La semana pasada reflexionamos, en este espacio semanal, sobre la importancia que reviste que nuestras autoridades sectoriales y nacionales mantengan un nivel apropiado de seriedad. Esto, recordando, es fundamental tanto para una adecuada toma de decisiones como también para mantener un nivel mínimo esencial de relación con los actores nacionales e internacionales. Es un hecho que, en este último caso, existe una poderosa relación asimétrica, pues mientras que los actores privados nacionales y extranjeros, así como las autoridades internacionales, mantienen un nivel de desempeño apropiado y a su nivel, en la relación con nuestras autoridades, los separa un gran vacío narrativo, discursivo, de comportamiento y de desempeño.
Es muy difícil poder caracterizar el comportamiento y desempeño de esta administración. Por un lado, si uno trata de describirlos tal y como se manifiestan, parece una calificación superficial o comentarios que poca profundidad pueden revestir. En cambio, si se trata de dar una explicación más profunda, apegada a los datos reales, y citando instancias de eventos y declaraciones específicas, difícilmente puede otorgárseles una dimensión seria o mínimamente profesional para considerarlos como autoridad. Es difícil describir analíticamente un atado de ocurrencias, afirmaciones incompletas o deliberadamente erradas, un conjunto de explicaciones inconclusas o de narrativas ideológicas difusas, y tratar de darles un sesgo de oficialidad.
Esto es exactamente lo que ocurre cuando el titular del Ejecutivo Federal, haciendo gala de su máxima investidura administrativa y política, deriva de un incidente que no se ha aclarado del todo, cuando intentó fallidamente aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hace algunos días y, el avión comercial en que volaba, fue desviado a Querétaro, que la Terminal 2 –que sobra decir que lleva años sin la adecuada atención y el necesario mantenimiento- está casi en estado “terminal” (valga el eufemismo irónico) y que, bajo sus instrucciones personales, se convocaría a un “panel de expertos” (que no se sabe exactamente quiénes son, cómo se les convocó, o qué criterios usarían) para evaluar si “apuntalar” la construcción aeroportuaria o, de plano, “derribarla y volverla a hacer”.
Este tipo de aseveraciones, sin duda, generaron más de alguna crisis nerviosa, rayando en lo cardiaco, en más de algún ejecutivo o directivo del sector aeronáutico nacional, e incluso internacional. Al menos así fue hasta que entró un momento de reflexión y de reconocimiento que una declaración, así de profunda y trascendente, no necesariamente va acompañada de decisiones y acciones correspondientes. “Rehacer” la Terminal 2 del AICM equivale a cancelar, desplazar o reubicar al menos 42% de las operaciones del Benito Juárez por meses, lo cual es francamente imposible. Podría caber aquí la sospecha de que este movimiento se haría para favorecer al AIFA, desplazando a tan controvertida pero empecinada obra presidencial ese volumen de operaciones. Pero es imposible: el Felipe Ángeles no tiene las capacidades administrativas, físicas, logísticas, operativas, o legales para ese volumen; y es altamente probable que nunca las tenga.
Entonces ¿cómo enmarcamos esa y otras declaraciones presidenciales, o de otros funcionarios de alto nivel? En eso, precisamente: declaraciones. No tienen sustento o soporte, no hay nada atrás de ellas más que ideas que se emiten sin concebir o considerar las consecuencias o implicaciones de lo que hacen. Y eso es lo más peligroso, porque llega un momento que a tantas veces que se emiten, sin la menor responsabilidad dichas determinaciones, se pierde la seriedad. Y una vez que se pierde eso, se pierde todo en consecuencia.
Recordemos lo que ocurrió cuando el mismo ciudadano declaró que cancelaría el NAIM porque era “una obra de corrupción” (palabras más, palabras menos). En su momento, la gran mayoría de los analistas -el suscribiente incluido- no creímos que lo fuera a hacer, y que el costo nacional sería devastador. Pero lo hizo. Haciendo gala de su autoridad democrática imparable del momento, canceló la obra. Y, a partir de ese momento, la administración, la economía, las finanzas y la estabilidad nacional se vinieron abajo. Imposible es no identificar la correlación entre esta decisión y algunos de los grandes problemas que aquejan a nuestro sector y al país durante la presente administración, y las demostraciones documentales de ello abundan. A partir de ese momento, se le dejó de tener confianza y certidumbre a la presente administración, y ese es el núcleo de los principales problemas que nos aquejan como sector aeronáutico.
Si a esto le sumamos la incapacidad de autocrítica, de aceptación y reconocimiento de responsabilidades, y una incalculable capacidad para transferir las mismas a otros actores -al menos en el discurso oficial- nos podemos dar una idea que tratar con dichos actores como autoridades serias, ya sea como actores comerciales privados o como representantes de organizaciones internacionales especializadas en aeronáutica, es particularmente complicado. A esto hay que sumarle otras declaraciones y determinaciones federales de carácter integral, que complican aún más las cosas.
Cuando el titular del Ejecutivo habla de imponer una “pobreza franciscana” en toda la Administración Pública Federal (APF), es una clara señal de que se acabaron los recursos públicos y hay que recortar los egresos programados. La dilapidación y transferencia injustificada de partidas presupuestales a programas que no distan mucho de ser hoyos negros financieros, implica la negación de recursos financieros públicos finitos, y la priorización administrativa por una perspectiva política más que pragmática. Y es aquí donde la aviación nacional sufre, ya que, como hablamos en este espacio hace algunas semanas, es más que obvio que la aeronáutica, en todas sus modalidades, no es una verdadera prioridad de la actual administración. El AIFA no cuenta, porque si así fuera seguiría la inversión para complementarlo y fortalecerlo; pero ahora se aqueja de un casi abandono, más que como figura discursiva dialéctica de contraste y de referente geográfico-histórico.
Observamos, como hemos comentado a lo largo de esta serie de columnas reflexivas, un patrón: la incapacidad estratégica de la actual administración en materia aeronáutica. En lo aeroespacial, mejor ni hablamos, eso ni siquiera entra en el radar real de Palacio Nacional. Pero, como hemos apuntado, hay gente muy capaz que puede hacer cosas muy buenas en y para nuestro sector. Es decir, el curso que llevamos en espiral descendente no es necesario ni obligado, es elegido. Así es, es una decisión consciente desde la titularidad de la APF. Para enmendarlo, solo falta un ingrediente, una acción contundente que puede reconstruir el porvenir, y resarcir los daños generados.
Pero, como en todo gran proceso, bien sabemos que es extraordinariamente complicado que se aplique el único remedio y más valioso recurso que existe para revirar esta entrada en pérdida que nos atañe. Lo que hace falta es que haya voluntad. Que exista la voluntad de verdaderamente cambiar el rumbo, de dejar las prácticas nocivas, de usar la razón y abrirse a que haya apoyo nacional e internacional. A regresar a la seriedad. Solo falta que haya voluntad. Eso lo veo muy difícil ya, pero innegablemente constituye el primer paso a la recuperación.
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