Uno de los hallazgos más importantes en la auditoría que realizó la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) en nuestro sistema de seguridad operacional, que incluye 3 de los 19 anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), fue la diferencia que existe entre las disposiciones de la OACI en materia de seguridad y el andamiaje regulatorio mexicano, que incluye desde la Ley de Aviación Civil Internacional, hasta los últimos reglamentos y circulares que norman la actuación de autoridades, operadores y trabajadores del sector.
Una vez concluida la auditoría de FAA y ante la inminente calificación de los hallazgos donde se determinará si México continúa perteneciendo a los países establecidos en la Categoría 1, es decir, que cumple razonablemente con todas las disposiciones de OACI, o bien, si se le incluye en la llamada “lista negra” de la Categoría 2, es decir, considerado como un país que no cumple suficientemente bien y debe trabajar para volver a ser incluido en la lista 1.
Las derivaciones de esta decisión son mucho más profundas de lo que parecen inicialmente. Implicaría que, después de la pandemia donde el tráfico aéreo mundial cayó más del 50%, las aerolíneas mexicanas no podrían tener nuevas rutas de las ya aprobadas y operadas, lo que limitaría nuestra recuperación y pasaría, como en el caso del 2010 cuando México cayó en Categoría 2, que las aerolíneas estadounidenses ampliarían aún más su participación en las rutas bilaterales, en detrimento de nuestra economía.
Uno de los puntos que llama la atención es lo relativo a la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos, la cual requiere con urgencia una buena reestructura ya que en el pasado carecía de los recursos mínimos para operar adecuadamente, pues en ocasiones no tenía ni siquiera dinero para los viáticos, ni equipo informático para trabajar.
Pero lo más importante es que hace hincapié en la necesidad de que esta comisión no tenga conflictos de interés, lo cual quiere decir que también debe tener independencia de la Agencia Federal de Aviación Civil, puesto que en caso de un accidente es muy posible que se investigue su actuación, sea como autoridad, sea como supervisor.
Otro punto fundamental y en donde hay algo de polémica que deberá ser aclarada, es en el papel de las autoridades como supervisores de las Operaciones Aeronáuticas en todos los órdenes en el país.
La necesidad de que el papel de la AFAC se fortalezca como autoridad en materia de seguridad y certeza de viabilidad de todos los operadores registrados es algo que debería ocupar el primer lugar, haya o no auditorías de la FAA.
Y, casi como corolario, es muy importante mencionar que una vez pasada la auditoría de la FAA la que viene es la auditoría periódica de la OACI que, ahora sí, verifica el cumplimiento y la capacidad de las autoridades para gestionar el transporte aéreo bajo los lineamientos de los 19 anexos del Convenio de Chicago. Es muy importante que estas auditorías guíen el mejoramiento de nuestra aviación.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables, resarcirle a los trabajadores su patrimonio y dejar de culparlos por el quebranto.
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