Excluyen deuda venezolana del acuerdo de fusión entre Air Europa e Iberia

Dejan fuera del acuerdo de fusión con Iberia los 200 millones de dólares en deuda venezolana, evidenciando los desafíos de las empresas españolas en el país sudamericano

Air Europa e IAG acordaron excluir del acuerdo de fusión con Iberia los 200 millones de dólares —equivalentes a unos 180 millones de euros— que el Estado venezolano retiene de la aerolínea Globalia. 

Este monto proviene de la venta de boletos en Venezuela entre los años 2013 y 2019, y aún no se ha repatriado debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro.

En 2019, Air Europa contrató a Víctor de Aldama para mediar en las negociaciones con las autoridades venezolanas con el objetivo de recuperar esta deuda millonaria. 

Aldama es uno de los principales implicados en la 'trama Koldo' y está imputado como principal intermediario en las operaciones de compra de cubrebocas por parte de entidades públicas españolas durante la pandemia del COVID-19.

Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron a El Periódico de España que, a pesar de las expectativas, la aerolínea Globalia aún no logra cobrar la deuda. 

Hasta el momento, las autoridades venezolanas proponen compensaciones a la compañía española, que incluyen el pago con criptomonedas, petróleo e incluso la transferencia de la propiedad de activos hoteleros estatales en destinos turísticos como Isla Margarita. Sin embargo, todas estas propuestas fueron rechazadas por los actuales propietarios de Air Europa.

Esta situación deja en evidencia los desafíos legales y financieros que enfrentan las empresas españolas que operan en Venezuela debido a las políticas económicas y las restricciones gubernamentales del país sudamericano. 

Además, el caso pone de relieve la complejidad de las relaciones comerciales internacionales en un contexto marcado por la volatilidad política y económica. 

En este sentido, la decisión de Air Europa e IAG de separar esta deuda del acuerdo de fusión con Iberia sugiere la importancia de proteger los intereses financieros de las empresas involucradas en procesos de integración empresarial.