La industria de la aviación estadounidense es un motor económico para este país, y está en la mira de todos ante la llegada del Presidente Trump, ya que esta industria representa aproximadamente el 5% del PIB del país, es decir alrededor de 1.45 billones de dólares en 2024 según datos de Airlines.org; además  que genera más de 10 millones de empleos en esta nación, y que es un sector que depende de un complejo entramado de agencias federales cuyo liderazgo resulta crucial para la seguridad y desarrollo del sector aéreo.

1.DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE (DOT)

Como entidad matriz de la Administración Federal de Aviación (FAA), el DOT establece las políticas generales de transporte nacional. Como secretario, fue designado a Sean Duffy, quien como miembro del gabinete presidencial, influye directamente en decisiones críticas sobre infraestructura aeroportuaria, regulaciones de aerolíneas y asignación de recursos federales para la modernización del espacio aéreo.

Pero la gran pregunta es sobre su transición ¿De Estrella de realitys y Comentarista de FOX a secretario de Transporte?

La nominación de Sean Duffy como secretario de Transporte marca un giro controversial en el liderazgo de una de las agencias más técnicas del gobierno federal. El perfil de Duffy, es de un abogado, fiscal, político, así como estrella de reality shows como “The Real World Boston”, “Road Rules All Stars”, entre otros, y comentarista “personalidad de televisión estadounidense”. De ser copresentador de “The Bottom Line” en Fox Business a liderar una dependencia que supervisa un presupuesto anual de más de $87 mil millones, el camino de Duffy genera tanto escepticismo como apoyo.

Duffy, de 53 años, saltó a la fama inicialmente como participante de “The Real World: Boston”, antes de forjar una carrera política como fiscal de distrito en Wisconsin y posteriormente representante en el Congreso. Su actual rol como comentarista en Fox News lo ha mantenido en la esfera pública, aunque alejado de la gestión directa del transporte. Sin duda, cuenta con una carrera poco convencional para llegar a dirigir una de las Dependencias importantes del Gabinete del Presidente Trump.

¿Qué puntos pudo ver Trump para nombrarlo al frente de la DOT?:

• Experiencia legislativa: Ocho años en el Congreso le proporcionan conocimiento del proceso legislativo y negociación política.
• Habilidades de comunicación: Su experiencia en medios podría ser valiosa para comunicar políticas complejas
• Conexiones políticas: Relaciones establecidas en el Congreso podrían facilitar la aprobación de iniciativas
• Experiencia en supervisión presupuestaria como congresista

¿Que podría preocupar?

• Limitada experiencia en transporte: No tiene antecedentes significativos en gestión de infraestructura o aviación, situación que hemos visto no solo en Mexico, si no en varias partes del mundo que las personas que ponen al frente de estas dependencias, no tienen la experiencia necesaria en el sector que estarán
• Falta de experiencia ejecutiva: No ha dirigido organizaciones de la escala del DOT
• Ausencia de background técnico: Carece de la experiencia técnica tradicionalmente valorada en el puesto
• Potencial politización: Su perfil mediático podría politizar decisiones que requieren neutralidad técnica

Desafios para el sector aéreo:

El DOT enfrenta retos críticos que requerirán liderazgo experimentado, retos inmediatos que podemos mencionar tan solo alguno como:

1. Crisis de seguridad en la aviación comercial
2. Implementación de programas de infraestructura multimillonarios
3. Modernización del espacio aéreo nacional
4. Regulación de nuevas tecnologías como vehículos autónomos y eVTOLs

Sin duda la nominación de Duffy representa un alejamiento de los perfiles tradicionalmente técnicos que han liderado el DOT. Si bien sus habilidades políticas y de comunicación podrían ser valiosas, “su falta de experiencia en transporte plantea interrogantes sobre su capacidad para gestionar crisis técnicas complejas y mantener la seguridad del sistema de transporte más grande del mundo”.

