En teoría debería haber una investigación a fondo del uso de los recursos públicos en aeropuertos y trenes
Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hallara diversas anomalías en algunas obras insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador -tales como en la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Suburbano que va al AIFA-, la transparencia se vuelve muy relevante, expresó Juan Carlos Machorro, socio de la consultoría Santamarina & Steta.
En entrevista con A21, el abogado especialista en temas de aviación puntualizó que la función de la ASF es revisar el manejo de los recursos públicos y si detecta irregularidades puede emitir recomendaciones, solicitudes de aclaración y en teoría, lo que debería ocurrir, es que se realice una investigación a fondo del uso de dichos recursos públicos.
Mencionó que en la Tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 -el último año completo de la administración pasada-, se encontraron diversas irregularidades tanto en éstas como en otras obras.
En el caso de la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, la ASF encontró que existe un pendiente por aclarar por 351 mil 900 pesos por la compra de bancas de espera.
De acuerdo con la información dada a conocer por la ASF, la construcción de esta terminal aérea tampoco contó con recursos asignados del Presupuesto de la Federación para el año 2023.
Mientras que en el caso del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la ASF detectó pagos en exceso por 17 millones de pesos en su construcción -misma que aún no ha concluido, pese a que en la administración pasada se dijo que estaría lista-.
“Muchas de las obras de la administración anterior, y continuadas en la administración actual, han sido puestas en mano de las Fuerzas Armadas y tienen un régimen de procura de bienes y servicio especial, menos transparente que las demás entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, porque se considera un régimen de excepción al tratarse su vocación originaria de temas de seguridad nacional y de temas de desastres naturales”, dijo.
Sin embargo, cuando se desvía de la vocación originaria y se pone en manos de las Fuerzas Armadas el realizar una obra pública, de alguna manera “se desdibuja esta vocación original de atender temas de seguridad nacional, por lo tanto, debería desdibujarse la necesidad de contar con un régimen de procura menos transparente”.
Esto, señaló, se traduce en que haya más opacidad cuando se trata de las Fuerzas Armadas, pero, además la transparencia no es algo que haya caracterizado a la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Tan fue así, dijo, que otra irregularidad que dejó a la actual administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, así como a los mexicanos, fue la desaparición de un órgano autónomo en materia de acceso a la información y transparencia.
Con ello, añadió, volvió a centralizar en un órgano de la propia Administración Pública Federal la actividad de brindar información del uso de recursos públicos y de transparentar la gestión gubernamental.
“En su caso sí debería haber una investigación, sí podría haber sanciones al amparo de la legislación en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos, sin embargo cuando todo está centralizado y todo está en manos de un mismo régimen, se desvirtúa la naturaleza de los organismos autónomos, la capacidad de gestión en todo el andamiaje que se había avanzado hace dos o tres sexenios poniendo la base de un sistema nacional anticorrupción y todo esto se vuele a gestionar de manera centralizada.
Así “es poco probable que el régimen se autoevalúe y se autosancione”, sostuvo el socio de la consultoría Santamarina & Steta.
Indicó que es probable que se continúe viendo información de las grandes obras del sexenio pasado, cuyas cuentas no cuadren, así como los sobrecostos, es decir el número de veces que le ha costado al país -por el uso de los recursos públicos-, en obras como Dos Bocas, el Tren Maya.
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