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28/03/2024

Revisiones de la CBP a electrónicos: ¿legales o abusivas?

Daniel Martíne… / Lunes, 26 Marzo 2018 - 11:36
En 2017, la CBP realizó revisiones de electrónicos a más de 30 mil viajeros

Con los recientes cambios políticos y de seguridad nacional en los Estados Unidos, uno de los temas recurrentes ha sido la revisión de aparatos electrónicos por parte de la policía fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) al momento de ingresar al país, que pueden ocasionar que se rechace la entrada de personas a territorio estadounidense.

Sin embargo, cabe aclarar que las posibilidades de que la CBP te detenga para una revisión más minuciosa, en la que observen tus archivos personales contenidos en computadoras y celulares, son mínimas.

En 2017, de los 397 millones viajeros internacionales que entraron a los Estados Unidos, sólo 30 mil 200 fueron sometidos a revisiones más exhaustivas; es decir, apenas el 0.007 por ciento de quienes ingresaron al país.

Como menciona la abogada aeronáutica mexicana, Rosa María Montero Montoya, el gobierno estadounidense está en libertad de emitir y aplicar leyes y reglamentos específicos por razones de seguridad nacional.

Sin embargo, en caso de que exista una violación a los derechos de cada individuo, se puede “solicitar la protección consular para documentar el abuso y obtener el apoyo nacional”, señala Montero Montoya.

Además, dependiendo del grado de violación de los derechos de cada persona, se puede acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y presentar una queja, luego de agotar las instancias ante el gobierno estadounidense, puntualiza.

En la actualidad diversos organismos se han pronunciado ante la CIDH en contra del endurecimiento de las políticas de inmigración de los Estados Unidos, así como contra la revisión de celulares y redes sociales, consideradas como prácticas de invasión a la privacidad y al derecho de expresión.

Es por eso que la Comisión ha exhortado a este país a no ejercer acciones como las de la CBP, sin embargo, las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes, y el gobierno estadounidense no tiene obligación de implementarlas.

 

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