El éxito de Duffy dependerá crucialmente de su capacidad para rodearse de expertos técnicos y mantener la independencia de las decisiones regulatorias frente a presiones políticas. Su confirmación en el Senado probablemente enfrentará un intenso escrutinio sobre estas preocupaciones.

2. ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE AVIACIÓN (FAA)

Actualmente, la FAA se prepara para un nuevo cambio de liderazgo. Michael Whitaker, quien era titular de la agencia, desde diciembre confirmó que, a partir del 20 de enero de 2025, “no continuaría en el cargo”, tras la toma de protesta de Donald Trump, marcando otro capítulo en historia reciente de la autoridad aeronáutica estadounidense.

La salida de Whitaker, quien había recibido una inusual confirmación unánime del Senado en octubre de 2023 por su experiencia de más de 30 años en aviación, no nos sorprende; esto derivado de las tensiones entre la FAA y Elon Musk, uno de los principales aliados del presidente electo Trump, por las multas impuestas a “SpaceX” por presuntas violaciones a los requisitos de licencia de lanzamiento, habían anticipado este desenlace.

En el primer mandato de Trump, la FAA estuvo dirigida por Daniel K. Elwell y posteriormente por Steve Dickson, períodos marcados por la crisis del Boeing 737 MAX y un enfoque hacia la desregulación del sector. Podemos afirmar que el nuevo nombramiento podría seguir una línea similar, privilegiando la eficiencia operativa sobre la regulación estricta. Esta transición de la FAA llega en un momento que será crítico para la aviación estadounidense, pues enfrentará diversos retos, desde la integración de nuevas tecnologías como las aeronaves espaciales comerciales y los vehículos aéreos no tripulados.

En vista de la estrecha relación que Trump tiene con Elon Musk, mismo que forma parte del Gabinete de Donald Trump, no dudaríamos en que el próximo director de la FAA provenga de un “círculo cercano a Musk” o alguien que este estrechamente ligado a la aviación comercial espacial, lo que podría presentar un cambio en el perfil tradicional que ha venido marcándose en la FAA.

La gestión de Whitaker se caracterizó por enfrentar la crisis de seguridad de Boeing, particularmente después del incidente del Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines en enero de 2024, y por impulsar la modernización de la infraestructura aeronáutica. Su sucesor heredará estos desafíos, además de la necesidad urgente de incorporar personal capacitado para el control de tránsito aéreo y los servicios de navegación.

Quien sea que resulte designado como el próximo administrador de la FAA tendrá que equilibrar las presiones por la necesidad de mantener los más altos estándares de seguridad, especialmente con el tema de BOEING, ya que la actual administración tuvo una supervisión estrecha a este fabricante de aviones, en virtud de haberse declarado culpable de “conspiración por cometer fraude”, después de que se descubriera que esta empresa incumplió con un acuerdo que pretendía reformar la empresa tras los dos accidentes fatales en 2018 y 2019 de sus 737 MAX, por medio del cual la FAA y Boeing alcanzaron un acuerdo de enjuiciamiento diferido, donde se estableció que el fabricante aeronáutico evitaría acciones legales a cambio de pagar sanciones económicas (una multa de 243.6 millones de dólares) y someterse a un período de tres años de estricta vigilancia regulatoria, que incluía mayor supervisión de sus procesos y la obligación de presentar informes detallados sobre sus operaciones y procedimientos de seguridad.

Este tipo de acuerdo, sin precedentes en la industria aeronáutica estadounidense, reflejó tanto la gravedad de las infracciones como el delicado equilibrio entre la necesidad de mantener la responsabilidad corporativa y preservar la viabilidad de uno de los principales fabricantes aeronáuticos del mundo

La salida de Whitaker marca el fin de un período de estabilización en la FAA, tras años de liderazgo interino durante la administración de Biden. La industria aeronáutica estadounidense y también la del mundo entero, observará con atención quién será elegido para dirigir la FAA en esta nueva etapa, consciente de que las decisiones que se tomen afectarán el futuro de la aviación civil en los próximos años.

