El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió la anulación a una de las suspensiones definitivas contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. La decisión aún es apelable. 

La resolución, marcada en la sentencia del expediente 1233/2019, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene razón en señalar que los amparos vulneran la seguridad nacional. 

“Primero: es procedente y fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión. Segundo. Se revoca la suspensión definitiva otorgada. Tercero. Se niega la suspensión definitiva”. 

Gerardo Carrasco, abogado del colectivo #NoMásDerroches confirmó la resolución a A21. 

Dicha decisión aún es apelable y el propio tribunal podría enviar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Gerardo Carrasco, representante legal de los amparos interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, aclaró que el juez quinto de Distrito no ha autorizado que se inicien las obras en la base militar de Santa Lucía. 

Se esperaba que el martes 24 de septiembre, el juez Juan Carlos Guzmán Rosas diera un resolutivo a los alegatos interpuestos por el gobierno federal, en los cuales declara que todas las instalaciones pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como “Infraestructura Estratégica del país”. 

ACLARACIÓN
El Juez de Distrito NO HA DADO luz verde a Santa Lucía. Únicamente se negó la suspensión a una comunidad indígena que vive en las zonas aledañas. Dichos asuntos no los lleva el colectivo #NoMásDerroches y tienen planteamientos sustancialmente distintos. pic.twitter.com/zrF8cNwh99

— Gerardo Carrasco (@GerCarrasco90) September 25, 2019

No obstante, el juez aplazó la audiencia para una fecha por definir y aún no decide si revocar los amparos que tienen detenido el inicio de la construcción en Santa Lucía.

“Las suspensiones obtenidas por #NoMásDerroches aún siguen vigentes. La audiencia señalada en el expediente 1233/2019 fue diferida, aún no se celebra ni se decide si es procedente revocarla por el oficio de ‘instalaciones estratégicas’” apuntó Carrasco a través de su cuenta de Twitter. 

Asimismo, explicó que el juez sí concedió la anulación de un amparo a una comunidad indígena que vive en las zonas aledañas y que buscaba ampararse con base en la propiedad de sus terrenos colindantes a la base militar. Sin embargo, este recurso legal no está relacionado con los iniciados por el colectivo #NoMásDerroches. 

El juicio de amparo es un medio de control constitucional. Se tramita, tal como lo señala el artículo 107, fracción primera de la Constitución, a instancia de la parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.  

En el caso de los varios juicios interpuestos contra la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, se alega que hay afectación al patrimonio arqueológico cultural, así como falta de estudios de impacto ambiental y el excesivo costo en el que se incurrirá (sin mencionar las limitaciones por seguridad operacional en el espacio aéreo). Por su parte, la Sedena, de acuerdo con el artículo 107 constitucional está solicitando la revocación de las suspensiones provisionales concedidas en algunos de esos juicios de amparo con motivo de una reclasificación de la instalación del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía como parte del inventario de bienes nacionales e instalaciones militares, como “infraestructura estratégica del país”, a efecto de cubrirlas con el manto de el Derecho de la Seguridad Nacional, y con ello, exentarlas de un proceso de control de derechos constitucionales, como el juicio de amparo, y por tanto revocándose las suspensiones.

Con base a lo anterior, me parece del mayor interés jurídico señalar lo siguiente:

En primer lugar, si fuera el caso, invocar como “hecho superveniente” [1] dicha clasificación es erróneo, toda vez que en el caso de la reclasificación que ha solicitado la Sedena de sus instalaciones militares, más que un hecho, es un “acto“, y en concreto un “acto administrativo”, que tiene lugar cuando ya esté en curso un juicio de amparo, es decir un medio de control constitucional para asegurar el respeto de derechos. Por lo que pretender que un acto administrativo deje sin efectos la protección constitucional de derechos sencillamente es inoperante. Tanto por la naturaleza jurídica del acto administrativo que entra en colisión directa con los derechos que los juicios de amparo ya en curso buscan proteger, como por la irretroactividad que impone la Constitución a leyes y acciones de autoridad justo para evitar que se afecten derechos previamente adquiridos.

