Permisionarios del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) demandaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) debería conocer e investigar las violaciones que se realizan a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) en la terminal aérea capitalina, tras reiter que la autoridad aeroportuaria capitalina -encabezada por la Marina- sigue permitiendo la presencia de taxis de aplicación de “forma burda y flagrante”.
A través de un comunicado, los permisionarios de taxis detallaron la falta de interés de este tema por parte de la Presidencia de la República, la cual, puntualizaron, “ha ignorado la corrupción por parte de la administración de la Secretaría de la Marina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.
Recordaron que en el artículo ocho de dicha ley específica que es necesario un permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que un servicio de taxi pueda hacer explotación de los servicios de autotransporte Federal de carga, pasaje y turismo en los aeropuertos del país y pese a ello, se ha permitido dicho derecho a los taxis de aplicación.
Por lo anterior, y ante la inacción de alguna autoridad Federal hasta el momento, los permisionarios hacen un urgente llamado al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, para que revise este caso e intervenga para considerar una investigación sobre lo que sucede internamente en el AICM.
Destacaron que permitir e incluso fomentar la participación de los taxis de aplicación en Zonas Federales, como lo son los aeropuertos, además de violar gravemente la LCPAF, genera incluso graves pérdidas fiscales al país, ya que los taxis de aplicación evidentemente no realizan ningún pago de servicios aeroportuarios por el acceso a zonas Federales, lo que se constituye en un “hoyo fiscal” para la Federación que cada vez se hace más grande.
Además solicitaron nuevamente el retorno de la Guardia Nacional para establecer orden en el tránsito del Aeropuerto, ya que la actual policía ordenada por la Marina ha aceptado abiertamente que tiene instrucciones de permitir el paso de taxis de aplicación violando con ella la legislación mexicana vigente.
