El proceso de reestructuración financiera y operativa que promovió Aeroméxico en Estados Unidos no tendría alcance legal dentro del territorio mexicano, a menos que las autoridades nacionales homologuen cada determinación judicial dictada en la corte neoyorkina, de acuerdo con Pablo Casas Lías, abogado en derecho aeronáutico.
Sin embargo, especialistas en transporte aéreo nacional aseguran que la aerolínea mexicana no ha llegado a default, es decir, el impago o suspensión de pagos de una deuda, y lo que sería lógico es que reestructure el mayor porcentaje de su deuda en Estados Unidos y la deuda nacional sea resuelta de manera interna.
De acuerdo con el experto, la corte de quiebras del estado de Nueva York aceptó la solicitud de protección porque Aeroméxico tiene al menos 881 millones de dólares en créditos con bancos estadounidenses y asegurados bajo el Capítulo 11, pero la aerolínea tendría que promover ante las autoridades mexicanas el recurso de Concurso Mercantil, equivalente al proceso que inició en los Estados Unidos, con el objetivo de no dejar indefensos a sus acreedores y evitar nulidades respecto a lo actuado por cortes extranjeras sin jurisdicción nacional.
“La aerolínea garantizó, se domicilió, aceptó y firmó, respecto de ellos únicamente, someterse a la jurisdicción de las leyes americanas, pero eso no implica que todos sus acreedores deban someterse a dicha jurisdicción. Es absurdo pensar que un modesto empleado de la aerolínea o acreedor tenga que viajar a New York y pagar abogado americano para hacer valer su modesto derecho”, aseguró.
Explicó que Grupo Aeroméxico S.A.B de CV es una empresa pública bursátil constituida conforme a las leyes mexicanas y domiciliada en el país y es concesionaria del gobierno federal para la prestación de transporte aéreo, por lo cual, además de aplicarle las normas de derecho privado, le aplican normas de derecho público como la Ley de Vías Generales de Comunicación; Ley de Aviación Civil y su Reglamento, entre otras, por lo que los tribunales federales mexicanos son los competentes para conocer toda controversia, incluso civil, en la que esté involucrada.
“Si la pretensión de la directiva de Aeroméxico es conservar la empresa, lo primero es dar certidumbre jurídica, que implica solicitar el concurso mercantil ante tribunales federales competentes, para que con ello, acreedores, autoridad y empleados, tengan la seguridad de que el apoyo que les sea solicitado, no será en vano y mantendrán así la fuente de trabajo y de negocio“, señaló Casas Lías.