Si bien en el juicio amparo no se trata de adquirir derechos sino de defenderlos, es claro que ya está en curso un medio de control de rango constitucional y que por su naturaleza protectiva tiene un rango mayor que un acto administrativo. Máxime que en temas de seguridad nacional no se identifique como un riesgo, mucho menos una amenaza, real, inminente, actual, que nos deje en estado de vulnerabilidad la no construcción de las instalaciones que son para albergar operaciones aéreas comerciales regulares de carga cosas en correos, no estrictamente militares.

En segundo lugar, si fuera el caso, la reclasificación sería posterior a los amparos, donde el acto de autoridad está relacionado con una instalación que precisamente es de público conocimiento su destino y la voluntad de la autoridad para ello, donde no figuró -previo a los amparos- la categoría de instalación de seguridad nacional. Por lo que si hay una afectación a las acciones estratégicas al respecto de la Sedena, lo que se debería de hacer, por congruencia administrativa, es destinarla sólo a eso y no a la explotación aérea-comercial. Sino única y exclusivamente a la aviación de Estado. Es decir, existiría una antinomia dentro del proceso administrativo denominado “Plan Nacional de Desarrollo” y “Plan Nacional de Seguridad Nacional 2020-2024”, si se considera el aeródromo en cuestión como operable y explotable comercialmente y al mismo tiempo “estratégico”. Es cierto que la ley de seguridad nacional y la ley de aviación civil prevén que los actos de interferencia con aeródromos y aeronaves son temas de seguridad nacional, sí, pero eso es diferente a un acto estratégico-administrativo de planeación de seguridad nacional, que es como se justificaría una reclasificación en este sentido.

Tercero, si fuera el caso que la reclasificación de el aeródromo en cuestión se hubiera hecho antes de la interposición de los juicios de amparo, siguiendo lo establecido en el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, nos encontraríamos en supuestos y circunstancias distintas. Primero porque el destino de tal aeródromo a fines de explotación comercial con aviación comercial regular, de carga, pasajeros y correo, sería cuestionable en dicha instalación. Porque estratégicamente sería un obstáculo al despliegue de la capacidades de logística y defensa de la Sedena, es decir, podría impugnarse  todavía más fácilmente la no idoneidad de la instalación para fines comerciales, y más con la problemática que se incurrirá para la reconfiguración del espacio aéreo y la consiguiente salvaguarda de la seguridad operacional. Aquí no necesariamente sería el juicio de amparo el medio de control constitucional, sino una controversia constitucional o un juicio contencioso administrativo. Pero probablemente es demasiado tarde para que este tema se maneje como información reservada y secreto por razones de Estado. 

Finalmente, al existir un juicio de amparo, existe un interdicto de tipo procesal constitucional, que deja sub judice (alocución latina usada para significar el asunto que se halla pendiente de decisión judicial por parte del juez), que no permite trastocar la condición jurídica del inmueble, y por tanto tampoco física, hasta en tanto no se resuelva por completo, otorgándose o negándose la suspensión definitiva. Que cara al artículo 1º constitucional y a lo extemporáneo de posibles “maniobras” administrativas, se antoja como lo plausible.

[1] Un hecho superviniente dentro de la doctrina jurídica es un hecho (no necesariamente con causa en el hombre) que modifica de tal manera las circunstancias que deja sin efectos un proceso o procedimiento legal justificadamente. Son hecho involuntarios o no relacionados directamente con el proceso o procedimiento en curso pero que lo afecta directamente, extinguiendo el objeto de dicho proceso o procedimiento.

sotmor.net

Twitter: @rsotomorales

El juez Décimo de Distrito en el Estado de México concedió una nueva suspensión definitiva contra el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, prohibiendo la ejecución de la autorización de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) hasta que se analice si ésta cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano. 