En la siguiente parte estaremos analizando el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Seguridad en el Transporte, así que nos vemos la próxima semana, para continuar este vuelo.

¡Hasta el próximo vuelo!

Era Calderón

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Boeing podría obtener ayuda financiera a medida que la pandemia de COVID-19 suspende los viajes y fabricación a nivel mundial.

De acuerdo con los reportes, el fabricante norteamericano confirmó que busca 60 mil millones de dólares en apoyo federal, principalmente en garantías de préstamo para la industria aeroespacial.

“Los fondos apoyarían la salud de la industria de la aviación en general, porque gran parte de cualquier apoyo de liquidez a Boeing se utilizará para pagos a proveedores para mantener la salud de la cadena de suministros”, indicó el fabricante.

Asimismo agradecieron el apoyo del Presidente y la Administración, ya que con esto beneficiarán a los 2.5 millones de empleos y sus 17 mil proveedores.

Recientemente las aerolíneas estadounidenses solicitaron un préstamo al gobierno por 50 mil millones de dólares; a ellos, se le sumaron los transportistas de carga con 8 mil mdd y los aeropuertos pidieron una ayuda de 10 mil mdd ante la emergencia.

“Sí, creo que tenemos que proteger a Boeing. Tenemos que ayudar absolutamente al fabricante. Obviamente, cuando las aerolíneas no lo están haciendo bien, Boeing no lo hará bien. Así que lo ayudaremos”, indicó Trump.

Ahora la administración del mandatario está discutiendo un paquete de estímulos de base amplia de hasta 1.2 mil millones de dólares para mitigar el impacto económico de la crisis.

Esta crisis se suma a la la deuda del fabricante luego de poner en tierra su B737 MAX.

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de los Estados Unidos (NATCA por sus siglas en inglés) demandó a la administración del presidente Donald Trump por la continuación del cierre parcial de Gobierno en ese país.

En el documento legal que presentaron ante una corte del Distrito de Columbia, los miembros de NATCA acusan que desde el 22 de diciembre de 2018 han tenido que trabajar sus horarios regulares sin recibir pago alguno debido a la decisión de Trump de cerrar el gobierno de Estados Unidos.

Los controladores exigen que se instaure una “restricción temporaria y preliminar, además de un interdicto permanente contra los acusados, por su violación de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

New shutdown suit: Air traffic controllers union sues Trump https://t.co/vg0BaHfETe #FAA pic.twitter.com/84Lg7nxZON

— Mike Scarcella (@MikeScarcella) 11 de enero de 2019

“Los demandantes y aquellos situados en situaciones similares han trabajado ya dos semanas completas sin compensación y continuarán trabajando sin compensación hasta que el gobierno reabra”, señala el punto 30.

Cabe recordar que, tras 21 días, este cierre ya es el más largo en la historia de los Estados Unidos, empatado en primer lugar con el que ocurrió entre 1995 y 1996.

Luego de que se anunciara el cierre de Gobierno, la administración Trump declaró que ciertos empleados federales –dada su labor esencial para el funcionamiento de la nación, como los controladores aéreos– se encontraban “exentos” del cierre, por lo que se verían forzados a continuar su trabajo y tareas sin paga alguna.

“Los controladores son responsables de asegurar la ruta de cientos de miles de vuelos, y muchas veces trabajan turnos largos y con horas extra. De hecho, el trabajo de los demandantes es tan riguroso y requiere de habilidades tan raras que la Administración Federal de Aviación (FAA) tiene problemas para mantener un equipo completo de controladores de tránsito aéreo certificado, aún en circunstancias normales”, señalaron.

Autoridad responde

El día de ayer, la FAA informó en un tuit que la seguridad sigue siendo su prioridad principal y que, mientras dure el paro gubernamental, asignarán sus recursos con base en una medición de riesgo para así cumplir con todas las funciones críticas de seguridad.

