Como si fuera a propósito, la semana pasada, justo cuando estaban por cumplirse 10 años del último vuelo que operó Mexicana de Aviación, como un regalo del cielo al exdueño de Posadas, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito resolvió cancelar las órdenes de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga.
La decisión fue tomada por el magistrado Manuel Bárcenas, titular del Segundo Tribunal, se dio luego que la encargada del Tercer Tribunal de la Ciudad de México determinara que la orden relacionada a mantener vigente la aprehensión no daba cumplimiento a la ejecutoria, por lo que se debía dejar insubsistente.
Dichas órdenes de aprehensión, derivadas de la demanda sobre la Ley del Mercado de Valores por haber difundido información falsa al público inversionista, respecto al valor real de la compañía, así como de no notificar a la Bolsa Mexicana de Valores sobre la suspensión de operación de Mexicana de Aviación y Click, el 27 de agosto de 2010.
Irónicamente, sólo por haber omitido información relevante acerca de la situación real de la aerolínea a los inversionistas, ésta es la única demanda, entre otras 12, que siguió su curso frente al quebranto que sufrieron trabajadores, proveedores y usuarios.
El equipo jurídico que lleva la demanda contra el expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación anunció que, ante la resolución de los tribunales, interpondrá un recurso de inconformidad que debe ir a la única opción que les queda a los trabajadores de la empresa: la más alta autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El camino ha sido tan largo y accidentado que en realidad se necesita mucha entereza para continuar luchando por una causa que, aunque ha sido motivo de campañas políticas y de innumerables charlas de funcionarios y declaraciones, sólo le importa verdaderamente a los trabajadores que perdieron todo.
Lo que es tristísimo es que a pesar del tiempo transcurrido, ninguna autoridad haya podido hacer un esfuerzo por apoyar a las 8,650 familias que se quedaron sin ingresos y que incluso, hoy en día, ni siquiera se permita que continúen operando lo poco que les queda, como son los almacenes fiscalizados que se tienen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que, en realidad, no perjudican a nadie y en cambio, sí podría ayudar mucho permitir que continúen operando. Al menos, se daría una señal, aunque sea pequeña, de que hay un compromiso con los trabajadores que se estaría cumpliendo.
El otro negocio que constituye el único patrimonio que queda es el MRO, que también está en problemas porque la pandemia ha paralizado a la industria del transporte aéreo y aquí también sería una señal de compromiso el que se dejara toda la propiedad de la base de mantenimiento a los trabajadores y las instancias de gobierno cancelaran sus reclamaciones, así como otorgarles facilidades de crédito para que salgan adelante. Éstas serían señales claras en favor de los trabajadores. ¿Será posible? Ojalá.
Lo oí en 123.45: La SCJN debe hacer honor a su nombre. Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables, resarcirle a los trabajadores su patrimonio y dejar de culparlos por el quebranto.
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