“Cuida todos los gastos: un pequeño agujero puede hundir un gran barco”
–Benjamin Franklin.
Aunque se diga lo contrario –y las pruebas están a la vista, incluso desde un principio de constitucionalidad–, somos muchos los millones de ciudadanos que estamos perfectamente conscientes de que la pasada consulta popular para decidir la suerte del Nuevo Aeropuerto ha sido un proceso fuera de ley, votado sólo por el 1% del padrón y, en lo que a mí toca, un engaño desde el principio porque el presidente electo desde su campaña se inclinó por la cancelación del proyecto Texcoco, la obra de infraestructura más grande e importante del país que, una vez terminada, sería el aeropuerto más moderno del mundo (según el arquitecto británico Norman Foster), con todas las ventajas económicas y sociales que implicaría para México.
Por otra parte, me llama mucho la atención el hecho de que el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, se comporte tan tímidamente cuando, en uso de sus facultades constitucionales, podría haber hecho algo para blindar la construcción del aeropuerto prometido y garantizar su terminación en todas sus diferentes etapas.
Como era de esperar, los mercados nacionales e internacionales ya respondieron a la cancelación de este proyecto, reacciones que quitarían el sueño a cualquier Gobierno del mundo no solo por lo que se ve en este momento sino por lo que se ve venir a mediano y largo plazos.
El peso se devalúa, con las consecuencias que pronto sufriremos en razón de aumento de precios e inflación; las acciones de nuestras aerolíneas nacionales y las de los grupos aeroportuarios caen de manera importante; la propia bolsa de valores registra su mayor pérdida en años; algunas calificadoras internacionales ya han aumentado para México el riesgo país para las inversiones y títulos; la IATA dejó clara su preocupación por las decisiones que se han tomado sobre este tema; la OACI nos tiene puesto el ojo encima y ya sabemos lo que puede venir cuando esto sucede; las aerolíneas internacionales inician una revaluación de sus políticas de trabajo en México; los empresarios del país, que son los que invierten su dinero y crean empleos, se declararon abiertamente en contra de la cancelación del proyecto Texcoco.
Por su parte los inversionistas extranjeros y tenedores de títulos por muchos millones de dólares pierden la confianza en el rumbo de nuestro país, y en el mismo sentido se han declarado pilotos, controladores, ingenieros y un largo etcétera. A esto se suman las declaraciones del propio presidente electo donde afirmó que el Gobierno de Emmanuel Macron apoyó en la realización de estudios de viabilidad para el proyecto lopezobradorista, y que fueron desmentidas muy diplomáticamente por el embajador francés en nuestro país.
Tema aparte son los habitantes de las comunidades cercanas a la base militar de Santa Lucía, quienes se declaran definitivamente en contra de la construcción del aeropuerto. Y ya sabemos cómo se las gastan nuestros paisanos cuando les da por tomar los machetes para hacerse escuchar.
En todo caso, ¿se tendrán listos para Santa Lucía los estudios meteorológicos y de vientos predominantes; de longitud de pistas y separación entre ellas para operaciones simultáneas de acuerdo a lo establecido en el anexo 14 de OACI; de sistemas de aterrizaje por instrumentos con pendiente de planeo extendida y libre de obstáculos –que no interfieran con las operaciones simultáneas de ambos aeropuertos– para la implantación de aterrizajes CATII y CAT III (baja visibilidad); o las plantillas de procedimientos terminales (TERP) para operaciones simultáneas en tres aeropuertos que incluyan a Toluca, el cual por cierto nunca ha funcionado para aerolíneas comerciales por razones técnicas?
¿Se tendrán previstas políticas de administración del espacio aéreo y procedimientos de despegues, aterrizajes y aproximaciones fallidas, más una larga lista de requerimientos técnicos que empiezan por recordar que los aeropuertos se construyen de arriba hacia abajo, es decir, empezando por su espacio aéreo, para evitar los “embudos” operacionales y garantizar, antes que nada, la seguridad de los casi 50 millones de pasajeros que viajan desde y hacia la capital de México cada año?
Un estudio serio y completo para la construcción de un aeropuerto se puede llevar los tres años prometidos por el Sr. López para la puesta en operación de Santa Lucía, lo que al final sería otro “parche aéreo” que, puedo asegurar, nos va a traer muchos dolores de cabeza si es que se lleva a cabo. Y no hay que olvidar que el costo de la reubicación de una base aérea estratégica, su personal y las casi tres mil familias que ahí habitan será enorme, aunado a los recursos económicos requeridos también para seguir parchando el Benito Juárez y Toluca como se pretende. Todo con cargo a los ciudadanos.
El presidente electo todavía está a tiempo para corregir un grave error y evitar un daño económico y social gigantesco a México. Un país en desarrollo como el nuestro no puede darse el lujo de tirar al bote de la basura unos 150 mil millones de pesos –más lo que se acumule– que ya han sido invertidos en el aeropuerto de Texcoco, y de paso perder la confianza de muchos mexicanos, bancos, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros y calificadoras.
Este tipo de errores se pagan y ya lo hemos visto en el pasado. La economía reacciona siempre de acuerdo a las actitudes de quién está sentado o de quién se va a sentar en la silla grande, y hasta ahora las reacciones han sido muy poco favorables. Y eso que a AMLO todavía le falta un mes para ocupar la soberana pieza de mueblería.
Dos últimas preguntas: ¿qué se piensa hacer con todo lo construido en Texcoco y todos los miles de millones invertidos si queda cancelado definitivamente? ¿También irá a consulta popular?