#FAA Statement: #Safety continues to be our top priority. pic.twitter.com/3HA4QvT3Td

— The FAA (@FAANews) 10 de enero de 2019

Recientemente, el sindicato de la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (TSA) también señaló que sus oficiales están entre los peores pagados en la administración estadounidense y cuentan con los niveles más bajos de moral, por lo que “trabajar por semanas sin recibir compensación sólo empeora la situación”.

Otros organismos estadounidenses que han hecho un llamado para terminar con el cierre son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos de Norteamérica (ACI-NA).

Twitter: @rsotomorales

“Vamos a tener la Fuerza Aérea y vamos a tener la Fuerza Espacial, separadas pero iguales”

—Donald Trump, 18 de junio de 2018

El pasado lunes 18 de junio, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, se dirigió a legisladores y al Consejo de Seguridad Nacional (NSC por sus siglas en inglés) para reclamar la falta de atención que, según él, recibió el espacio exterior durante la pasada administración. 

Subrayó que un rasgo distintivo de la herencia y cultura estadounidense siempre ha sido conquistar nuevos horizontes y traspasar nuevas fronteras, por lo que hizo un llamado a la creación de la “sexta rama” de las fuerzas armadas de su país, la que denominó “Space Force”. Con esto, afirmó que se lograría asegurar el dominio de los Estados Unidos en el espacio, asunto que hoy en día no sólo es de interés, sino cuestión de Seguridad Nacional. Por ello, ordenó al Pentágono empezar “de inmediato el proceso de creación de estas fuerza armada espacial.”

President Donald Trump calls for ‘space force’ that would become a sixth branch in major military revamp https://t.co/A3rC65fohj

— The Wall Street Journal (@WSJ) 18 de junio de 2018

Esta decisión dará un impulso vertiginoso a la Guerra Fría del Siglo XXI y la Carrera Espacial de los próximos doscientos años. China, Rusia y Europa estarán ahora ponderando sus contramedidas y ajustando sus planes, al tiempo que tratarán de discernir en qué temas pueden contar con Estados Unidos y en cuáles no. 

Ante este nuevo panorama, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) será ahora mismo un hormiguero donde los encargados de recolectar y analizar la información estratégica sobre la industria buscarán detalles y confirmaciones. Es casi imposible que esto no se haya sabido antes entre los aliados. Pero con Trump —durante la misma elección en la que llegó al poder, y por lo que hemos atestiguado durante su mandato en los últimos meses—, lo imposible no es descartable.

Militarizar el espacio es un hecho consumado desde la carrera espacial de los tiempos de posguerra. Los satélites primero fueron equipo militar y luego se les dieron usos civiles.  Incluso tras el fin de la Guerra Fría, y hasta ahora, se han priorizado los usos militares sobre cualquier otro. 

La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos es el foro para el desarrollo del derecho espacial internacional, adscrito a la ONU, también debe estar ponderando la situación. Esta Comisión ha concluido cinco tratados internacionales y cinco conjuntos de principios sobre actividades relacionadas con el espacio. 

Estos cinco tratados (disponibles en este sitio) abordan cuestiones como: la no apropiación del espacio ultraterrestre por un país, el control de armas, la libertad de exploración, la responsabilidad por daños causados ​​por objetos espaciales, la seguridad y el rescate de naves espaciales y astronautas; la prevención de interferencia perjudicial con las actividades espaciales y el medio ambiente; la notificación y el registro de las actividades espaciales, así como la investigación científica y la explotación de los recursos naturales en el espacio ultraterrestre, y la solución de controversias. 

Cada uno de los tratados subraya la noción de que el espacio ultraterrestre, así como las actividades que se lleven a cabo en él, y los beneficios que puedan obtenerse de él deben dedicarse a mejorar el bienestar de todos los países y la humanidad, haciendo hincapié en la promoción de la cooperación internacional.  

