Finalmente se decantó la intención del próximo gobierno federal para cancelar el proyecto aeroportuario de Texcoco. Como hemos dicho aquí, todo gobierno tiene la prerrogativa de consultar a quien desee –tanto si quiere una opinión obsecuente como escuchar aquello que no le guste- pero la decisión que en este caso se tome será única y exclusivamente, responsabilidad de quien ostente el poder ejecutivo. Nada más y nada menos.
De esta decisión, por otro lado, se desprende lo que será una parte importante de la política de Estado en materia de aviación. La infraestructura aeroportuaria, su vocación, su ubicación, perfilan cómo se desarrollará el transporte aéreo en el futuro y el grado de apoyo que tendrán, en su caso, las aerolíneas nacionales. Además, permitirá crecer, o no, las conexiones, el volumen de vuelos, la cantidad de pasajeros. Permitirá aprovechar, o no, los convenios bilaterales, la flota aérea nacional, la capacidad de recibir turistas, de distribuir vuelos, de manejar carga y de decidir hacia dónde queremos que la aviación mexicana se dirija en las siguientes décadas.
Imposible soslayar el hecho de que ésta es la tercera vez que un personaje político cancela un aeropuerto en Texcoco. El primero fue Carlos Salinas de Gortari, como secretario de Programación y Presupuesto; el segundo Vicente Fox, entonces presidente de la República. Ahora lo hace López Obrador, presidente electo, quien dará formalidad a esa decisión a partir del primero de diciembre, cuando ya haya asumido al primera magistratura y con ella todas las responsabilidades de dicho puesto.
Más que enumerar los costos –altísimos- que tiene esta decisión, conviene pensar desde ya en una alternativa viable a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al parecer, las promesas de López Obrador van en dos sentidos: tener una alternativa aeroportuaria que contribuya a desahogar la saturación del AICM y respetar los contratos ya licitados, además de que quienes invirtieron dinero recuperen “hasta el último peso” (según refraseó el vocero).
Pues bien, para lograr ambas cosas se ve difícil que el incierto proyecto de Santa Lucía cumpla con esas expectativas. Al margen de lo mediático, lo real, lo que los técnicos saben y han dicho en todos los foros y de todas las formas posibles, es que esa opción, a lo mucho, podría agregar entre un 15 y un 20 por ciento de capacidad a la actual. Se supondría que Toluca añadiría aún más. Lo cierto es que los tres aeropuertos conviviendo en un espacio aéreo tan restringido es difícil que lograran ofrecer su mayor capacidad al actuar conjuntamente.
Desde luego que habrá que esperar a que un estudio serio analice la cuestión, pero por mucha buena voluntad e hipotética tecnología que se le integre a los estudios, el espacio aéreo no puede multiplicarse con una orografía y unos obstáculos como los de esta zona y un clima tan complejo y cada vez más incierto.
Sería importante que se vayan considerando todas las aristas de este problema. Si de verdad se quieren honrar los contratos y devolver a los inversionistas sus recursos completos, la capacidad de Lucía lo haría inviable. Eso sin contar con el costo de despejar el área de viviendas y otras infraestructuras ahí presentes. La mezcla de costos y la escasez de aforo haría impagables esas deudas. Se requiere volver a pensar en el asunto y saber honrar la palabra en todos los ámbitos.
¿Cómo hacerlo? Bueno, esa es de las cosas más difíciles del poder: saber conciliar lo necesario con lo posible y aceptar que no podemos crear realidades por decreto.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables, resarcirle a los trabajadores su patrimonio y dejar de culparlos por estos agravios.
E-mail: raviles0829@gmail.com; twitter: @charoaviles
