La presidencia de la República publicó un acuerdo por el que se declara la internacionalización del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que será inaugurado el próximo 21 de marzo en Santa Lucía, Estado de México.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declara y habilita al aeródromo para la entrada y salida al país de aeronaves mexicanas y extranjeras, tanto del servicio aéreo público como privado, de transporte nacional e internacional, regular y no regular.
Ahora, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), deberá notificar esta declaratoria a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a las autoridades competentes que prestan funciones dentro de dicho aeródromo, además de vigilar que el concesionario proceda a instalar las señales de identificación en el aeródromo.
Asimismo, la AFAC deberá realizar la publicación correspondiente en el manual de Publicación de Información Aeronáutica del aeródromo.
El ejecutivo asegura que el AIFA cuenta con la infraestructura, instalaciones, señales de identificación, equipos y servicios adecuados para entender a aviones de pasajeros, carga y correo de servicio nacional e internacional “conforme a los requisitos y capacidades requeridas en las disposiciones legales aplicables en la materia”.
Otorgar el certificado de aeródromo al AIFA es una decisión de la AFAC con la cual asume una responsabilidad ante la comunidad internacional de que cumple con lo establecido en el anexo 14 del Convenio de Chicago, y que es el tratado internacional más importante con relación al derecho Público Internacional Aeronáutico, de acuerdo con Rosa María Montero, abogada en Derecho Aeronáutico y especialista en la industria.
“El certificado lo emite la autoridad mexicana, que está acreditada y reconocida ante la OACI como la autoridad certificadora. Ahora bien, si lo emite a sabiendas de que no está cumpliendo con algo y se presenta una situación de incidente grave o accidente, el Estado tendrá que asumir su responsabilidad”, explicó.
