Uno de los problemas que se presentan en la aplicación de la normatividad aérea en México, tiene que ver con lo difícil que se torna la interpretación de las leyes y reglamentos, relacionados con la aviación, la armonización de los mismos y, consecuentemente la aplicabilidad. Las consecuencias son muchas y, algunas muy delicadas, afortunadamente pocas, graves, todo lo que tiene que ver con gobierno, leyes y reglamentos, no solo en el rubro aeronáutico sino en cualquiera donde intervenga el rigor de lo oficial las cosas se complican. Los niveles de tolerancia son diferentes a los que se tienen en temas que se puedan manejar de manera privada, esto no es privativo de México, sucede en cualquier país del mundo. No obstante en nuestro país las cosas se complican más o al menos así se ve, quizá por nuestra idiosincrasia, parecería que somos los mismos interpretadores de las leyes quienes queremos recorrer caminos poco claros, confusos y que alargan los tiempos de respuesta.
Dicen, por ahí que existe un divorcio entre las autoridades y los actores aeronáuticos, esto hay que tomarlo con reserva. Hay que reconocer que los objetivos de algún actor privado difieren o debieran diferir de los de la autoridad en la materia, mientras el objetivo principal de una línea aérea, un taller aeronáutico, un centro de adiestramiento es hacer negocio, claro que con la presencia de un fin social, pero, finalmente privilegiando el tema económico, el de la autoridad es o debe ser que se cumpla con principios de equidad y que todo se desarrolle en un marco de seguridad, entre otras exigencias. Estoy de acuerdo que deben de trabajar de manera conjunta industria aérea y autoridad pero debe haber un límite y este lo fijan las propias leyes que, si bien es cierto, tienen cierta flexibilidad en su aplicación, pero recae en este último la responsabilidad de cualquier circunstancia que se presentare.
Por supuesto que el apegarse a lo establecido toma más tiempo que el que tomaría sin este apego a normas y leyes, debe hacerse un análisis minucioso para ver que tan necesarias son las normas que se tienen vigentes. En aviación existen muchas normas, leyes y reglamentos, a simple vista y echando una mirada rápida pueden parecer excesivas, pero esto no lo debiera considerar la autoridad que las aplica porque no se tienen, ni el tiempo ni los recursos para definir su utilidad ni su repercusión en la seguridad operacional. Esto lo sostengo porque es evidente que en nuestro país, considerando nuestra idiosincrasia y forma de ser no se ha logrado superar diferencias importantes que han decantado en señalamientos hechos por organismos internacionales cuyos preceptos estamos obligados a seguir.
También en este caso, igual que en la investigación de accidentes e incidentes en aviación, me atrevo a sugerir que el Instituto Mexicano del Transporte podría encargarse del análisis de las leyes y reglamentos aplicables en la aviación. Desde este instituto podría convocarse a los especialistas en la materia a realizar reuniones con el fin último de lograr preceptos que sean útiles para nuestra aviación que tanto adolece de la antigüedad y poca o ninguna utilidad concreta, que más que agilizar ralentiza significativamente los muy variados procesos que tienen que ver con el buen desarrollo aeronáutico que urge tener en México. Bástenos ver los tiempos que toma la introducción de una aeronave, la obtención de una licencia o capacidad, la obtención de un certificado de operador o cualquier otro trámite que no debiera tomar tan amplios tiempos.
Considerando la importancia que tiene la aviación en cualquier país del mundo y sin olvidar que se trata de una actividad de muy alto riesgo es indispensable que el estado garantice, en primer lugar, la seguridad de las personas, los equipos y bienes, que facilite la aplicación de las leyes y reglamentos buscando que estos sean lógicos y útiles para los fines principales mencionados. El lograr esto nos permitirá que exista el principio de equidad, tan olvidado muchas veces, facilite a los privados las cosas para que haya quien quiera invertir en este negocio tan caro y con tantas variables que inciden de manera sustantiva en los costos de operación.
Cierro sosteniendo que cada actor debe hacer lo que le corresponde, la autoridad debe comportarse como tal, la industria debe, de igual forma comportarse y apegarse a lo que está publicado en los documentos aplicables pero convencidos de que existe un foro, (el IMT) donde pueden opinar y argumentar tal o cual necesidad para que su negocio sea redituable. La autoridad que aplica las leyes y reglamentos deberá, también, pensar que existe este foro mencionado donde se verá por la armonización y la congruencia del marco jurídico que debe existir en cualquier país. El IMT debería analizar, también el apego a los compromisos internacionales, Organización de Aviación Civil Internacional, que por cierto solo los supera en importancia nuestra Constitución Política. De esa manera no habrá sorpresas ni situaciones desagradables e inconvenientes, ni para la industria ni para el país.
