No es novedad, ni tampoco inusual, que en todos los proyectos en los que el gobierno (y sus amigos) intervienen, siempre surgen muchas clases de decisiones extrañas que provocan constantes conflictos económicos, políticos y sociales.
Los proyectos de obras públicas son de diferentes tamaños, muchos sabores y difieren de costos. Pero, sin duda los que tienen que ver con remodelación, ampliación o la construcción de aeropuertos en nuestro país se encuentran entre los más apetecibles, tanto por las grandes empresas constructoras como por las diferentes instancias gubernamentales. Prueba de ello es el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), que ya está en construcción y, que, desde un principio, ha sido un proyecto que tiene que enfrentar todo tipo de interrogantes, empezando por las condiciones económicas, políticas y sociales, que están acompañadas por las que tienen que ver exclusivamente con las cuestiones de ingeniería. El proyecto de construcción que enfrenta retos muy importantes.
Han sido muchas las voces de expertos y profesionales que se han levantado para advertir sobre los graves problemas de ingeniería hidráulica y otros factores que podrían dar al traste con el mayor proyecto del sexenio. Desafortunadamente, no han sido escuchados. Habrá que esperar a tomar en cuenta sus puntos de vista, porque aparentemente ya no hay otro camino para saber hasta dónde esos expertos tienen la razón y, en todo caso, como casi siempre se suele proceder a ” tapar el pozo”.
Por otra parte, en los últimos días nos hemos enterado a través de los medios de otro capítulo sobre la disputa que ha surgido entre grupos de campesinos del ejido El Zapote y las autoridades de la Secretaria de Comunicaciones, del Grupo Aeroportuario del Pacífico y del aeropuerto Internacional de Guadalajara con respecto a las 307 hectáreas de tierras aledañas al aeropuerto que fueron expropiadas por el gobierno. Según sabemos, se les pagó a los dueños de las tierras 64 millones de pesos de acuerdo con un juez tercero de distrito en materia administrativa y de trabajo.
Consecuentemente, los ejidatarios exigen la friolera cifra de 2,600 millones de pesos, a razón de 170 pesos el metro cuadrado. Es ahí en donde ha surgido el problema. Vale la pena resaltar que, de acuerdo con el avalúo presentado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el precio comercial de la tierra en donde se ubica la terminal aérea de Guadalajara es de 19.95 pesos. ¿Alguien lo puede creer?
Ahora ya hay jueces, abogados, autoridades, grupos campesinos y entidades gubernamentales involucradas para tratar de solucionar este asunto que representa una danza de muchos millones de pesos.
Hace unos días, las autoridades gubernamentales declararon en los medios de comunicación que de no llegar a un arreglo con los ejidatarios sobre los pagos ya se ha pensado en un plan “B” para construir un aeropuerto internacional nuevo en tierras de Zapopan Jalisco…así de fácil.
En todo el mundo se construyen aeropuertos, pero los proyectos más importantes son planeados y proyectados hasta el más mínimo detalle en combinación con todo tipo de expertos para evitar cualquier clase de conflicto cuando la construcción ya está adelantada o terminada.
Desafortunadamente, en nuestro México se siguen llevando a cabo proyectos de infraestructura que se anuncian y se inician con bombo y platillo, pero que de inicio arrojan todo tipo de problemas que suelen soslayarse sin dejar a un lado la consabida corrupción galopante a todos los niveles. Lo que es peor, la impunidad es, sin duda, la principal razón de la enorme descomposición que vive nuestro país.
