Como paladines de la justicia del consumidor, en los últimos meses hemos tenido incursiones de diversos actores en el mundo del transporte aéreo. Sin tener mucho conocimiento, aunque sí hartas ganas de mostrar el músculo, los curiosos se han introducido en las leyes, reglamentos y represalias jurídicas, como parte de una andanada de la que aún no vemos las peores consecuencias.
Las modificaciones que hiciera el Congreso a las leyes de Aviación Civil y Protección del Consumidor, empiezan a surtir efecto… con sus bemoles. El decreto que apareció el pasado lunes 26 de junio y entraba en vigor al día siguiente tiene, sin embargo, varios transitorios que no fueron tomados en cuenta por la Profeco, cuyo titular inició el día dando entrevistas e imponiendo multas a diestra y siniestra.
Está bien que los funcionarios se tomen en serio sus funciones (si todos hicieran lo mismo este país sería otro), pero para ello deben respetarse los tiempos que la misma ley establece. En este caso, lo único que se logró fue crear confusión y generar una nota diplomática de los Estados Unidos, para protestar por la imposición de una multa para JetBlue y la amenaza contra United y American, por el tema del cobro de la primera maleta en vuelos hacia ese país.
Si Rafael Ochoa se hubiera tomado el trabajo de consultar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o al menos hubiera leído los decretos completos (en particular el de la Ley de Aviación Civil), hubiera visto que las autoridades aeronáuticas tienen un plazo de 180 días hábiles (o sea, casi nueve meses) para elaborar el reglamento a estas modificaciones, para procesar las Normas Oficiales Mexicanas que se requieren para operar bajo estas nuevas reglas y, en particular, para desarrollar el sistema PÚBLICO, EFICAZ Y EXPEDITO que permita a los usuarios conocer las causas de una demora y determinar de quién es la responsabilidad.
El mismo decreto otorga a las aerolíneas un plazo de 90 días hábiles (casi cinco meses) para adecuar sus procedimientos y cumplir las nuevas disposiciones, así como 90 días naturales para registrar sus políticas de compensación a pasajeros.
Desde el martes 27 comenzaron a sentirse los efectos de la cruzada fallida, pues muchos pasajeros inundaron de quejas las redes sociales y los mostradores de las aerolíneas y la Profeco sin que, desde luego, vieran satisfechas sus reclamaciones.
Por otro lado, el imponer las multas a las aerolíneas que vuelan a Estados Unidos por cobrar la primera maleta generó que al menos Volaris decidiera impugnar y que JetBlue acudiera a su gobierno buscando la protección del bilateral. Es decir, creó problemas sin solucionar nada.
Es verdad que muchos procedimientos de las aerolíneas han causado molestia entre los pasajeros. Unas, porque corresponden a un modelo de negocios de bajo costo que no siempre es bien entendido. Otras, porque en efecto se muestra una gran falta de respeto a los usuarios cuando no se les informa de las demoras ni se les ofrecen alternativas o compensaciones. Y es justo decir que algunas aerolíneas tienen personal bien capacitado y amable y otras definitivamente no. Es la cultura de ciertas empresas que, sin duda, debe cambiar.
Lo que es un hecho, es que estas disposiciones y otras que pretenden legislarse, atentan directamente en contra de los usuarios a los que supuestamente dicen proteger. No estaría mal que antes de tomar decisiones sobre sectores tan sensibles, legisladores y funcionarios pidieran que se les expliquen las consecuencias de llevar a la práctica sus ideas. Mínimo.
Lo oí en 123.45: Nuestro más sentido pésame a los amigos y familiares de Raúl Estrella. Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.
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