Cooperación internacional para el bien de la humanidad o… 

No es difícil leer las intenciones y el estilo de Trump. Al contrario, sus mensajes son definidos y directos. Trump quiere mantener el dominio del espacio ultraterrestre, desde el punto de vista tanto militar como civil, comercial, etcétera. Estados Unidos cuenta con la tecnología para ello, y, en términos económicos, solamente China podría superarlo. De allí su guerra comercial contra el gigante asiático y sus negociaciones con Corea del Norte. 

Trump va a negociar para promover su meta, y cumplirá con quien lo apoye. Aquél país o sujeto que no represente una ventaja o posibilidad de lucro en favor de su estrategia, sencillamente está fuera de su agenda. Y, en algunos casos, no merece ni la mínima cortesía. Trump se ha convertido en lo que John Rawls llamaría un “Free rider”, un estratega aislacionista que no está a favor de la globalización ni del multilateralismo, si estos no le convienen. 

Con su imposición de aranceles, el mandatario estadounidense ha demostrado que el derecho internacional del comercio exterior no le importa, veremos si ahora le importa el “Tratado del Espacio Exterior” sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes. Aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2222 (XXI), abierta a la firma el 27 de enero de 1967, entró en vigor el 10 de octubre de 1967. Sus países depositarios son Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, y los últimos cambios al tratado se ratificaron en 1992.

La actitud de Trump era de de esperarse, como de era de temer el inhumano espectáculo que los Estados Unidos han dado al mundo con la separación de padres e hijos migrantes. El tema aquí es que, según el Derecho internacional, ningún Estado tiene soberanía, propiedad o derecho de preferencia sobre el espacio ultraterrestre, ni la Luna, ni los cuerpos celestes; y su uso sólo debe ser científico y pacífico. 

El anuncio del lunes pasado sin duda agrega tensión hacia fuera y hacia dentro del país norteamericano. Lo único que quedaría por esperar es que en las concreciones de este plan vengan los matices, como ha sucedido en otras ocasiones con esta administración, que no siempre ha podido llevar a cabo tal cual lo que proclama.

Es momento de desempolvar el Derecho Espacial —que es un derecho internacional por antonomasia— y agudizar la diplomacia para que todo se interprete y se ejecute en su justa y debida proporción. Esperemos que el “pluralismos razonable” se manifieste en la Cámara de Representantes y en el senado estadounidense para que esa vocación de avanzada sea en pro de la humanidad entera, pues como dicen en béisbol: “jugar a los soldados en el espacio es jugar en ligas mayores…”.

Ante los últimos acontecimientos relacionados con políticas del gobierno de Donald Trump y que provocaron la separación de familias de migrantes que cruzaron hacia la Unión Americana, Volaris anunció su disposición de colaborar con autoridades de Estados Unidos, México y de los países donde opera en Centroamérica, con el fin de reunir, sin costo alguno, a los niños y niñas que así lo requieran con sus padres.

En un comunicado, la aerolínea de ultra bajo costo aclaró que dicha iniciativa se realizará en concordancia con las leyes y convenios internacionales correspondientes.

“Desde su fundación, Volaris tiene como misión unir a las familias, base de la sociedad. Nuestra vocación es que permanezcan juntas, por lo que ante esta coyuntura refrenda su compromiso para que juntos puedan construir su futuro”, añadió.

Según el Instituto Nacional de Migración (INM), el Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) permite el traslado vía aérea de connacionales desde Estados Unidos, en un vuelo directo con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Una vez ahí, personal del INM los recibe y les brinda servicios como alimentos, consulta médica, transportación y opciones de reincorporación a la vida económica y social en sus lugares de origen y/o residencia.

De acuerdo con cifras al mes de abril de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en lo que va de 2018 han sido repatriados a través del PRIM 6 mil 703 connacionales vía el AICM.

La aerolínea estadounidense American Airlines informó que no desea ser asociada con las acciones del gobierno de Estados Unidos, que está separando familias de migrantes mexicanos y centroamericanos. 

“Por lo tanto, hemos pedido al gobierno federal abstenerse inmediatamente de usar American para el propósito de transportar niños que han sido separados de sus familias debido a la actual política de inmigración”, señaló la empresa en un comunicado. 

