Tras la publicación del decreto donde se reiteró que algunas obras de este Gobierno son consideradas elementos de Seguridad Nacional y, pese a lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Federación (SCJN); voces como la del abogado Rodrigo Soto-Morales, especialista en temas de aviación, coinciden con el máximo tribunal del país al decir que esto no significa que no se pueda tener acceso a la información.

Y es que, caber recordar que el jueves pasado, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el cual los aeropuertos de Palenque, Chiapas y Chetumal y Tulum, en Quintana Roo, así como el Tren Maya y el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec son considerados como elementos de Seguridad Nacional.

Esto, de acuerdo con lo publicado en la edición vespertina de ese día, en donde el Gobierno de México explicó que entiende a la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera.

Pero este nuevo decreto, se publicó solamente horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarara inconstitucional aquel lanzado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde señala que sus obras y proyectos prioritarios eran de interés público y de seguridad nacional; lo anterior por considerar que vulnera el derecho de acceso a la información.

A través de un Twitter, la SCJN informó que “La Corte declaró inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por trasgredir el derecho de acceso a la información, así como a las facultades del INAI para su salvaguarda”; ante esto, el Gobierno publicó un nuevo decreto reiterando la importancia de estas obras como de Seguridad Nacional.

En entrevista con A21, Soto-Morales, expresó que es muy claro que el artículo 89, fracción VI de la Constitución establece que es facultad del Ejecutivo mexicano prever las acciones necesarias para preservar la seguridad nacional y la seguridad interior.

“Pero esto no quiere decir que esa previsión se tenga que hacer de un modo discrecional o sin que esté fundado o motivado”, precisó.

Detalló que hay una ley, específica de la materia, que es la Ley de Seguridad Nacional, que establece cuáles son los antagonismos a la Seguridad Nacional, desde el punto de vista del Derecho, pues suele haber fuentes formales del Derecho, estas son: la Ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.

Esos antagonismos, dijo, son los riesgos y las amenazas y, en sus clases, puntualizó, se agregan las vulnerabilidades.

Por ello, el abogado comentó que, para hacer una valoración de riesgos frente a un antagonismo, ya sea una amenaza o un riesgo a la seguridad nacional, tendríamos que hacer un método claro y preciso con estándares de referencia, donde hay actores que representan una intimidación.

Pero, el acceder a la información de la contratación pública, la aplicación de los recursos, desde el punto de vista económico y administrativo o el cómo se ejerce el gasto público, no tiene nada que ver con la seguridad nacional.

Y el no hacerlo así, va incluso con disposiciones constitucionales que obligan a que el Estado mexicano transparente su ingreso, la aplicación y el ejercicio del gasto público, según la Ley de Planeación y Presupuesto y es mezclar dos cosas en un argumento, que no tiene justificación, ni lógica ni jurídica ni administrativa.

“No estoy de acuerdo y, como bien resolvió la SCJN, no se justifica usar la adjevitización de seguridad nacional en estos proyectos. Son proyectos críticos, sí, pueden ser infraestructuras críticas, sí. Pero eso es una vez que están terminadas.

“Por lo que es un exceso, una mala apreciación y un abuso en la interpretación del derecho decir que son de seguridad nacional para buscar un efecto jurídico, que es la reserva de información y la no transparencia”, expresó.

El abogado dejó en claro que sus declaraciones son un análisis meramente jurídico y no valoraciones políticas y añadió que la transparencia es una obligación constitucional del Gobierno y un derecho constitucional de los ciudadanos para poder acceder a ella.

Expresó que lo hecho, por parte del Ejecutivo, con el decreto expedido, fue desafiar al Poder Judicial y por tanto, al concepto de República y de división de poderes que tenemos en este país.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a dar a conocer información detallada sobre el número y las causas de las operaciones aéreas que registraron retraso en sus horarios, comprendidas dentro del periodo que va de enero de 2016 a julio del 2017.

Dicho ordenamiento surgió a raíz de la solicitud de un particular, quien pidió conocer la cantidad de demoras de vuelos por aerolíneas en el periodo mencionado, desglosadas en las siguientes categorías: operacionales, repercusiones, mantenimientos, tripulaciones, tráfico, documentación, rampa, incidente, comisariado, espera de equipo, procedimiento de seguridad, carga y cambio de equipo.

