El Gobierno de Panamá busca un esquema para concesionar el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, y un centro regional de conexiones, informó este jueves el presidente, José Raúl Mulino.
“Espero en los próximos 60 a 90 días tener una definición de lo que vamos a hacer para comenzarlo a hacer, pero algún tipo de concesión va a haber porque es lo mejor”, declaró Mulino tras indicar que este aeropuerto integralmente tiene que mejorar, porque no está funcionando bien”.
Mulino, quien comenzó su quinquenio constitucional el pasado 1 de julio, dijo que tras comentar esta semana en Francia durante una visita oficial sus planes de entregar en concesión a Tocumen y otras tres terminales aéreas interiores, ya recibió el interés de empresas internacionales de las que no dio detalles.
La idea es dar en concesión a Tocumen y los aeropuertos internacionales del interior del país como el de Río Hato (a unos 100 kilómetros de la capital y cerca de la zona hotelera del Pacífico), Colón (Caribe) y David (próximo a la frontera con Costa Rica), aunque es un esquema apenas en estudio, afirmó.
“No hay nada decidido. He iniciado esa conversación, pero Tocumen tiene deudas por cubrir, aporta muy poco al Estado panameño, y además está plagada de locuras y de corrupción, desde el manejo de planilla hasta el otorgamiento de contratos en tiendas y restaurantes”, argumentó el mandatario.
Tocumen añadió que es un peso muy grande para el Estado panameño, en todo sentido, y lo que busca hacer es que el aeropuerto sea exitoso, que transiten la mayor cantidad de pasajeros seguramente y que aporte al Estado panameño lo que corresponde.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 17,825,465 pasajeros en el 2023, una nueva cifra récord que deja atrás la de 16.5 millones registrada en el 2019, según datos de la administración de la terminal, donde operan 31 aerolíneas operando, 15 de carga y 16 de pasajeros.
Tocumen fue objeto de una gran ampliación que costó más de 900 millones de dólares a cargo de la constructora brasileña Odebrecht, con la que mantiene un litigio contractual, y que elevó su capacidad de admisión de 12 a millones de pasajeros anuales.
