El creciente número de incidentes que afectan los servicios de aviación, marítimos y de telecomunicaciones plantea que los Estados deban reforzar con urgencia la protección de las bandas críticas de radiofrecuencia, advirtieron la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI) en una declaración conjunta dirigida a los Estados Miembros de la ONU.
Estos casos de interferencia dañina se manifiestan en forma de bloqueo de señal (jamming) y suplantación (spoofing), que interrumpen los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS), operando en las bandas de frecuencia asignadas al Servicio de Radio Navegación por Satélite (RNSS).
“La interferencia con el Servicio de Radionavegación por Satélite puede afectar las operaciones aéreas mucho más allá de la zona inmediatamente comprometida, generando riesgos potenciales para la seguridad en múltiples regiones de vuelo”, señaló Juan Carlos Salazar, secretario general de la OACI.
Añadió que la OACI está plenamente comprometida a trabajar estrechamente con los Estados Miembros para implementar estas medidas de protección a través de los marcos y normas de seguridad operacional ya existentes.
La declaración conjunta identifica cinco acciones clave que los Estados deben adoptar: proteger al RNSS contra interferencias perjudiciales que afecten operaciones civiles y humanitarias; fortalecer la resiliencia de los sistemas de navegación, posicionamiento y temporización dependientes del RNSS; mantener infraestructura de navegación convencional como respaldo en situaciones de contingencia; mejorar la colaboración entre autoridades reguladoras, de aviación, marítimas, de defensa y de aplicación de la ley, e implementar mecanismos integrales de reporte de interferencias.
Esta iniciativa se sustenta en la Resolución A41-8/C de la Asamblea de la OACI, que insta a los Estados a asegurar una colaboración estrecha entre autoridades aeronáuticas, militares, proveedores de servicios y entidades encargadas de hacer cumplir la normativa sobre espectro radioeléctrico, con el fin de proteger los sistemas de comunicación y navegación.
La resolución también llama específicamente a los Estados a abstenerse de cualquier forma de interferencia o suplantación que afecte a la aviación civil, y a coordinar con los proveedores de servicios de navegación aérea cuando las operaciones militares o de seguridad puedan tener impacto sobre la aviación civil.
