¿Incurrió en delito la activista que paró un vuelo de bandera turca?

Elin Ersson, la activista sueca de 21 años que retrasó durante dos horas un vuelo de Turkish Airlines que iba de la ciudad de Gotemburgo a Estambul, con el fin de detener la deportación de un ciudadano afgano, puede enfrentar hasta seis meses de cárcel. ¿O no?

La ley sueca –a través de la llamada Acta de Aviación– señala que un pasajero puede enfrentar multas económicas o un máximo de hasta seis meses de prisión, si intencional o negligentemente desobedece las órdenes del piloto en jefe a bordo de la aeronave. 

La historia

A través de asociaciones activistas que combaten las deportaciones en Suecia, Ersson compró un boleto de avión de último momento cuando se enteró que una persona afgana en sus veintes estaba a punto de ser enviada a Afganistán. 

Al momento de entrar a la aeronave, Ersson no encontró a la persona que le habían mencionado, pero sí halló a otro hombre afgano, de aproximadamente cincuenta años, que iba a ser deportado a Kabul, vía Estambul, en Turquía.

Para evitarlo, la activista se negó a tomar asiento por lo que la aeronave no podía despegar. Algunas personas a bordo la apoyaron, mientras que otras –como un inglés, quien le arrebató el teléfono con el que estaba transmitiendo en Facebook Live– le recriminaron que estaba retrasando el vuelo para todos. 

En el video se puede escuchar a Ersson hablar con un miembro de la tripulación de Turkish Airlines, quien le indicó que en ese momento ella era “una pasajera insubordinada” y que toda la operación de la aeronave era retrasada por su comportamiento. 

Poco después, el piloto de la aeronave accedió a que desembarcaran tanto el hombre como la activista, con lo que –por ahora– se retrasó la deportación del hombre afgano. 

En redes sociales se desató un furor solidario por la acción de Ersson, aunque también se esparció la preocupación de que la ciudadana sueca podría enfrentar hasta seis meses de prisión por su acción. ¿Pero qué dice la legislación aeronáutica internacional?

Suecia vs. OACI

El gobierno sueco da total autoridad al piloto en jefe de cualquier aeronave que opere desde o hacia este país pues, como se lee en la mencionada Acta de Aviación del reino de Suecia, “el comandante puede forzar el desembargo o prohibir la entrada de miembros de la tripulación, pasajeros o carga cuando las circunstancias lo requieran”.

Por su parte, en el capítulo 13 sección 4 del Acta también señala que la sentencia máxima es de seis meses y la mínima es de una serie de multas –en cifras no especificadas– a cualquier persona que no obedezca las órdenes del piloto, ya sean pasajeros o tripulación. 

Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) parece desmentir esta posición a través de la llamada Resolución sobre Pasajeros Insubordinados. 

En 2014, la propia OACI y otros organismos internacionales de aviación –entre ellos la IATA, Airlines for America, ALTA y ERA– ratificaron el Protocolo de Montreal, tratado donde se establece que la jurisdicción para realizar acciones judiciales contra pasajeros insubordinados recae en el Estado de aterrizaje, es decir, a donde el avión se dirige. En el caso de Ersson, la jurisdicción corresponde a Turquía.

El Protocolo de Montreal también señala que “no seguir las instrucciones legales dadas por o en nombre del Comandante de la aeronave” es una ofensa criminal, y, por tanto, puede ser motivo suficiente para tomar acciones judiciales. 

Así, todo parece indicar a que la activista sueca no enfrentará cargos criminales porque no estuvo presente al momento del despegue de la aeronave, y, por lo tanto, no llegó a Turquía.

Sin embargo, la misma normativa da cabida a que Turkish Airlines busque una compensación por los costos incurridos por el retraso de dos horas que sufrió su aeronave.