Uno de los temas que de manera intencional se dejaron fuera de las negociaciones, primero del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), negociado a inicios de los 90’s y luego del T-MEC hace 5 años, fue el transporte aéreo.
Una de las razones para ello es el marco estructural y legal en el que se mueve la aviación en el mundo, ya que las relaciones en este tema entre países están regidas por el Convenio de Chicago, que dio origen a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y además las negociaciones específicas son bilaterales, de manera que es difícil que entren en un marco comercial como el que rige a los tratados en esa materia.
El asunto es que desde hace muchos años, la relación entre México y Estados Unidos en cuanto al transporte aéreo, aunque se circunscribe al asunto de derechos de explotación de rutas y a asignación de aerolíneas, está inmersa en un entorno mucho más amplio que es el creciente comercio bilateral, finanzas, inversiones; los problemas de migración, tráfico ilícito de substancias, personas y armas y esto puede o ayudar a hacer crecer el mercado de transporte aéreo (como en realidad así ha sido desde 1994 con el TLCAN, que impulsó tanto el transporte de personas como de mercancías), como a entorpecer el diálogo entre gobiernos, como está sucediendo en este sexenio a raíz de una serie de medidas tomadas de forma unilateral por parte de México y que tienen que ver con la infraestructura aeroportuaria y su gestión, cara a los operadores aéreos, sean estadounidenses o no.
El hecho es que hoy, ante esos desencuentros que ha vivido la relación bilateral México-EU por las decisiones de prohibir a las aerolíneas exclusivas de carga operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con un claro sesgo para que se muden al Felipe Ángeles (AIFA), además de que a la cancelación del prometido Texcoco han seguido una serie de recortes de capacidad en el aeropuerto capitalino, también con la idea de darle viabilidad al AIFA, han terminado por enrarecer el ambiente entre autoridades de aviación de ambos países.
Los que van a pagar los platos rotos son las empresas privadas. En este caso Delta y Aeroméxico, por un lado y Viva y Allegiant por el otro, más la inhibición que esto representa para cualquier otra alianza, ya que la falta de cumplimiento de compromisos de largo plazo -plasmados en el convenio bilateral de aviación entre nuestros dos países-, ha provocado que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) decida no recomendar la autorización de dichas alianzas.
A la postre, lo que va a sufrir es el mercado bilateral (35 millones de pasajeros) y en realidad, los usuarios del transporte aéreo, también muy castigados por estas decisiones, porque la restricción a la oferta en el AICM ha hecho que los precios de los boletos de avión en rutas desde este aeropuerto se vayan a la estratósfera en estos tiempos.
Será difícil que las autoridades de transporte de ambos países den su brazo a torcer porque el nivel de relación bilateral está en sus peores niveles, hasta donde se recuerda (peor aún que con Echeverría). Un desencuentro que a nadie beneficia. E-mail: raviles0829@gmail.com
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