La presentación del anteproyecto que dará pie a la instauración de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) busca dar certidumbre al futuro de la industria en México tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), señaló el experto Rodrigo Soto-Morales.
“Una vez que se canceló el NAIM se quedó una angustia de que no había una buena autoridad aeronáutica, además de un rezago en infraestructura” indicó el abogado aeronáutico en entrevista con A21.
Además, el proyecto fue creado con premura, lo que puede hacer que se descuiden aspectos importantes en su creación, señaló Miguel Ángel Valero, exdirector del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM).
“Carece de algo importante: que esté conformada por un Consejo Técnico especializado por los actores más importantes de la industria, colegios, operadores y aerolíneas. Aquí vemos que la designación del director de la AFAC la hará el presidente y que le sigue respondiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). No me parece una autonomía plena” puntualizó.
Por lo tanto, el proyecto responde a una necesidad de la misma industria y a la presión política coyuntural impulsada desde la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos.
En 2020, la FAA realizará una auditoría en México e “independientemente de la necesidad de creación de esta institución, me parece que hay temor a no recibir una calificación favorable” señaló Valero, quien fue impulsor de la AFAC por varios años. Recordemos que en 2010, el organismo estadounidense degradó a Categoría 2 a la aviación nacional (así como hizo recientemente con la industria costarricense).
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En aquella época, la degradación a Categoría 2 afectó significativamente las actividades de negociación entre ambos países en el sector aéreo, ya que México era incapaz de garantizar estabilidad económica y seguridad operacional de la aviación.
Para recuperar la Categoría 1, la DGAC se comprometió a “contar con el número suficiente de inspectores calificados”, así como a “obtener las autorizaciones respectivas para incrementar el salario de estos nuevos inspectores” y a crear una entidad autónoma como la AFAC. Sin embargo, este proyecto se postergó indefinidamente porque implicaba “un proceso de cambios legales y administrativos”.
Por su parte, Soto-Morales explicó que una de las principales ventajas de la AFAC es que ahora contará con una partida presupuestaria propia (y no la fracción que le entrega la SCT actualmente) lo que le permitirá tomar sus propias decisiones.
Además, constitucionalmente, el ejecutivo tiene a su cargo el espacio aéreo y las vías generales de comunicación, por lo que, legalmente, tiene la facultad para hacer estos nombramientos y la obligación de tomar las decisiones para que la nueva AFAC funcione óptimamente.
Sin embargo, hay temas que en varios años no se han retomado, como el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria que permite tomar medidas de seguridad o preventivas relativas a actos de interferencia ilícita y de terrorismo y que, de acuerdo con Valero, no ha sesionado en los últimos 12 años.
En América Latina hay ejemplos que respaldan la funcionalidad de este tipo de organismos. Cuando se creó la Junta de Investigación de Accidentes (JIAAC) en Argentina, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner nombró a Pamela Suárez como la administradora pública y este cargo fue ratificado por la siguiente administración presidencial de Mauricio Macri.
“En Argentina se decidió que la aviación era importante. Por ello se toma la decisión de desmarcar la del ámbito militar y volverla independiente. E independiente de la administración política en turno, lo que predomina es el interés por el bien de la industria. Me enorgullece mi ratificación porque sabemos que estamos respondiendo a las necesidades” expresó la directora del JIAAC en entrevista con A21.
La creación de la Agencia ahora está en la cancha de la consejería jurídica de la presidencia, que, en los próximos meses, debe dar su aprobación inicial. Posteriormente, el proyecto tiene que pasar a la Cámara de Diputados y finalmente recibir la aceptación por parte de las secretarías de Hacienda y Economía.
Una vez que se terminen las observaciones, el presidente recibirá el proyecto y éste se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Este proceso puede tomar cerca de un año, para que, finalmente, empiece el proceso de modificación de la ley y reglamentos de la ley de aviación civil para pasar la estafeta de la SCT al nuevo organismo.
