…está empedrado de buenas intenciones, decían las abuelitas. Ya nos hemos referido antes a los supuestos salvadores de los intereses de los consumidores, que suelen decretar soluciones mágicas, aunque con resultados contrarios a los que pretenden obtener.
Esta vez le toca el turno a los municipios adyacentes al aeropuerto de Monterrey, cuyos ediles han lanzado nuevas reglamentaciones que, en aras de “proteger” a los ciudadanos, están obstaculizando la carga aérea.
Este de la carga es probablemente el sector más sufrido del transporte aéreo, pues es el que menos ha crecido y el que tradicionalmente ha enfrentado mayores problemas en su camino, en detrimento directo del desarrollo económico del país.
Tan ha sido así que, en el acuerdo bilateral de aviación entre México y Estados Unidos, este segmento fue el que más concesiones otorgó como una medida para impulsar el crecimiento que ha permanecido estático no sólo por cuestiones regulatorias, sino por rezagos de infraestructura precisamente en las plazas donde se requiere mayor soporte.
En la espera de la renegociación del TLCAN, muchas empresas mexicanas están en vilo porque los pronunciamientos de Trump se encaminan a encarecer el comercio de bienes y servicios, en una economía que modificó toda su estructura con el fin de aprovechar las nuevas reglas para crear empleos y generar riqueza.
Pero los enemigos no sólo están afuera, hay muchos adentro y entre ellos destacan quienes con el pretexto de proteger a los ciudadanos terminan fastidiándole más la vida. Esto es lo que sucede actualmente en el área metropolitana de Monterrey, cuyos 10 municipios adyacentes (Apodaca, Juárez, García, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santiago) acaban de emitir, por separado pero extrañamente idénticos, reglamentos para inhibir el paso de camiones de carga por sus vialidades.
El pretexto es evitar la contaminación, pero lo que está generando es, además del encarecimiento del servicio de paquetería y carga aérea, mayor contaminación por la dispersión de mercancía que se debe realizar.
Pero vamos por partes: El texto de la modificación establece la prohibición del tránsito de vehículos de carga de más de 3.5 toneladas por cualquier vialidad entre las 6:30 y 9:30 horas y de las 18 a las 20 horas todos los días, independientemente que durante el horario no excluido sólo pueden circular por la “red troncal” del área metropolitana.
La excepción es que podrán circular todos los vehículos de carga y por cualquier arteria, siempre y cuando PAGUEN CONTRIBUCIONES (derechos) fiscales. O sea: como en otros casos emblemáticos, se usa la salud con el único fin de recaudar más impuestos.
El pretexto de evitar contaminación es absurdo, porque la carga suele llegar vía aérea al aeropuerto justo antes de las horas de veda y en aeronaves con capacidades de 15 a 60 toneladas. Esta carga se puede dispersar en dos o tres camiones de carga pesada; pero si éstos se prohíben, entonces es necesario utilizar entre 8 y 30 vehículos, los cuales, sin duda, van a contaminar más y provocarán mayor congestión vial.
En el tratado bilateral está muy claro que las aerolíneas pueden prestar el servicio para transportar carga desde el país de origen y hasta el domicilio del cliente, es decir, que en la tarifa se incluye el tramo aéreo y la “ultima milla” que se contrata con el transporte terrestre y que en este caso se está encareciendo, de modo que deja de ser competitivo.
Y es que una de las ventajas que hacen competitiva a una economía es su capacidad logística. Con estas medidas Monterrey se volverá más caro y menos eficiente.
Por otro lado, estas disposiciones violan la ley al limitar la libertad de tránsito, ante la mirada impávida de muchos funcionarios, incluido el gobernador de ese estado. Algunos legisladores de fuera, como Armando Ríos Peter, se han pronunciado ya en contra de estas medidas. ¿Le harán caso?
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.
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