Derivado de una “consulta ciudadana” plagada de irregularidades; caracterizada por su falta de representatividad; distinguible por ser tendenciosa, mal organizada y administrada; señalada por ser manipulada y fundamentada en datos y apreciaciones incorrectas y potencialmente falsas; y empleada como un estandarte de legitimización de manera poco oportuna, imprudente y soberbia, quedamos ante un fenómeno político-mediático que, de manera conservadora, no puede ser tachado más que de irresponsable y potencialmente dañino para el Estado mexicano y su porvenir.
Independientemente de un discurso caracterizado por ser irreflexivo, obtuso, miope y testarudo, difícilmente podríamos decir que los sectores aeronáutico, de Defensa y de Seguridad Nacional en el país no se lo esperaban. Y es que reconociendo a los actores partícipes de este proceso así como su discurso y comportamiento, carentes de una identificación real y oportuna de la magnitud tanto del ahora extinto proyecto Texcoco como de la sentenciada Base Aérea Militar (BAM) No. 1 de Santa Lucía, el desenlace era predecible, esperable y hasta evidente.
Indudablemente, de aquí al 1 de diciembre –y en los setenta meses de la administración 2018-2024– pueden pasar muchas cosas, e incontables actores siguen en su abstracto anhelo de una solución airosa a esta crisis doméstica. Sin intención de romper este loable deseo, sugiero al lector reflexivo un momento de prudencia, de objetividad y de restricta sobriedad, al reconocer que la lógica convencional no funciona en este caso y que el futuro será determinado por la sincronía de dos realidades paralelas que no necesariamente se intersectan: la lógica política de un puñado de hombres y mujeres que en breve asumirán la titularidad del Ejecutivo Federal; y la lógica económica, financiera, aeronáutica y de Desarrollo Estratégico nacional e internacional.
¿Visión cortoplacista?
La primera sin dudas se ajustará a sus conveniencias coyunturales, la segunda no. Lo más probable es que ésta continúe su gestión, dejando a México de lado. La evidencia de ello se ha visto palpable en estos días: migración de capitales; caída en la Bolsa de Valores; depreciación del peso; manifestaciones del sector empresarial; perdida de valuación internacional para la inversión, etcétera. Todos, sin excepción, eran efectos pronosticables. Sin embargo, en el plano estratégico –es decir en el largo plazo, de carácter integral y con implicaciones a todos los niveles de interacción económica, política, social, militar y diplomática de nuestro país– sus consecuencias, si son adecuada y prudentemente manejadas, podrían ser subsanadas en el mediano plazo.
No obstante, la decisión unilateral de cancelar en el peor momento posible el Nuevo Aeropuerto en Texcoco y, de paso, eliminar la BAM 1 de Santa Lucía –como hemos abordado en esta columna en semanas anteriores–, pone al país en un serio dilema tripartito: por un lado, la desconfianza que se transmite a los inversionistas nacionales e internacionales, quienes reconocen que sus gestiones y proyectos no se encuentran asegurados en México; por otro lado, queda de manifiesto que la administración entrante carece de una visión estratégica de Estado en materia aeronáutica y de Desarrollo Nacional Integral; y en tercer lugar, se evidencia que el nuevo Gobierno no tiene fundamentos claros, ni concepción, ni proyección del Poder Aéreo Nacional, el cual no sólo garantiza la soberanía e integridad del espacio aéreo mexicano, sino que también es el garante de las inversiones y desarrollos en el presente y futuro de la industria aérea y aeroespacial en México, y en su interacción con el resto de la comunidad internacional.
Prudente aquí sería retomar la definición de Poder Aéreo contenida en el Glosario de Términos Unificados de Seguridad Nacional elaborado de manera conjunta por el Colegio de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), que indica que por este término debe entenderse la “[c]apacidad bélica del Estado, expresada principalmente por los recursos de la Fuerza Aérea Mexicana [FAM], para establecer el dominio en el espacio aéreo nacional y el control en el espacio aéreo de interés derivado de los Objetivos Militares”.
¿Criterio estratégico?
Sin duda esta definición podría ser sujeto de una amplia discusión, pero llamo la atención del lector a la segunda parte donde habla sobre el establecimiento del DOMINIO y el CONTROL del espacio aéreo nacional para dar cumplimiento a los objetivos militares, siendo el primordial la preservación de la soberanía, el mantenimiento del Estado de Derecho y la protección y salvaguarda al territorio nacional, sus habitantes, su patrimonio y sus instalaciones estratégicas. Esto quiere decir que el desmantelar de esta manera la BAM No. 1 de Santa Lucía, la más importante y relevante del país y sede de la capacidad de atención, protección y reacción al Valle de México y sus baluartes, deja un vacío esencial en el Poder Aéreo Nacional.
Ya han surgido voces señalando que esta instalación militar podría reubicarse en Querétaro, Toluca, Morelos o, inclusive, que coexistirá con el aeropuerto civil. Pero estas opciones no solucionan el problema de fondo, ni alteran la percepción internacional de la futura administración. Por el contrario, confirman que la tendencia es tomar decisiones sin datos fundamentados, motivados por el arrebato y sin considerar los fundamentos aéreos profesionales derivados de la Administración Pública, la Defensa y la Seguridad Nacional.
Cabe señalar que nadie pone en entredicho el valor de la democracia o la importancia de hacer partícipe a la sociedad en la vida del Estado, ni mucho menos el concentrar las decisiones estratégicas en una élite oligárquica. Lo que es cuestionable es tomar decisiones anticipadas sin una visión integral, sin una perspectiva estratégica y sin la consideración de que la Seguridad Nacional es una precondición que debe mantenerse de forma permanente por su importancia para la gestión, el desarrollo y la proyección de las actividades ordinarias de una sociedad.
Es así como llegamos al pronóstico reservado en materia de estabilidad, protección y seguridad aérea en México, ya que el sector privado no tiene garantías ni certidumbres de gobernabilidad; la comunidad internacional ha perdido confianza y credibilidad en el porvenir mexicano, y los recursos de Defensa y Seguridad han quedado desprotegidos y relegados a un segundo plano, cuando debieran ser los primeros en garantizarse y consolidarse.
Así, el presente nos deja con la expectativa de un plan estratégico de Estado en materia aeronáutica, aeroespacial y de Desarrollo, reconociendo a las dos primeras como variables intervinientes del tercero, y ésta como la variable dependiente del futuro nacional.
