Hemos hablado –y seguiremos hablando por mucho tiempo, sin importar su resultado– de la consulta popular planeada para este mes sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto, y hemos sido testigos de cómo se ha manejado el tema por parte de la nueva clase gobernante y sus allegados, que lo ha llevado a un punto en el que la población del país se encuentra en una total confusión, creada con el aparente propósito de que al final sean los intereses de algunos los que sean satisfechos.
Foros, entrevistas, programas de radio y televisión, periódicos y redes sociales han sido aprovechados por todo tipo de “expertos” para torcer la información y decir verdades a medias –cuando no llanas mentiras– sobre las razones para suspender la construcción del aeropuerto en Texcoco, que ya lleva más de un 30% de avance global y una inversión de 160 mil millones de pesos en recursos comprometidos hasta agosto de 2018.
Como alternativa, el gobierno entrante propone iniciar la adaptación del actual aeropuerto Benito Juárez, y convertir Santa Lucía, el sitio más importante –por estratégico– que tiene la Fuerza Aérea Mexicana de nuestro país, en un aeropuerto civil que representa miles de millones de pesos más de inversión en su adaptación (que el Colegio de Ingenieros estimó en los 217 mil millones), además de los costos asociados a relocalización de la base militar.
Pero parece que también hay un plan “B” porque hace unos días se habló de la posibilidad de readaptar los aeropuertos Benito Juárez de la Ciudad de México, Cuernavaca y Querétaro para poder atender las más de 450 mil operaciones aéreas de todo tipo que se manejan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) cada año.
El asunto no terminó ahí y ya se tiene un plan “C”, pues los futuros funcionarios dicen que es necesario recuperar y readaptar el aeropuerto de Toluca con una inversión de 2 mil millones de pesos para ser operado simultáneamente con el de la capital, plan que, por cierto, ya se quiso implantar hace años y no dio resultado por varias razones, empezando con las de tipo técnico pues tienes un aeropuerto a casi 3 mil metros de elevación sobre el nivel del mar, ubicado en un área rodeada por elevaciones orográficas y mal tiempo todo el año (igual que en la ZMVM).
Aunado a ello, el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que ha sostenido pláticas con algunas aerolíneas que ven con buenos ojos esta nueva posibilidad, lo cual yo dudo mucho, dada la experiencia pasada de compañías nacionales e internacionales, que operaron durante muy poco tiempo en este aeropuerto.
Todo lo anterior se ha anunciado, sin tomar en cuenta a instancias como MITRE, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y los colegios de pilotos (CPAM), de ingenieros en aeronáutica y de controladores de tráfico aéreo, quienes han externado sus calificadas opiniones en favor de continuar la construcción en Texcoco. Y para colmo también la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha sido envuelta en este sucio menjurje, lo que por cierto ha traído aclaraciones directas al gobierno entrante por parte de la propia organización mundial.
Total, este asunto ya es de conocimiento de mucha gente –profesionistas, ejecutivos, inversionistas y gobiernos en diferentes lugares del mundo–, que no puede entender la maroma mental que hacemos los mexicanos para complicar y manosear este importante tema, que además de implicar la seguridad de millones de pasajeros cada año, tiene que ver con grandes beneficios sociales y económicos para el país y es, o debería ser, una cuestión de seguridad nacional, con todas sus implicaciones.
Es importante insistir en que debería ser el propio presidente electo quien, a partir del 2 de diciembre, debe tomar en sus manos la responsabilidad de la última decisión sobre este tema, y no dejar en manos de la ciudadanía y a través de una consulta popular un asunto tan importante en el que ya se han involucrado, otra vez, hasta los macheteros de Atenco.
