Uno de los problemas más grandes que tiene la industria aérea nacional es la falta de congruencia entre las nuevas disposiciones que pretenden introducirse, ya sea por parte de la industria o de los diversos grupos de interés, y la estructura jurídica que apuntala al sector aéreo nacional.
La columna vertebral del sector aéreo se introdujo en nuestra Constitución como parte de un andamiaje que está a tono con el resto de nuestra Carta Magna; es decir, la propiedad de las vías generales de comunicación y su gestión pertenece a la Nación.
Las aerovías, el espacio aéreo y, por lo tanto, los aeropuertos, los slots y todo lo que se desplace por ellas, son responsabilidad del Estado mexicano. Puede concesionarse, pero la responsabilidad primaria y original corresponde al Estado y por extensión, como el gestor principal, al gobierno federal.
Desde que cambiamos de modelo económico, allá por las épocas de la presidencia de Miguel de la Madrid y sobre todo, de Carlos Salinas de Gortari, nuestra Constitución empezó a sufrir una serie de modificaciones que han alterado su estructura o, para decirlo de una forma gráfica, que introdujeron mutaciones importantes en su ADN.
De aquella propuesta de Nacionalismo Revolucionario, con una fuerte presencia del Estado, quisimos pasar por el “fast track” a un modelo neoliberal con algún tinte social, según se decía entonces, aunque no se ve por ningún lado este último aspecto.
Algunos de los factores que presionaron esta mutación fue la entrada a la Organización Mundial de Comercio (entonces GATT) y a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE o “Club de los países ricos”) pero sobre todo la firma del Tratado de Libre Comercio (NAFTA).
De un plumazo quisimos entrar en un ambiente “moderno” (whatever that means) y empezar a adoptar normalizaciones y prácticas que pertenecen a otros modelos económicos y políticos. De ahí nacieron las Comisiones de Competencia, la Reguladora de Energía, la Cofetel (hoy Ifetel), etc. Una serie de reglamentos y leyes que, en el fondo, están en abierta contradicción con el espíritu y la letra de muchos otros ordenamientos y preceptos constitucionales. De ahí la esquizofrenia.
La culpa no la tiene el indio sino el que lo hace compadre. Nos creímos que ya pertenecíamos a otro bloque económico y que bastaba modificar algunas leyes y reglamentos para entrar al nuevo club de ricos, ese famoso “paso difícil a la modernidad” que escribiera Salinas.
Ese paso ha sido difícil no sólo porque se pretendía insertar la nueva legislación en un corsé muy diferente (algo así como les pasó a las hermanastras de Cenicienta cuando quisieron ponerse el zapatito para ser elegidas como princesas). Desde luego que no cabemos, desde luego que estamos incómodos y desde luego que vivimos en la ambivalencia.
Esta es una de las razones por las cuales la Cofece no entiende que el tema de slots no es un asunto de crear una comisión. El dueño de los slots es el Estado mexicano, no el director del AICM. Lo mismo pasa con la resolución del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), ellos piensan en su lógica donde sí cabe no sólo esta cesión de slots por decreto de un agente ajeno, sino la extraterritorialidad con la que actúan.
Al final, tampoco la Cofece se animó a opinar sobre los slots en el JFK de Nueva York. No sabemos si porque entiende esta diferencia al modo mexicano o porque le dio miedo incomodar a los gringos. En todo caso, seguiremos viviendo estos episodios hasta que dejemos de vivir en la esquizofrenia. Algún día.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcir a los trabajadores su patrimonio.
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