Como respuesta, la terminal aérea proporcionó al solicitante un vínculo electrónico (dirigiéndolo al llamado Índice de Puntualidad de la la Secretaría de Comunicaciones y Transportes – SCT) mediante el cual aseguró se podían consultar datos estadísticos solicitados, aclarando que no se encontraban como tal como se le habían requerido.

Ante la inconformidad del peticionario con esta información y dada una subsecuente respuesta de “incompetencia” por parte del AICM, el INAI revisó el caso y determinó que la institución no atendió la solicitud ni justificó los motivos por los que no accedió a lo solicitado.

Por ello, turnó el caso a la Subgerencia de Control de Movimiento Operacional del aeropuerto para que esta instancia busque y publique la información.

Falta de competitividad

En su presentación del caso, la comisionada Areli Cano Guadarrama manifestó que el transporte aéreo es fundamental para el desarrollo económico de México y, por ello, cualquier ineficiencia en la prestación de servicios incide de manera negativa en la competitividad de las empresas y el país.

Asimismo, enfatizó que, con la entrada en vigor de las reformas a las leyes de Aviación Civil y de Protección al Consumidor, los ciudadanos tienen derecho a conocer las eventualidades imputables a las aerolíneas tales como: retrasos en los vuelos, sobreventa de boletos y cancelación de operaciones.

La comisionada del INAI recordó que, de acuerdo al Índice de Competitividad 2016 y 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 61 de 138 en infraestructura, con 76 aeropuertos y mil 413 aeródromos civiles, a través de los cuales se transporta al año, alrededor de 180 millones de usuarios y 670 mil toneladas de carga.

De acuerdo al Índice de Puntualidad de la SCT, en 2016 , las aerolíneas nacionales e internacionales en su conjunto efectuaron poco más de 865 mil operaciones en todo el país, de las cuales, alrededor del 25 por ciento, es decir, uno de cada cuatro vuelos, registró alguna demora.

Este comportamiento se ha trasladado al primer semestre de 2017, en donde el porcentaje de vuelos con demora en el AICM alcanzó un 37.5 por ciento, con un 20 por ciento de éstas atribuibles a las aerolíneas.

La Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la Verificación Diagnóstica realizada al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), reconoció a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) por ser uno de los órganos mejor evaluados en cuanto acceso a la información pública se refiere.

A través de un comunicado, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que dicho reconocimiento se logró gracias a las acciones realizadas, a cabalidad, en torno a la rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información federal, tal y como lo estipula la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El administrador aeroportuario mencionó que las áreas de Oficinas Generales, los aeropuertos de la Red ASA y las Estaciones de Combustibles trabajaron para recabar, organizar y publicar la información que permitiera obtener esta distinción.

Estas acciones se dan en el marco de una serie de convenios que en meses pasados celebró el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), en el cual se busca una mayor transparencia de todas las instituciones de carácter federal.

En su momento, Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI aseguró que con este tipo de acuerdos de colaboración se permitirá un mayor proceso de transparencia en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) por parte del GACM.

Cabe resaltar que el SIPOT es el módulo de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual los ciudadanos pueden realizar la consulta de la información pública de los sujetos obligados de cada una de las entidades federativas y de la federación, tal y como lo marca la ley.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio puntual seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), esto como parte de las iniciativas emprendidas por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En el marco del 7ª Reunión con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para evaluar los avances de esta obra, Javier Vargas Zempoaltecatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, ofreció una plática sobre los alcances del SNA, estrategia a la que consideró un mecanismo fundamental para la concreción del proyecto NAICM.

El SNA fue creado para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción en la esfera gubernamental, a través de una serie de acciones coordinadas por autoridades federales, estatales y municipales.

Como parte de sus estrategias, este órgano de vigilancia ha emitido una propuesta de protocolo de actuación de los servidores públicos en obras públicas y realiza el registro de servidores públicos que intervienen en sus contratos de licitación, a quienes se les exige presenten declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de interés.

En la sesión de trabajo –efectuada en el sitio de la obra–, el director general del GACM, Federico Patiño Márquez, explicó que este organismo cuenta con un panel de expertos para transparentar las contrataciones públicas, y ha establecido además un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tiene como propósito informar sobre la evolución de esta obra.

El funcionario indicó que se busca fortalecer la coordinación y comunicación con la ciudadanía, de tal manera que se le mantenga informada en todo momento sobre la forma en que avanza el proyecto. Para ello, se ha “privilegiado el uso de alta tecnología y de herramientas electrónicas eficaces, que permiten prevenir errores así como mantener un monitoreo permanente”.

