El grupo parlamentario de Morena en Diputados y Senado, aprobó el viernes pasado una iniciativa con proyecto de decreto para redistribuir atribuciones en materia de protección del espacio aéreo mexicano.
El documento, que apenas fue leído y aprobado al vapor en el carrusel legislativo de la semana pasada, estipula que esta iniciativa se presenta “a fin de permitir al Estado mexicano disponer de mecanismos para atender, de manera eficaz, los riesgos emergentes de la seguridad del espacio aéreo nacional”.
Añade que se busca combatir al crimen organizado y contribuir a la consolidación de la paz y la observancia del Estado de derecho y el respeto a la soberanía nacional, así como a la vigilancia efectiva de los derechos humanos.
Todo ello para darle vigencia plena a la Ley para la protección del espacio aéreo, aprobada en marzo pasado y que, en resumen, crea instancias de coordinación para la vigilancia de éste, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Senado de la República explicó que la madrugada del sábado pasado, la Cámara alta (es decir, la fracción oficialista que sesionó en sede alterna) aprobó, con 65 votos a favor, este proyecto que establece que las Fuerzas Armadas podrán implementar acciones para garantizar que las operaciones aéreas en el territorio nacional no se realicen con fines ilícitos o atenten contra la seguridad nacional.
El dictamen reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, en materia de protección del espacio aéreo mexicano.
Se dispuso que la Sedena podrá participar con la SICT en las operaciones de búsqueda y salvamento aéreo, así como acordar, en coordinación con la misma dependencia, las zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo.
Además, se estableció las facultades de la Fuerza Aérea Mexicana en la defensa del espacio aéreo y se incorpora el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo como órgano dependiente de la Sedena.
La Secretaría de la Defensa tendrá la facultad de solicitar documentos que amparen certificados de aeronavegación y licencia establecidos en el estado de la matrícula; verificación de talleres, centros de capacitación y adiestramiento, y fábricas de aeronaves y componentes, así como emisión de medidas y normas de tráfico aéreo.
También se estableció la obligación para las autoridades que operen aeropuertos de informar a la Sedena de aterrizajes de aeronaves extranjeras de servicio privado no comercial que se realicen en aeropuertos internacionales mexicanos.
Este proyecto de decreto fue turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Justificaciones
En la exposición de motivos se explica que la inciativa busca establecer en la legislación aplicable, las facultades necesarias para que la Sedena coordine a las dependencias que participan en garantizar la seguridad del espacio aéreo en el territorio nacional e identificar y neutralizar el uso de aeronaves y terminales aeroportuarias que violen la normativa en materia de navegación aérea y prevenir amenazas para la seguridad nacional.
Ante la necesidad de brindar mayor seguridad en el espacio aéreo nacional, se amplían dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y la Ley de Aviación Civil (LAC), aquellas facultades que permitan a la Sedena coordinar las acciones para garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional.
En resumen, se trata de enmendar los vacíos que dejaba la ley anterior y ello, explica la exposición de motivos: “Con el fin de prevenir, inhibir y actuar ante la ocurrencia de actos ilícitos en contra de las operaciones aeronáuticas, que puedan afectar la seguridad nacional, en concurrencia con las autoridades civiles”.
De acuerdo al proyecto de decreto que, se espera, sea publicado en el Diario Oficial esta misma semana, se enumeran los cambios que para el cumplimiento de estos propósitos, se realizan en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Entre ellos, ajustes orgánicos, jerárquicos y técnicos de la Fuerza Aérea, con el fin de profesionalizar al personal adscrito, así como para garantizar el uso eficiente de recursos y perfiles profesionales.
De acuerdo con el texto, esta reforma incluye modificaciones a la Ley de Aeropuertos (LA), a efecto de establecer la coordinación entre autoridades civiles y militares, dentro de la administración, operación y explotación de los aeródromos civiles.
El objetivo, “es conjuntar los recursos de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Marina y Armada de México (Semar) y Defensa, para el mejor funcionamiento de las actividades aéreas dentro del territorio nacional.
Con esto, la presente reforma permitirá al Estado disponer de mecanismos para atender, de manera eficaz, los riesgos emergentes y otros desafíos contemporáneos de la seguridad del espacio aéreo nacional”.
Todas estas modificaciones y otras más se esperan ver publicadas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la LOAPF, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la LA y de la LAC, en materia de protección del espacio aéreo mexicano.
