La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Internacional (ALPA) manifestó su inconformidad con la decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) de postergar un año más la entrada en vigor del requisito de instalar barreras secundarias en las cabinas de vuelo, una medida destinada a reforzar la seguridad contra accesos no autorizados.
“La decisión de la FAA de conceder a las aerolíneas un nuevo retraso en la norma sobre barreras secundarias es profundamente decepcionante y debilita la seguridad de la aviación en nuestro país”, declaró el Capitán Jason Ambrosi, presidente de ALPA, tras conocerse la resolución.
El líder sindical recalcó que, aunque el aplazamiento es menor al que había solicitado el grupo Airlines for America —que buscaba una demora hasta agosto de 2027—, sigue representando una concesión que compromete la protección del espacio aéreo.
Las barreras secundarias han sido exigidas por el Congreso estadounidense como respuesta a recomendaciones de seguridad posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Su implementación fue aprobada como obligatoria desde 2023 para todas las aeronaves comerciales nuevas que transporten pasajeros y tenía como fecha límite en agosto de 2025, con el objetivo de evitar accesos violentos a la cabina mientras la puerta principal está abierta durante el vuelo.
ALPA indicó que las aerolíneas han tenido dos años completos para cumplir con el mandato legislativo y que, a pesar de ello, insistan en posponer su cumplimiento.
“Este patrón de retrasos interminables debe terminar. Están eludiendo su responsabilidad de implementar esta medida de seguridad crítica”, subrayó Ambrosi.
Este retraso reaviva el debate entre operadores y gremios sobre el equilibrio entre costos de implementación y estándares de seguridad operacional. Mientras asociaciones de aerolíneas argumentan dificultades logísticas y financieras, los sindicatos de pilotos ven en estas decisiones un retroceso en la protección tanto de tripulaciones como de pasajeros.
El aplazamiento también ocurre en un contexto de tensiones crecientes en la política de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos, donde se revisan múltiples protocolos ante nuevas amenazas cibernéticas y físicas.
Para ALPA, mantener los cronogramas legislativos es clave para fortalecer la confianza pública y evitar escenarios que comprometan la seguridad estructural del sistema de aviación comercial.