Asimismo, Patiño Márquez recordó que en la construcción del nuevo aeropuerto hay 160 empresas involucradas y que actualmente hay 39 obras en ejecución.

Para este año, el GACM tiene contemplado realizar 20 concursos para licitar las obras más importantes del aeropuerto, con inversiones equivalentes a los 35 mil millones de pesos, que sumados a las obras licitadas anteriormente cubrirán cerca del 85 por ciento del valor total del proyecto.

Cabe recordar que el SNA entró en vigor el 19 de julio de 2016 cuando se publicaron sus leyes generales. Y el 18 de julio pasado entró oficialmente en funciones con la publicación de sus leyes secundarias.

A casi dos semanas de que se venza el plazo establecido por la ley para que poco más de 8 mil entes obligados suban su información a la Plataforma Nacional de Transparencia, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), presentó un avance del 68.1 por ciento.
 
Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), firmó un acuerdo de colaboración con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que entre sus acciones previstas contemplan el diseño e implementación de cursos, talleres y seminarios dirigidos al personal de la paraestatal con el objetivo de ampliar su conocimiento en los temas que competen al GACM y así promover el cumplimiento de la legislación en la materia.
 
Puente de la Mora, aseguró que este acuerdo de colaboración permitirá un mayor proceso de transparencia en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).  En su calidad de enlace con el GACM, el comisionado Oscar Guerra Ford dio a conocer que el INAI recibió 98 solicitudes de acceso a la información durante el primer trimestre de 2017.
 

A principios de este 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que trabaja en 30 casos donde detectó vulnerabilidad o motivos de actos de corrupción, incluida, la construcción del NAICM. En ese entonces, el GACM negó la existencia de prácticas turbias en torno a este magno proyecto.

 
Sin detallar los casos, la secretaría encabezada por Arely Gómez, sostuvo que las carpetas de investigación tienen que ver con prácticas de corrupción entre funcionarios federales y las empresas extranjeras Odebrecht y Teva. En este tenor, Federico Patiño, director general del GACM, aseguró que “la transparencia no es una obligación, es una convicción de informar a la ciudadanía, y queremos hacerlo bien y con calidad”.
 
Muestra de ello, dijo, es el sistema de Datos de Contrataciones Abiertas -el cual entró en operación en 2016- en el cual el GACM ha publicado 248 contratos celebrados para la construcción del NAICM, equivalentes a 127 mil millones de pesos en obras. Entre los proyectos se destaca la nueva terminal aérea capitalina, el Edificio Terminal, las pistas 2 y 3, la Torre de Control, entre otras. En cada obra también se incluyen todas las etapas, desde la planeación y la licitación, hasta el fallo y el contrato.
 
Por su parte, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, expresó que la firma del acuerdo se da luego que el NAICM es la obra más vigilada, tanto por su funcionamiento como en el costo. “Este convenio es una manifestación de afirmar su voluntad de cumplir la legalidad en materia de transparencia, es inconmensurable la gama de obligaciones nuevas y sabemos que el NAICM es la obra más vista, quizá la más vigilada desde una ciudadanía que tiene el derecho a saber cómo se está haciendo, qué va a hacer, cómo va a funcionar y cuánto va a costar”, sostuvo Acuña Llamas.
 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) negó que existan prácticas turbias en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Lo anterior se dio a conocer luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que trabaja en 30 casos donde detectó vulnerabilidad o motivos de actos de corrupción, incluida, la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad.

Sin detallar los casos, la secretaría encabezada por Arely Gómez, sostuvo que las carpetas de investigación tienen que ver con prácticas de corrupción entre funcionarios federales y las empresas extranjeras Odebrecht y Teva.

A finales del mes de diciembre, el gobierno de Estados Unidos interpuso una multa a la constructora brasileña Odebrecht por el pago de sobornos en varios países, incluidos México, a cambio de obtener contratos en materia de infraestructura.

Ante estos señalamientos, el GACM sostuvo que todas las licitaciones, contrataciones, administración de recursos humanos y económicos se han apegado a los altos índices de transparencia y rendición de cuentas.

Incluso, aseguró que se aplicaron diversas recomendaciones por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), enfocados a la transparencia.

Aseguró que en el portal www.datos.gob.mx se han publicado más de 200 contratos relativos a la construcción del proyecto aeronáutico más importante del país.