“Usted debió ser abogado” me dijo un día un proveedor, letrado por cierto, luego de un fuerte debate que sostuvimos en torno a cierto tema, mismo que concluyó a mi favor.
La verdad es que la idea de estudiar derecho y de especializarme en derecho aeronáutico ha pasado por mi mente varias veces, en particular cuando tuve el privilegio de colaborar en la Dirección General de Aeronáutica Civil de México con la licenciada Rosa María Montero Montoya, considerada por muchos y no solamente por quien firma esta nota, una de las grandes especialistas legales de la aviación latinoamericana y a la que admiro tanto como admiro a su profesión.
Llegué al grado de cursar un diplomado en la especialidad y a pedir informes para inscribirme en una facultad de leyes. Pero no lo hice; de alguna manera el exceso de papeleo y complicaciones que rodea todo lo legal y ciertos vicios harto conocidos de la profesión han terminado siempre por desanimarme a ir más allá de los ejercicios que ya he hecho.
Pero llegó el “bicho” y con él las crisis sanitarias, económicas y legales que todos estamos soportando; y es que no hay persona, empresa u organismo que no haya sufrido algún tipo de impacto por esto del covid-19.
A algunos les ha ido peor que otros y han terminado en el crematorio, en el hospital, en la ruina financiera, alterados emocionalmente o sumidos en toda clase de conflictos, viéndose por ende forzados a buscar ayuda. Los abogados, entiendo, están ahí, entre otras cosas, para contribuir para que las personas e instituciones resuelvan sus conflictos en el marco de la ley.
Una quiebra es un gran conflicto en términos, legales, económicos y sociales y las de las aerolíneas en particular, tal y como suele suceder con todo lo aéreo están en el centro de atención de la opinión pública.
¡Aeroméxico en quiebra!
¿Qué mejor titular que este para vender una nota?
Y entonces comienza a regarse la tinta negra al tratar de explicar lo que sigue en el proceso.
Esta columna no va en ese sentido, simple y sencillamente porque no soy especialista en ello. Lo que intento recuperar es la importancia que tiene para Aeroméxico o para cualquier otra compañía en problemas, contar en estos momentos con abogados competentes para transitar y salir lo menos perjudicadas posible de las cortes en las que se lleven a cabo los procesos, por cierto seguramente abrumadas por tantos asuntos que atender.
El tema es que no creo que existan en el mercado suficientes abogados verdaderamente preparados para hacerse cargo de manera efectiva y simultánea de todos los concursos mercantiles, quiebras o liquidaciones de entidades que la pandemia está ocasionando en todo el mundo.
Claro que hay letrados en el mercado, tal como habían pilotos cuando las aerolíneas se estaban peleando por ellos; el problema es que muchos de los que hay disponibles no están calificados para encargarse de un proceso de Capítulo XI o similar, por ejemplo en una corte estadounidense, como no habían muchos capitanes idóneos para Airbus A320.
De la misma manera en que Aeroméxico no podía poner en el asiento izquierdo de una de sus aeronaves a cualquiera, tampoco puede darle poderes para representarle en los tribunales al primer despacho jurídico que se encuentre en Nueva York. Por ende, tal y como las aerolíneas comenzaron a pagar altos sueldos a aviadores de todo el mundo, ahora sí que “los ganones” van a ser los abogados que contraten para atender sus asuntos, tal y como habremos de hacerlo todos los afectados por el coronavirus, desde esas sucesiones testamentarias que los lamentables fallecimientos están obligando a llevar a cabo, hasta la renegociación de toda clase de deudas.
No cabe duda, debí ser abogado.