El colectivo #NoMásDerroches informó que esta decisión se desprendió de uno de los juicios de amparo promovidos en contra de todos los efectos de la autorización de la AIA, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

NUEVA NOTICIA en los juicios #SantaLucía – #NAIM

HOY el Poder Judicial otorga una suspensión definitiva a #NoMásDerroches en contra de la Autorización de Impacto Ambiental del Proyecto de #SantaLucía promovido por la SEDENA.

Les platico
(Breve hilo)

— Gerardo Carrasco (@GerCarrasco90) August 21, 2019

De acuerdo con el juez, la suspensión “reconoce que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria”. 

De igual forma, el juez indica que la AIA reconoce posibles daños en el ecosistema como la tala y poda de vegetación, el desplazamiento y reubicación de flora y fauna, la inhibición en la filtración hídrica, el aumento de contaminación atmosférica y daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades. 

Con esta nueva medida cautelar, el inicio de la construcción de Santa Lucía “tendrá que esperar hasta que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo”. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido en distintas ocasiones que el aeropuerto mixto estará listo para 2022 y que los más de 80 amparos no retrasarán la entrega de la terminal. 

“La finalidad de la suspensión es garantizar la protección del medio ambiente de las regiones afectadas por el proyecto aeroportuario y salvaguardar la integridad del ecosistema”, apuntó #NoMásDerroches. 

El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que se evalúe si la decisión del Gobierno Federal de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM) e iniciar las obras en la base aérea militar cumplen con los principios constitucionales estipulados en el artículo 134 que garantizan eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público.  

Aún si el Gobierno Federal reuniera todos los permisos y estudios necesarios en materia aeronáutica, no podrán emprender la obra hasta concluir el juicio legal, informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Avances importantes en los juicios de #NoMásDerroches y #SantaLucía

El día de hoy un Juez Federal otorgó una suspensión definitiva que ordena al gobierno NO CONSTRUIR el Aeropuerto #SantaLucía hasta que se resuelva el juicio de amparo por completo.

Les cuento detalles

(hilo)

— Gerardo Carrasco (@GerCarrasco90) August 15, 2019

Es la séptima ocasión en la que el Poder Judicial de la Federación ordena la suspensión de las obras en Santa Lucía. No obstante, en esta ocasión se trata de una decisión definitiva en tanto se resuelve de forma conclusiva los 147 juicios de amparo interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches.

Hasta ahora, la dictaminación de las suspensiones anteriores estaban condicionadas a que el Gobierno Federal obtuviera todos los permisos y estudios aeroportuarios correspondientes que avalarán el apego a las leyes que norman al sector aeronáutico.

No obstante, la resolución judicial dada el día de hoy reitera lo anterior, además de mantener las obras del NAIM y una revisión de la legalidad de la cancelación del mismo.

“Por medio de argumentos jurídicos, #NoMásDerroches ha exigido la cancelación del aeropuerto en Santa Lucía y la reanudación de un proyecto en Texcoco”, enfatizó MCCI en un comunicado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó hoy el Resolutivo de Impacto Ambiental para el proyecto de construcción del aeropuerto mixto civil/militar en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en la que considera que es “ambientalmente viable”.

La autorización entregada por la Semarnat tendrá una vigencia de 50 años para la operación y el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), el cual operaría de manera conjunta con las terminales de Ciudad de México (AICM) y Toluca (AIT).

Consulta en la #GacetaEcológica el #Resolutivo de #ImpactoAmbiental del proyecto del nuevo #AeropuertoEnSantaLucía.

Conoce más https://t.co/ixZsKpz6qe⁰

Visita https://t.co/JeIEMAewR9 . pic.twitter.com/S60Skgprl2

— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) July 25, 2019

Sin embargo, el documento estableció 16 condicionantes que obligan a la realización de estrategias de control, mitigación y compensación ambiental, además de propuestas para el rescate y reubicación de flora y fauna silvestre.

Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el colectivo #NoMásDerroches emitieron un comunicado en el que señalaron que la entrega de este resolutivo no implica el aval para la construcción de la terminal de Santa Lucía.

“#NoMásDerroches reitera que el Poder Judicial de la Federación no condicionó la construcción del Aeropuerto ÚNICAMENTE a que se otorgara la autorización de impacto ambiental, sino también a que se contara con estudios, dictámenes y permisos en materia cultural, arqueológica, de seguridad, de viabilidad aeronáutica y de estrategia social, política e interinstitucional” señalaron.

¿Cuál es el estatus judicial de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía? El colectivo #NoMásDerroches explica la resolución sobre el Impacto Ambiental y la importancia que se cumpla lo que establecen las leyes y tratados internacionales https://t.co/Q3EaFdzdkq

— MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) July 25, 2019

De igual forma, recordaron que de entre los 147 amparos promovidos por la iniciativa, “todavía hay 11 suspensiones vigentes, por lo que el gobierno NO puede iniciar Santa Lucía ni destruir o inundar Texcoco”.

Finalmente, MCCI recalcó que el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos señala que para la construcción de un aeropuerto civil, el encargado del proyecto debe contar con un título de concesión, el cual únicamente se le puede otorgar a una sociedad mercantil.

“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien, como lo ha afirmado el Gobierno de México, será la encargada de construir y operar el Aeropuerto de Santa Lucía, ni cuenta con título de concesión ni es una sociedad mercantil” finalizó el colectivo. 

Ante los amparos que frenan la reconversión de la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró tener un “Plan B”, el cual consiste en construir el centro, en el marco de la legalidad.

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador dijo que ciertos grupos de personas quedaron “muy inconformes” debido a que no pudieron conservar los privilegios y el negocio relacionado al desarrollo del centro en Texcoco, dando como resultado los amparos a los que se enfrentan, impulsados por iniciativas como #NoMásDerroches y que han prohibido tanto el inicio de las obras en Santa Lucía como la destrucción del antiguo Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 

“Sí tenemos un Plan B para enfrentar el sabotaje legal que está padeciendo Santa Lucía: consiste básicamente en construirlo”, informó el titular desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo Federal señaló que las empresas interesadas en el proyecto de Texcoco “inventaron” que Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no pueden operar simultáneamente, y que la Base Militar causaría un impacto ambiental.

Para López Obrador la reconversión de Santa Lucía no tendrá impacto ambiental, ya que tiene más de 50 años en funciones y que, de acuerdo a los estudios, no hay interferencia en el espacio aéreo entre este centro y el AICM. Asimismo, informó que hay estudios que avalan la reconfiguración del espacio aéreo. 

Al respecto de estos estudios, miembros del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta) informaron a A21 que el avance en este ramo es del 0%. La empresa francesa Navblue es la encargada de realizar los estudios y, por su parte, Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) los ejecutará, una vez que los reciba. 

Lee más: Detenidos los estudios para Santa Lucía 

En la opinión de López Obrador, los amparos son el resultado de “mala fe” por parte de sus “adversarios” y ellos tendrían que ofrecer disculpas por calumniar las obras.

Vinculado a ello, el Presidente acusó de saturar de manera deliberada el AICM y dejar de usar el aeropuerto de Toluca, con el fin de justificar una construcción en Texcoco. Entre 2005 y 2018, el flujo de pasajeros de la terminal capitalina ha incrementado considerablemente al pasar de 24 millones 115 mil pasajeros a 47 millones 700 mil.  

Por último, López Obrador informó que hay un retraso menor en las obras, pero que se sigue trabajando en la parte de planeación y acceso, además del estudio de impacto ambiental, el cual podría presentarse en los próximos 15 días.

No obstante, el funcionario de la dependencia prevé que este mes puedan solucionar los asuntos judiciales a favor del gobierno y, con esto, dar inicio a la construcción de la terminal.

