El gobierno puede ejercer una política aeronáutica de solidaridad con la industria
Ante los problemas de operación y servicios de la aerolínea Interjet, expertos en la materia se cuestionan si la compañía podría o no ser requisada.
Por un lado, el abogado en derecho aeronáutico, Pablo Casas Lías, señaló que es inviable legalmente una requisa a Interjet, acción que aseguraría los activos de la aerolínea y su operación para garantizar la prestación del servicio aéreo como un bien nacional.
En su explicación, el abogado informó que, de acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación (art. 112) y la Ley de Aviación Civil (art. 83) este procedimiento es procedente solo en casos de desastre natural, guerra internacional, grave alteración del orden público o peligro inminente para la seguridad nacional, paz interior o para la economía nacional; Interjet no se ubica en ninguna de esas hipótesis.
“Es imposible que mediante esa figura, el estado adquiera deuda, pagos y responsabilidades contraídas por personas físicas y morales, lo que aún decretándolo, no salvaría de la quiebra a ABC Aerolíneas”, señaló Casas Lías.
En contraparte, la especialista en aviación y abogada en derecho aeronáutico, Rosa María Montero, señaló que el Estado tiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo una requisa, sin embargo aclaró que si se hiciera un rescate las acciones que se tomen deberán favorecer a todas las concesionarias de la industria aérea para fortalecer las vías generales de comunicación.
Según reporta la consultora especializada Rosa Náutica, hay otras acciones que el gobierno puede tomar, como parte de una política aeronáutica de solidaridad con la industria, basada en el interés público y con el fin de salvaguardar la vía general de comunicación. Esto puede ser mediante el apoyo económico basado en la disminución de sus adeudos de servicios prestados por empresas públicas y por el propio Estado, por ejemplo, eliminando la actualización y recargos en impuestos y derechos, suprimir cantidades derivadas de cláusulas de penalización por retraso en los pagos y la elaboración de un calendario de pagos parciales.
Con esta medida la aerolínea creada por la familia Alemán podría continuar con su operación y garantizar las fuentes de trabajo, además que se preservaría una empresa.
No obstante, Montero recalcó que se deben considerar los otros adeudos, mismos que se ubican en distintas naciones (como en Estados Unidos), los cuales se van agravando conforme la crisis por la pandemia avanza y repercute en la aviación.
“Suponiendo que se rescata o se apoya con inversión pública, de cualquier manera (Interjet) tiene que pagar los adeudos en EU, y el Estado tendría que confiar en que aquí va a pagar los servicios y los impuestos, tiene que dar garantías de pagos, y ¿con qué activos?”, señaló la especialista.
La abogada señaló que la compañía debió presentar un plan adecuado en su momento y negociar con el gobierno en búsqueda de evitar la crisis.
Por su parte, Casas Lías señaló que la requisa es una figura político-jurídica, obsoleta y en desuso. Tuvo su origen en la coyuntura de la segunda guerra mundial, cuando en los círculos gubernamentales se consideró la necesidad de disponer de un marco jurídico que garantizara plenamente el funcionamiento de las comunicaciones frente a posibles sabotajes provocados por agentes extranjeros.
En el caso de Interjet, es una aerolínea que no pone en peligro la economía nacional.
"Es decir, hace un par de años, por lo menos, que esa aerolínea no impacta en lo absoluto al mercado aéreo nacional. Aunado a lo anterior, la oferta actual de asientos de avión, cubre sobre manera, la demanda de los mismos" señaló el abogado.
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