En una audiencia celebrada el pasado miércoles en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, senadores y ejecutivos de cinco de las principales aerolíneas debatieron sobre las tarifas adicionales que se cobran a los pasajeros por equipaje y selección de asientos. 

Los legisladores calificaron estas tarifas como una forma de extorsión, mientras que los representantes de las aerolíneas defendieron su implementación argumentando que ofrecen opciones a los consumidores.

El senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut y presidente del subcomité, criticó el impacto financiero de estas tarifas en los viajeros. 

“Los pasajeros ahora se ven obligados a pagar más por casi todo”, afirmó Blumenthal. Añadió que los clientes sienten que estas tarifas son un abuso y que no reflejan los costos reales de las aerolíneas. 

El subcomité publicó un informe el mes pasado señalando que estas prácticas incrementan los costos para los pasajeros y los dejan sin alternativas viables.

Por su parte, los ejecutivos de las aerolíneas argumentaron que estas tarifas permiten a los consumidores pagar solo por los servicios que necesitan. 

“Nuestros clientes que priorizan la asequibilidad tienen la opción de elegir un producto de tarifa más baja y, al hacerlo, optar por no pagar por servicios adicionales que no necesitan ni desean”, explicó Andrew Nocella, director comercial de United Airlines. 

A su vez, Bobby Schroeter, director comercial de Frontier Airlines, señaló que más del 70% de los clientes de su aerolínea no registran equipaje, lo que refuerza su enfoque en ofrecer estas alternativas personalizadas.

El debate se produce en un contexto en el que las aerolíneas enfrentan múltiples desafíos. Spirit Airlines solicitó protección por bancarrota recientemente, mientras que Delta Air Lines sufrió críticas por interrupciones relacionadas con problemas de software en julio. 

Además, el Departamento de Transporte impuso a American Airlines una multa de 50 millones de dólares en octubre por el trato a pasajeros que usan sillas de ruedas. Estas situaciones generaron un escrutinio público sobre las políticas y prácticas de las compañías.A pesar de las controversias, el número de pasajeros continúa en aumento. 

La Administración de Seguridad del Transporte informó que el 1 de diciembre, se registró un récord de casi 3.1 millones de pasajeros en puntos de control de la TSA. Este crecimiento refuerza la necesidad de abordar las preocupaciones de los consumidores mientras se equilibran los modelos de negocio de las aerolíneas.    

Esta mañana, miembros del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN) entregaron en la sede del Senado la propuesta de temas para el desarrollo de la industria aérea en nuestro país.

El documento, elaborado por los principales sindicatos de trabajadores aéreos, incluye las demandas económicas, políticas y sociales del sector aeronáutico, ejes que se espera sean abanderados por la Cámara Alta de la LXIV Legislatura, la cual inició actividades el pasado 1 de septiembre.

@ASSA_MX en Unidad c/ l@s trabajadores #LibertadSindical #DerechoDeAsociaicon #Democracia #DefensaDeLosContratosColectivos #AgendaLegislativa #AgenciaFederalDeAviacion @UNT_mx @porlaaviacion @SENADODELAREPUB @lopezobrador_ Que vivan los trabajadores de #Mexico #Sobrecargos pic.twitter.com/hC6HCZLWTp

— RicardoDelValle (@DelvalleASSA) 11 de septiembre de 2018

Entre algunos tópicos que incluye la agenda están: generación de empleos, defensa de contratos colectivos de trabajo, democracia sindical, libertad de asociación y organización, la negociación colectiva, el derecho de huelga y un salario remunerador.

“Con las propuestas que presentaremos, y que pedimos sean atendidas puntualmente por la nueva legislatura que inicia, estamos seguros que se podrá configurar el rumbo económico que demanda nuestra nación, en beneficio de toda la clase trabajadora de México”, señaló Rafael Díaz Covarrubias, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Los trabajadores aéreos fueron acompañados por representantes de organizaciones gremiales de otros sectores productivos, al amparo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Junto con ASPA, forman parte del FDAN la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica (CIMA), entre otras organizaciones.

La semana pasada comentábamos acerca de la iniciativa del Senado para incorporar un ente administrador de los aeropuertos saturados. A esta iniciativa se aúnan dos más: la relativa a las modificaciones a las leyes de Aviación Civil y Federal del Trabajo, tanto para incrementar la jornada mensual de vuelo de las tripulaciones, como en materia de nacionalidad de los pilotos.

