Ya en la recta final de esta administración, es seguro que las autoridades del sector aéreo empezarán a cerrar capítulos pendientes. Uno de los más importantes es la creación de las Agencias de Transporte Aéreo y de Investigación de Accidentes, las cuales fueron prometidas desde el inicio del actual sexenio.
Las agencias, al menos específicamente la de Transporte Aéreo, tenía ya un grado de avance tal que hace unos meses se hablaba de que sólo faltaba que los responsables de las finanzas públicas aprobaran eso que llaman “suficiencia presupuestal” (o sea, el dinero con el que funcionaría) y que no sería ni más ni menos lo que la actual Dirección de Aeronáutica Civil recibe como estipendio anual.
La otra agencia –al parecer- estaba un poco más atrasada porque se trataba de integrar una dependencia autónoma pero tomando los recursos humanos y materiales de las instancias que hoy existen y que se abocan a investigar y, en su caso, sancionar a quienes por infringir reglamentos o mostrar negligencia en la operación, causan accidentes en cualquier tipo de transporte. En todo caso, la estructura y concepto jurídico de esta dependencia no parece estar tan desarrollada como la otra, aunque sea igualmente urgente.
Entre los temas centrales también están algunas regulaciones que no han terminado de establecerse y –ojalá- pudiera también darse la transición para que el tema de la competencia en el sector aéreo se ubique en el entorno de la Secretaría del ramo, como sucede en otros países, pues se evitaría que quienes no tienen ni idea de la aviación, entorpezcan la buena marcha de la industria con sus ocurrencias.
De esta forma, sería posible establecer el sistema WSG (Worldwide Slot Guidelines) que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha desarrollado para el manejo de slots en los aeropuertos saturados y que está basado en las mejores prácticas de la industria sin necesidad de crear instancias ajenas y costosas.
Un tema que sin duda deberá dirimirse aún en este período de gobierno es el amparo que solicitó Aeroméxico para detener la entrada de Emirates desde Dubai al AICM vía Barcelona, usando la quinta libertad que le otorgó el gobierno mexicano. No sabemos si llegue a prosperar el amparo, pero de lograrse, se sentaría un precedente en los acuerdos bilaterales de aviación.
Otro pendiente es la liquidación de los trabajadores de Mexicana de Aviación. Sin duda es un problema candente, pero dejar zanjada esta cuestión sería una excelente manera de cerrar el sexenio y hacer justicia en alguna medida a los 6,500 trabajadores que quedaron sin empleo y a los jubilados que perdieron sus pensiones.
Como asuntos a tratar en la transición hacia el nuevo gobierno, está el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo a lo que se dijo en la campaña, se va a explorar la posibilidad de licitar su construcción a particulares, pero ello debería incluir la concesión del nuevo recinto y probablemente del actual. Este será uno de los temas complicados pero la solución tendría que estar ya dibujada antes de diciembre.
Lo del avión presidencial, el 787 Dreamliner es casi un hecho que será vendido, pero habría que determinar el destino de los 13 aviones y 11 helicópteros de diversos modelos y edades que componen la flota presidencial completa y que seguramente tienen bastante vida útil.
Después de la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, se espera que la transición entre ambas administraciones sea tersa; sin embargo, hay muchos otros temas en agenda a los que habrá que darle seguimiento puntual.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio. E-mail: raviles0829@gmail.com; twitter: @charoaviles
