En diferentes medios y espacios a lo largo de las dos últimas semanas se ha difundido la noticia de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha iniciado un proceso de adquisición de sistemas de defensa aérea para Palacio Nacional y otras instalaciones, particularmente para “defenderse” de drones. La lógica esencial es que estos vehículos aéreos no tripulados y controlados en remoto por vía inalámbrica pueden representar un riesgo a la integridad y seguridad de este recinto sede de titular del ejecutivo y a quienes laboran (y en un caso en particular) residen ahí. Hasta cierto punto, esto tiene mucho sentido.
Sin embargo, si hacemos memoria a sucesos ocurridos desde diciembre del 2018 estas afirmaciones dejan de tener sentido al contradecirse entre sí. Sin intención de adentrarnos en detalles y fechas específicas -que para fines de esta reflexión son totalmente intrascendentes- en varias ocasiones (al menos dos) la SEDENA ya había anunciado que entraría en un proceso de adquisición de sistemas anti-drones para Palacio Nacional y otras instalaciones estratégicas. Como en su momento señalamos en este espacio, ¿esto quiere decir que antes de esta administración no existían defensas ante este tipo de tecnología? Le puedo asegurar sin el menor rastro de duda que estas medidas defensivas existían y estaban instaladas y en operación. Claro, todo sistema puede mejorarse, pero es innegable que existía una capacidad de respuesta ante drones y otro tipo de aeronaves que amenazaran instalaciones estratégicas del Gobierno Federal.
Por otro lado, en más de una ocasión, en manifestaciones públicas en 2019 y 2020 en el Zócalo de la Ciudad de México, se había apreciado a personal militar en las azoteas del Primer Cuadro de la capital con equipo que algunos periodistas confundieron con “rifles de francotirador”. Como se apuntó en este espacio de manera expedita, estos eran dispositivos anti-drones, que aparentemente fueron empleados para neutralizar aeronaves no tripuladas de medios informativos, así como -dando un mal uso al equipo- para deshabilitar cámaras, teléfonos celulares, equipos de radiocomunicación, y otros dispositivos de los manifestantes. Ciertamente no es esta su finalidad, pero puede servir para tal fin, ya que están diseñados para deshabilitar equipos electrónicos, específicamente los de los drones.
Entonces, si ya existía el equipo anti-drones antes de esta administración, ya se había anunciado la compra de más equipo (asumamos por un momento que son sólo actualizaciones o modernización de capacidades preventivas) y ya se ha visto a personal militar con una variante del mismo, ¿para qué anunciar que se va a comprar más? ¿Qué no es reiterativo y repetitivo? ¿Por qué se anuncia esta adquisición de esta manera? Aquí es importante entender que este equipo defensivo de instalaciones estratégicas es un recurso de Seguridad Nacional y, por tanto -y por lógica consecuente- sería clasificado como Secreto. De hecho, para fines de contrainteligencia y seguridad de la información, su mera existencia no debería ser declarada. ¿Entonces?
Evidentemente nos enfrentamos a un problema, por cualquier lado que se vea, y de múltiples ángulos. Si efectivamente se va a comprar nuevo equipo, habría que aclarar (para fines de transparencia, claro está) que pasó con el equipo anteriormente instalado. Si va a ser sustituido sería bueno saber por qué, y si solo es una actualización/modernización sería conveniente se aclarara qué pasó con la instalación anterior, o bien cómo se fortalece la seguridad de los inmuebles nacionales. En tal caso, es un sinsentido anunciar la compra de estos equipos, a razón que su existencia y despliegue es por definición clasificado, y no debe ser publicitado.
Lo mismo ocurre para otro tipo de compras en materia de Defensa y Seguridad Nacional, ya que buena parte de estas adquisiciones son discretas y por adjudicación directa. Posiblemente no sea el mejor ni más transparente mecanismo de adquisición, pero la ley lo permite por la sensibilidad del tema. Pero en este caso ¿por qué anunciarlo? ¿qué no había ya ese equipo? ¿y las contramedidas anteriores? ¿qué impresión quieren que se transmita al público con estas notas?
Más allá de estas preguntas que considero importantes, debemos reconocer el riesgo inherente que los drones representan en materia de Defensa y Seguridad. Ciertamente, hay ejemplos donde estos equipos han sido llevados con explosivos, y en México hemos tenido algunos casos notables en el norte y occidente de México. Esta es una posibilidad de empleo y que realmente no es difícil ni compleja. Es una amenaza real, sin duda; pero la mayor parte de los equipos no tripulados adquiridos comercialmente no se encuentran diseñados para carga y traslado de otros dispositivos, en este caso explosivos. El referente que viene en mente es el del atentado con un dron a Nicolás Maduro en Venezuela en 2018, que acabó siendo demostrado como un auto-atentado y como una farsa mediática. Por lo tanto, aunque existe riesgo, éste es relativamente bajo en el México real.
El otro uso de estos dispositivos -de hecho, su función primaria de fábrica para la mayoría- es la de transportar una cámara de video y transmitir remotamente estas imágenes. Es decir, los drones pueden ser usados para fines de adquisición de información y de inteligencia. Como amenaza esta aplicación es real, y ciertamente ofrece un reto importante para las autoridades. Inhibidores de señal, jammers, neutralizadores y otras tecnologías pueden ser usadas para disuadir y repeler estos drones, y ciertamente Palacio Nacional debe ser salvaguardado. Pero en términos reales, muy poca información de alto valor puede ser adquirida de manera consuetudinaria empleando drones de ese recinto, ya que la mayor parte de la información sensible esta en las oficinas, no en exteriores.
En otras palabras, mientras que ciertamente es importante contar con medidas preventivas y de resguardo ante drones en Palacio Nacional, anunciar que estos medios existen es un total contrasentido, y una falla inherente a la lógica de protección de las instalaciones estratégicas. Por otro lado, mientras existe la necesidad de la redundancia en las medidas preventivas, también existe un límite que acota los rendimientos decrecientes: si hay demasiadas medidas colocadas, por eficientes que sean de manera individual, su uso combinado o coordinado tiende a ser menos eficaces al cancelarse entre si o no ser empleadas oportunamente. Esto es lo que podría pasar si se cuentan con tantos sistemas anti drones. Pero realmente, esto es poco probable.
Es entonces, esa serie de declaraciones en torno a la adquisición de estos equipos una muestra de o una total falta de sensibilidad en el manejo de información sensible, una muestra de transparencia que evidencia una mayor falta de transparencia, una incongruencia en materia de contrainteligencia, o una cobertura para el ejercicio de recursos de defensa en otros propósitos. No es como que no haya antecedentes de esta última opción, y prácticamente todos los gobiernos del mundo han empleado historias de cobertura para otros programas y egresos clasificados. La realidad es que no lo sabremos, ya que, aunque se pregone transparencia gubernamental la evidencia de los últimos tres años ha demostrado exactamente lo contrario. Tal vez la respuesta a esta interrogante la tengamos si captamos en algunas semanas en el Zócalo de la Ciudad de México volando un dron comercial.
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