Agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley enfrentan críticas por no proporcionar una capacitación adecuada a su personal en el uso de la tecnología de reconocimiento facial y por carecer de políticas sólidas que protejan los derechos civiles del público durante su implementación, según un informe emitido por un organismo de control del gobierno.
El uso creciente de la tecnología de reconocimiento facial por parte de agencias policiales a nivel federal, estatal y local dio lugar a varios casos de arrestos equivocados en todo el país, en su mayoría afectando a individuos de ascendencia afrodescendiente, según defensores de los derechos civiles, investigaciones y reportes periodísticos.
La tecnología ha sido ampliamente criticada por su falta de precisión al identificar a personas de piel oscura y tonos de piel diversos. A pesar de estas preocupaciones, la tecnología de reconocimiento facial se está implementando rápidamente en una variedad de sectores, incluyendo la policía, tiendas minoristas, aeropuertos y estadios deportivos. Algunos gobiernos locales que habían restringido su uso previamente están considerando la flexibilización de estas limitaciones debido al aumento de la delincuencia.
El año pasado, un hombre de ascendencia afrodescendiente en Georgia fue detenido durante casi una semana después de que un sistema de reconocimiento facial relacionara incorrectamente su rostro con el de un sospechoso de un robo en Nueva Orleans, según lo informado por su abogado al New Orleans Advocate. A pesar de nunca haber estado en Luisiana, el hombre fue finalmente liberado después de que los detectives reconocieran el error.
El informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) revela que desde octubre de 2019 hasta marzo de 2022, el FBI, la DEA, Aduanas y Protección Fronteriza, Investigaciones de Seguridad Nacional y otras tres agencias emplearon sistemas de reconocimiento facial en investigaciones criminales sin requerir una capacitación adecuada para su personal. Únicamente tres agencias, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles y el Servicio Secreto, tenían políticas o pautas que abordaban específicamente los derechos civiles. El Servicio Secreto, por su parte, detuvo en gran medida el uso de la tecnología de reconocimiento facial en abril de 2020.
El informe de la GAO también revela que seis agencias realizaron aproximadamente 60,000 búsquedas de fotografías sin cumplir con los requisitos adecuados de capacitación.
La tecnología de reconocimiento facial actual tiene como objetivo identificar a personas en tiempo real a través de cámaras de seguridad o imágenes cercanas a ellas. Esto se logra comparando las imágenes capturadas con fotografías disponibles públicamente, como las imágenes policiales o los perfiles de redes sociales vinculados a la identidad de la persona en cuestión.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa varias de las agencias mencionadas en el informe, tiene previsto implementar una política de derechos civiles vinculada a los sistemas de reconocimiento facial para diciembre, según la GAO. El Departamento de Justicia, responsable de supervisar al FBI y otras agencias, tomó medidas para emitir una política de tecnología de reconocimiento facial para todo el departamento, pero enfrenta retrasos debido a problemas de financiamiento. Un portavoz del Departamento de Justicia ha confirmado que están revisando el informe.
La GAO emitió 10 recomendaciones sobre cómo Justicia y Seguridad Nacional pueden fortalecer los derechos civiles y la capacitación en relación a esta tecnología, incluyendo la supervisión periódica de la capacitación del personal y el desarrollo de una política que aborde las salvaguardias de los derechos y libertades civiles por parte del fiscal general.
