Tras la ratificación del Acuerdo Aéreo con los Estados Unidos, México tendrá que analizar la modificación de su estatus en el Protocolo del Convenio de Ciudad del Cabo de 2001, indicó el doctor Rodrigo Soto-Morales, abogado en Derecho Aeronáutico y profesor investigador de medio tiempo en la Universidad Panamericana.
Este protocolo aeronáutico es el instrumento mediante el cual los países firmantes deciden y determinan la ley, y por tanto el procedimiento aplicable en materias de ejecución de garantías de financiamientos utilizados para la renta y adquisición de aeronaves.
Para hacer frente a un caso hipotético de situación de insolvencia por parte de alguna aerolínea mexicana, el convenio indica que hay dos opciones que se pueden tomar.
La opción A supone que los derechos del acreedor para recuperar la posesión de activos aeronáuticos relevantes estarán disponibles dentro de un plazo legal preestablecido que no podrá ser superior a sesenta días naturales. Esto implica que el acreedor tiene derecho a rescindir el contrato en caso de incumplimiento.
Mientras que la opción B –que es la que se aplica en México tras el decreto firmado en abril del 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón– indica que, por el contrario, no acepta el derecho del acreedor a la rescisión del contrato, por lo que éste seguirá produciendo sus efectos durante el procedimiento de insolvencia (concurso mercantil en nuestro caso) mientras el juez, o el órgano de administración de la insolvencia no disponga lo contrario.
El doctor Soto Morales indicó que México deberá analizar las condiciones a las que está sujeto pues, mantenerse en la opción B trae como consecuencia una mala calificación de México como un país de alto riesgo en recuperación de activos para el mercado de capitales.
Esto último se traduce, a la larga, en un freno para el crecimiento de flota para las aerolíneas mexicanas ante una dificultad de tipo legal para los arrendadores de recuperar sus equipos, y, por tanto, dificultad para las empresas mexicanas de acceder a mejores esquemas de financiamiento.
Sin una mejora en las condiciones para el acceso a financiamiento internacional, se me antoja un punto importante y urgente para nuestras empresas. Por eso, creo que lo que sigue es modificar las declaraciones de México con relación a este producto y optar por la opción A”, indicó Soto-Morales.
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