La segunda iniciativa se encuentra aún en revisión, pero una de las premisas tiene que ver con ajustarse a los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que limitan esta ampliación a las exigencias de la seguridad, tanto por fatiga como por gestión de la seguridad a bordo.

Lo fundamental tiene que ver con la utilidad de esas 100 horas y sus límites intrínsecos. Es decir, el criterio de OACI establece exigencias de la seguridad en vuelo: las 100 horas mensuales se establecen, sobre todo, para que las aerolíneas puedan hacer frente a los requerimientos de las temporadas altas, pero esto debe compensarse en los meses de baja afluencia, de forma que las 100 horas máximas mensuales no se conviertan en 1,200 al año, sino que tengan un límite anual de 1,000 horas.

Hay otro tema que es condición sine qua non. El incremento de jornada máxima mensual de 90 a 100 horas en el caso mexicano, no puede ser ajeno a tres mecanismos que la propia OACI recomienda: administración de fatiga, el programa estatal de seguridad y los sistemas de gestión de la seguridad de cada uno de los operadores.

Hasta el momento, la iniciativa del Senado sólo contempla un mecanismo de “medición de riesgos asociados a la fatiga”, bajo estándares internacionales. Además, en los artículos 223 y 224 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se incluye no sólo la jornada de vuelo máxima mensual en 100 horas, sino de servicio máxima mensual en 200 horas, es decir, se amplía el margen que tienen las aerolíneas para utilizar la disponibilidad de las tripulaciones en los diversos esquemas operativos, como pernoctas, descansos, etc.

En cualquier caso, es evidente que la iniciativa tiene que ser completada para que efectivamente esté en consonancia con los estándares mundiales en materia de jornadas y seguridad. La idea es apegarse a la OACI y lograr con ello el esquema conveniente para que la aviación comercial mexicana siga siendo lo segura que ha sido en los últimos 30 años.

La OACI posee los SARP’s , es decir, Estándares y Prácticas Recomendadas para apoyar a los estados miembros a realizar un correcto manejo de los riesgos del sistema de transporte aéreo, a saber: Programa Nacional de Seguridad (SSP), acatado por todas las naciones que pertenecen a OACI.

El SSP debe relacionarse con los Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS) que toda aerolínea debe tener para manejar los riesgos inherentes a la actividad aérea. El otro esquema es el Sistema de Administración de Fatiga (FRMS), que no sólo se reduce a medir los riesgos, sino a gestionarlos, es decir, a tener prácticas puntuales que eviten que la fatiga de vuelo se convierta en un riesgo latente que amenace los márgenes de seguridad de las operaciones.

Desde hace tiempo que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) estaba trabajando en la Norma Oficial Mexicana 117 relativa a esta gestión de riesgos por fatiga. Es indispensable que estas iniciativas se eslabonen a los sistemas de gestión y administración de riesgos. Lo contrario no sólo no ayudaría a estar “a la altura” del resto de los países, sino que nos pondría en graves aprietos.

Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.

E-mail: raviles@a21.com.mx; twitter: @charoaviles

Este jueves, el senador José De Jesús Santana García propuso un punto de acuerdo para que la cámara alta pida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) su intervención en los procesos de cancelación de rutas aéreas al interior del país, a modo de que la dependencia autorice estos cierres previo estudio de impacto jurídico, económico y de conectividad.

El legislador, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó este exhorto a consecuencia de la cancelación de vuelos de Interjet desde Ciudad de México hacia Aguascalientes, Campeche, La Paz, Minatitlán y Reynosa.

En su propuesta, Santana García mencionó tanto el argumento de la reducción de horarios de despegue y aterrizaje que la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México supuestamente aplicó a la aerolínea, así como la respuesta del aeródromo capitalino en el sentido opuesto, aludiendo a estrategias comerciales del concesionario como la razón de dichas cancelaciones.

De igual forma, señaló la suspensión de vuelos desde la ciudad de Chihuahua a Hermosillo, Torreón y Guadalajara, que Aeroméxico aplicó en julio pasado.

El senador del PAN consideró que estas decisiones afectan gravemente a las economías y actividades comerciales, turísticas y financieras en la ciudades y estados donde se cierra una ruta.

“¿Cuántos negocios, planes turísticos, reuniones de trabajo, viajes empresariales, de inversión, prestación de servicios, se ven afectados y a qué costo?”, lamentó.

Sobre la importancia estratégica que tiene el transporte aéreo para el desarrollo de México, el legislador citó estudios donde se establece que por cada 100 puestos de trabajo creados por el sector en forma directa, se genera una demanda adicional de más de 600 empleos en otros sectores.