American añadió que no quieren ser asociados con la separación de familias “o peor, tener ganancias por esto”. 

En el pasado, la aerolínea ha trabajado con organizaciones no gubernamentales y el gobierno para transportar refugiados “muchos de los cuales han sido reunidos con sus familias y amigos”.

A la fecha, American Airlines declaró que no tiene conocimiento de que el gobierno estadounidense use sus servicios para separar familias, pero que “estarían extremadamente decepcionados de enterarse que este ha sido el caso”, puntualizaron. 

Por su parte, la aerolínea United también hizo su parte, al publicar una imagen en sus redes sociales en la que pidió lo mismo al gobierno federal, que no utilice sus vuelos para transportar niños separados de sus familias. 

“Nuestra compañía tiene el propósito de conectar gente y unir el mundo. Esta política y su impacto en miles de niños entra en conflicto con nuestra misión y no queremos ser parte de ella”, señaló el presidente de United, Óscar Muñoz. 

Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, indicó que revocarán las licencias de las empresas aeronáuticas Boeing y Airbus para vender aviones de pasajeros a Irán, tras la decisión del presidente Donald Trump de salir del acuerdo nuclear que tenían varios países con el régimen iraní. 

Diversos analistas señalan que ambas empresas perderán cerca de 39 mil millones de dólares en contratos por la reimposición de las sanciones del régimen estadounidense. 

El gobierno de Trump señaló el martes que las empresas estadounidenses con negocios en Irán tendrían un plazo de entre 90 y 180 días para reducir sus actuales contratos. 

Esta decisión afecta directamente a Boeing y Airbus que, desde 2015, habían firmado acuerdos para la compra de aeronaves. Iran Air había pedido 80 aviones a Boeing, con un costo estimado en 16 mil 600 millones de dólares. Asimismo, la aerolínea pidió a Airbus otras 100 aeronaves, con un costo aproximado de 19 mil millones; de las que hasta el momento sólo se han entregado tres.

La empresa aeronáutica europea se ve afectada por el fallo de Trump, pues posee una planta en Mobile, Alabama, además de que hasta el 10% de las partes de sus aviones es construido por compañías estadounidenses como General Electric. 

Al respecto, Boeing señaló en un comunicado que se apegarán a la decisión del gobierno de Estados Unidos. “Continuaremos siguiendo el liderazgo del gobierno estadounidense”, indicó Dennis Muilenburg, director de la empresa. 

En 2017, la administración de Trump presentó la propuesta FY18 en el presupuesto de dicho año donde se apoyó la reforma de tráfico de control aéreo propuesta por el representante Bill Shuster para privatizar esta función que actualmente le corresponde a la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés).

La Oficina de Presupuestaria y Administrativa de la Casa Blanca catalogó esta reforma como una acción transformadora que crearía una corporación innovadora que respondería a las necesidades de los servicios de tráfico aéreo en Estados Unidos.

Con esta medida, los contribuyentes no tendrán que sostener este gasto público que no necesariamente utilizan.

The Trump administration supports long-standing, bipartisan efforts to reform
America's air traffic control system. #21AIRRact #SOTU pic.twitter.com/ZuVGkkucB8

— On Time Flights (@OnTimeFlights) 31 de enero de 2018

No obstante, esta reforma no ha recibido suficiente apoyo en la Cámara de Representantes y ni siquiera ha llegado al pleno para una consecuente votación en el Senado, en gran parte ya que la Asociación Nacional de Aviación de Negocios (NBAA, por sus siglas en inglés) incentivó a varios legisladores a no apoyar esta propuesta.

Esta reforma posiblemente entraría en votación antes del 31 de marzo, fecha en la cual el órgano legislativo tiene que renovar el mandato de la FAA. Hasta ahora, no ha habido indicios claros que Shuster vaya a seguir apoyando esta propuesta, ya que ha hecho énfasis en otras reformas de infraestructura en las últimas semanas.

