En esta ocasión me quiero referir a dos temas diferentes pero muy actuales e importantes para la industria aérea en México: el primero de ellos es la decisión que ha tomado la dirección general de Interjet de deshacerse de la mayor parte de sus aviones rusos Sukhoi, y de paso también del 8% de su planta laboral, que son unos 500 trabajadores de todas las áreas, entre ellos un buen número de pilotos.
Desde la llegada de esos aviones a México se veía venir que esta selección de flota no era la adecuada para una aerolínea en pleno crecimiento y con una importante flota de aviones Airbus de última generación como es Interjet. Todos nos extrañamos de la adquisición porque sabíamos que este no era un avión probado para los requerimientos técnicos y comerciales de las empresas aéreas mexicanas.
Sabíamos también que sus refacciones se encontraban lejos, poco disponibles y caras, y ni hablar de los servicios y notificaciones de fábrica que fueron necesarios al poco tiempo, y que dejaron en tierra estos aviones por orden de la Agencia Federal de Transporte Rusa quien obligó a revisar las 22 unidades Sukhoi de la aerolínea justo hace dos años y en plena época de Navidad, lo que vino a impactar sensiblemente en cancelaciones y demoras de muchos de sus vuelos, con las pérdidas económicas y de imagen que esto representó.
¿A quien se le ocurrió añadir estos aviones a la flota y con base en qué criterio? Eso es algo que solo los altos mandos de la empresa saben, pero hay que decir que hoy se van por lo más fácil y se deshacen de 500 de sus trabajadores que son –como para cualquier empresa aérea del mundo– su mejor y más preciado activo. Hablamos de profesionales que han sido entrenados por la propia Interjet a un alto costo, y que estaban comprometidos con el proyecto.
Hubiera sido mucho mejor aplicar otras políticas de ahorro y productividad, pero manteniendo y cuidando a empleados leales que bien pudieron emigrar al llamado de otras aerolíneas –incluso nacionales–, pero que prefirieron quedarse y rifársela por su empresa.
Prometen traer a esos trabajadores de regreso en un futuro cercano pero me parece que cuando los necesiten de vuelta, y dadas las circunstancias que se prevén en el mercado laboral en la industria, quizá ellos ya no estén disponibles, y será entonces cuando la aerolínea tenga que pagar por este nuevo error.
Y también Texcoco
Otro asunto sobre el cual se opina todos los días es el referente a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco. Todas las organizaciones de expertos nacionales e internacionales consultadas han dejado en claro que cancelar este proyecto –cuyo avance global al 31 de agosto fue de un 31.8%– es un grave error por todo lo que puede implicar, incluyendo costos por más de 100 mil millones de pesos por contratos cancelados y ejecutados, cifra estimada por el gobierno de transición.
También es evidente que, a pesar de los problemas técnicos que se puedan presentar y que están siendo solucionados, el NAICM resulta ser la mejor opción.
En contraste, optar por la operación de dos aeropuertos –el actual Benito Juárez en combinación con el “futuro” de Santa Lucía– implica graves problemas de seguridad ya que, si bien el aeropuerto se puede mover físicamente, el espacio aéreo sigue siendo el mismo sobre el Valle de México –lleno de obstáculos orográficos y con condiciones meteorológicas adversas casi todo el año–, con los respectivos conflictos de control de tráfico aéreo, en un área de por sí ya saturada por más de 55 operaciones por hora, sin contar los tráficos de los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca, Querétaro y Puebla, que son controlados por los mismos centros de control de tráfico.
De acuerdo con los medios de comunicación, el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a partir de diciembre estaría ordenando una nueva investigación sobre la viabilidad para la operación simultánea de Santa Lucía y Benito Juárez a un costo de 800 mil dólares (unos 16 millones de pesos), en línea con lo expuesto por el constructor consentido del presidente electo, José María Rioboó.
A lo anterior hay que agregar la inexplicable consulta popular que se llevará a cabo el 28 de octubre próximo para que sea el "pueblo sabio" el que decida lo que se debe hacer con el nuevo aeropuerto. Por muy preparados que sean yo me pregunto: ¿con qué bases puede opinar un catedrático, un gerente, un alto ejecutivo, un maestro, un corredor de bolsa, un político, un taxista, un filósofo, un novelista, un médico, un electricista, un dentista, un químico, un plomero y el dueño del estanquillo de la esquina? ¿O el mismo Jiménez Espriú, Rioboó y cía. y hasta el mismo AMLO?
¿Qué podrían todos ellos opinar por ejemplo sobre las plantillas TERPS (procedimientos terminales) y procedimientos de control de tráfico aéreo necesarios, así como de las pendientes de planeo extendidas, libres de obstáculos y menores a los 3 grados, para implementar aterrizajes de precisión de aviones como o un Airbus 380 –con 600 pasajeros a bordo y sus más de 600 toneladas de peso–, durante baja visibilidad CAT II y III y sus respectivas aproximaciones fallidas, combinado con otro avión de 40 toneladas y 90 pasajeros volando detrás, y así hasta completar más de 55 aviones de todo tipo y tamaño aproximándose, solo en la próxima hora?
En fin, no dudaría que venga una votación de hígado –otra vez– por parte de una población fanática del señor López Obrador, pero que no tiene los conocimientos necesarios sobre el tema para poder opinar sobre lo que debería ser una decisión presidencial, y que debería de ser tomada a partir del 1 de diciembre y no antes.
Además de los costos financieros, la cancelación del aeropuerto en Texcoco representaría la suspensión de 40 mil empleos, más unos 70 mil millones en la construcción de la terminal internacional de Santa Lucía, añadiendo el costo millonario de la reubicación de esta importante y estratégica base de la Fuerza Aérea Mexicana, así como la necesaria readaptación del aeropuerto Benito Juárez en sus dos terminales y sus dos pistas para operarlas con las cinco pistas propuestas... lo que por cierto es inviable de acuerdo con las reglas establecidas en el Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre diseño y operación de aeropuertos.
A todo lo anterior habría que sumar incremento de costos de operación para las aerolíneas al tener operaciones separadas entre dos aeropuertos, así como las incomodidades para los pasajeros. Además está la posible partida de inversionistas ante la falta de certidumbre, la enorme afectación al turismo de nuestro país, y sin olvidar el impacto en la imagen de México en todo el mundo.
Este asunto está resultando por demás manoseado y al final nos podemos dar cuenta –igual que siempre– que son los intereses de algunos, el dinero de otros y la política de café lo que venga a decidir durante los siguientes seis años –o dos antes, con el referéndum prometido– el rumbo de las decisiones más importantes que se toman en nuestro atribulado México.
Veremos pues qué dice el "pueblo sabio" el 28 de octubre, si es que realmente le permiten opinar legal y democráticamente... ¿o se tendrá que llegar al "voto por voto, casilla por casilla"?
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