, porque éstas no suplirán la totalidad de funciones civiles del programa, sino que las coordinarán y supervisarán. Mas si identificamos que los vuelos ilegales en nuestro territorio continúan al alza, haciendo evidente que el SIVA necesita de ajustes, apoyo y financiamiento, dado que el sistema actual, aunque no es totalmente deficiente, es definitivamente insuficiente.
En conclusión, el elevado tráfico de narcojets que ingresan al país es un componente más de la avalancha de delincuencia que nos azota desde hace docenas de años, gracias a antiguos sistemas permisivos y a políticas que tras el paso del tiempo han resultado ser incapaces. Por lo tanto, es importante buscar soluciones para disuadir el ilícito vuelo de estos aviones, como la Ley de Protección del Espacio Aéreo, procurando obstaculizar así a sus aterrizajes y no a las propuestas ideadas para intentar recuperar el estado de derecho -y la recategorización- de nuestros cielos.
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