Por Paola Flores
Luego de haber detectado situaciones múltiples de malas prácticas en el programa de terceros autorizados heredados de la anterior dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), el actual titular del programa, lleva a cabo una auditoría médica, la cual podría derivar en la desaparición del mismo.
“Necesitábamos un diagnóstico; a través de auditorías médicas a terceros autorizados y trabajadores, se descubrió una red de corrupción de la autoridad y malas prácticas. Por lo cual, aplicando la norma, iniciamos un proceso de revocación” señaló Ricardo Neri Vela, titular de la DGPMPT en entrevista con A21.
El programa de terceros autorizados fue creado por la administración pasada a cargo de José Valente Aguilar Zínzer bajo el argumento de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tenía la capacidad suficiente para realizar exámenes psicofísicos integrales y toxicológicos al personal que interviene en la operación, conducción o auxilio en los cuatro modos de transporte público federal.
Esta figura de autorización les confería la facultad de efectuar el examen médico, de emitir un dictamen y acceso al sistema informativo de la SCT que les permitía generar una constancia de aptitud, un requisito necesario para poder tramitar la licencia
En opinión de Neri Vela, la creación del programa derivó en la construcción de un mecanismo perverso, ya que bajo el argumento de incentivarlo como privado, se les estableció una tarifa menor a la que cobraban las unidades médicas de la SCT y no estaban obligados a fiscalizar esas ganancias ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, lo que provocó que algunos de ellos no lo vieran como el factor que puede garantizar seguridad en las vías generales de comunicación, sino como un negocio.
“Venía la corrupción del lado de la autoridad y la corrupción por el lado de algunos terceros que vieron un nicho de mercado y un gran negocio porque no iban a pagar impuestos, se iban a quedar con todo el producto de ese servicio”, declaró el actual titular.
De 2010 a la fecha, la Dirección de Autorización y Evaluación a Terceros otorgó 883 autorizaciones, actualmente se tenían registrados 400 terceros autorizados de los cuales se les revocó el permiso a 200 por inactividad o por mala práctica.
De acuerdo con el capítulo VIII del Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, los casos que detecten irregularidades e impliquen un riesgo a la salud y la seguridad de las personal, se procederá a una suspensión precautoria del acceso al sistema médico.
“Estamos viendo que la oferta de terceros va disminuyendo por los procedimientos de revocación, pues tenemos que efectuar acciones que garanticen la atención de los operadores. Ya iniciamos un programa de rehabilitación de las unidades médicas (públicas) en todo el país. Si la Secretaría retoma la operación y ya no juzga necesaria la presencia de terceros autorizados, la Secretaria tiene las facultades para acabar con el programa”, reveló el directivo.
“Nosotros no tenemos ninguna situación que nos lleve a negar la existencia de ese tipo de figura. Lo que queremos es una actividad ordenada y ética, eso es lo que queremos”, declaró Neri.
El padrón está conformado por 1 millón 200 mil operadores. Anualmente, en promedio, se realizan 360 mil exámenes en todo el país, el programa de unidades médicas de la SCT cuenta con 440 médicos en 44 Unidades, los cuales realizan 818 pruebas al año. Si se divide entre 240 días hábiles, los médicos realizarían 3.5 pruebas por día, es decir siempre han contado con la posibilidad de atender la demanda de exámenes antes de que se creará el programa.
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Neri Vela detalló que hay un periodo de ofrecimiento de pruebas para los terceros notificados, José Arellano Duque, director de Autorización y Evaluación a Terceros, explicó que este lapso es de 15 días hábiles, en el que los médicos podrán presentar pruebas, documentos o asistir a la dependencia en su defensa ante la revocación.
De acuerdo con Neri Vela, el objetivo de la auditoría es cumplir con la normatividad e imponer sanciones a quienes hayan infringido las leyes, respecto a las reglas establecidas, con la finalidad de depurar el programa de Medicina Preventiva en el Transporte.