Durante el año pasado, se realizaron tres intentos para pasar una legislación en torno a la renovación del mandato de la FAA, pero la polarización con los representantes demócratas y republicanos estropeó el progreso de esta acción legislativa.

En un mensaje en Twitter, la dependencia agradeció a Huerta por su liderazgo para impulsar a la comunidad de aviación de los EU en términos de seguridad, colaboración y tecnología.

Thank you #FAA Administrator Michael Huerta. Your leadership over the past five years has helped our workforce and the U.S. #aviation community advance aviation safety, collaboration, and U.S. technology. We wish you well and clear skies ahead. pic.twitter.com/A59IOO7BVI

— The FAA (@FAANews) 5 de enero de 2018

Fuente: FAA News (Twitter)

Entre los logros de Huerta al frente de la FAA destacó una tasa de cero fatalidades en las operaciones de vuelo en los EU y el impulso a varias reformas de seguridad aérea.

No obstante, también recibió varias críticas por el lento avance en la modernización de la infraestructura de control de tráfico aéreo (CTA) bajo el programa NextGen.

De acuerdo con el sitio de noticias ATW, no se sabe si Elwell será ratificado o si se impulsará a otro candidato para que funja como principal responsable de la seguridad aérea en la Unión Americana.

Lo que sí es un hecho es que el perfil de Elwell podría “llenarle el ojo” a Trump, ya que es un graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de los EU, fue piloto de American Airlines por más de 16 años, y realizó varias operaciones en aviones Boeing 757, 767, DC-10 y MD-80.

Sin embargo, hay otros asuntos más urgentes que atender antes que la nominación de un titular ya que, hasta el momento, la FAA sigue operando bajo una extensión temporal de su presupuesto, y el Congreso estadounidense tiene hasta el 31 de marzo de 2018 para realizar la reforma de ley, ya sea que se decidan separar y privatizar las labores de CTA o mantenerlas dentro del organismo.

Este miércoles, Estados Unidos anunció la creación del Programa Piloto de Integración de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS en inglés), una iniciativa que, a través de un esquema de asociaciones gobierno-industria, busca explorar la expansión de los usos de drones a bajas altitudes en el espacio aéreo estadounidense.

Mediante un memorando, el presidente Donald Trump dio instrucciones a Elaine Chao, titular del Departamento de Transporte (DOT) de esa nación para que implemente la convocatoria oficial, que permita seleccionar cinco proyectos de empresas y gobiernos estatales para desarrollar sistemas experimentales de gestión de tráfico de UAS aún no regulados por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Las propuestas ganadoras tendrán tres años para hacer pruebas y presentar sus descubrimientos, de cara a una integración masiva de drones en operaciones de todo tipo –principalmente comerciales–, con un enfoque de reducción de riesgos para la seguridad pública.

Asimismo, el programa está diseñado para proveer certeza regulatoria a las comunidades y empresas que utilizan drones para diferentes propósitos, debido a la disparidad actual entre las normas establecidas por la FAA y las legislaciones locales.

Entre la gran variedad de conceptos operacionales a ser evaluados por este programa se incluyen: vuelos nocturnos, vuelo sobre personas, vuelos más allá de la vista del operador, entrega de paquetes y comunicaciones seguras entre piloto y dron.

“A través de este programa, la industria de drones tendrá la oportunidad de demostrar el potencial que sus soluciones tecnológicas y operacionales tienen para resolver los retos de integración de este tipo de aeronaves”, comentó Michael Huerta, administrador de la FAA, en un comunicado.

Por su parte, la secretaria Chao consideró que esta iniciativa servirá como un catalizador de ideas para revolucionar la aplicación de estas innovaciones, que ya han probado su valía en escenarios de emergencia, como en el caso de los recientes incendios en el norte de California.

Se estima que, en menos de una década, la industria de drones de los EU ha alcanzado un valor de 82 mil millones de dólares y contribuido a la creación de 100 mil empleos.