En el marco del Día Nacional del Ingeniero, Jiménez Espriú dijo que en las próximas semanas, entregarán los estudios de seguridad aérea y navegabilidad.

Esto propiciaría que una de las suspensiones contra la terminal aérea, promovidas por el colectivo #NoMásDerroches, quedará sin efecto y dar pauta al desarrollo del mismo.

De igual forma, el diario Reforma señaló que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designó a Juan Carlos Guzmán Rosas como el juez que concentrará y resolverá todos los amparos que impugnan la reconversión de Santa Lucía y la cancelación del Nuevo Aeropuerto. 

El pleno del CJF dictaminó que los 148 amparos deben concentrarse con Guzmán Rosas porque fue el primero en admitir a trámite uno de estos amparos y “para evitar el dictado de sentencias contradictorias”. Sin embargo, este juez ha mantenido el criterio de que no procede conceder suspensiones contra el inicio de las obras en Santa Lucía. 

Vinculado a ello, El Economista informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que la primera fase del aeródromo concluirá en 2022, y no descartan usar la TUA del aeropuerto para fondear el proyecto.  

Cabe señalar que el pasado 29 de abril, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la obra, a cargo del general ingeniero Gustavo Vallejo, concluiría en junio de 2021, con un ahorro (cercano) de 100 mil millones de pesos, por lo que se resolvería el problema de saturación en el Valle de la Ciudad de México. 

En un nuevo capítulo del drama “NAIM o Santa Lucía” donde hay, como en todo guión dramático, cierta libertad para el espectador para identificar a los “buenos”;  a los “villanos”, y también, por qué no: a “los feos”; nos encontramos en un nuevo momento narrativo. Y todo debido a que los números no mienten. Todo apunta a que si se hace el plan de un sistema aeroportuario para el Valle de México se gastará más dinero que si se hubiera continuado y concluido el NAIM en Texcoco. Y esto sin mencionar que no se cuenta aùn con un fundamento técnico sólido sobre la seguridad operacional en un espacio aéreo saturado, teniendo despegues y aproximaciones con tres aeropuertos simultáneos tanto en el AICM, en Toluca como en Santa Lucía. Además habría que contar con un estudio de mercado y financiero lo suficientemente completo y robusto para conocer si convendrá como negocio a los operadores y compañías prestadoras de servicios aéreos y aeroportuarios, así como los impactos socioeconómicos y ambientales en la zona que rodea Santa Lucía.

Así, en el entramado de acciones legales, las últimas semanas ha brillado la medida de la “suspensión” provisional. Medida cautelar típica del Juicio de Amparo cuando se pretende evitar un daño de imposible reparación y existe lo que los abogados llamamos “apariencia de buen derecho”, es decir, se busca proteger un bien jurídico, de alguien que tiene interés, ya sea jurídico o legítimo sobre el mismo, y que el juez presume le podría asistir la razón al dictar sentencia de amparo.

Se habla de que existen alrededor de 147 demandas de Amparo contra la cancelación del NAIM en Texcoco (más las que se acumulen). De acuerdo con “El Universal”, actualmente la situación de algunos Amparos con relación a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía son:

¿Cómo suele “fluir” (si se me permite el lenguaje millenial) el Juicio de Amparo? espero este esquema facilite la visión de conjunto:

El Juicio de Amparo es el instrumento procesal creado por nuestra Constitución Federal para que los gobernados puedan hacer proteger sus garantías constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las autoridades. Se clasifica -a grandes rasgos- en Amparo Directo (contra resoluciones que pongan fin a un procedimiento) y Amparo Indirecto (contra resoluciones o acciones de autoridad suscitadas dentro de un procedimiento). En ambos casos, se protegen derechos que se relacionan con interés jurídico (acciones que causen un agravio personal y directo) o con interés legítimo. Y este último es el caso que nos ocupa.

Como “interés legítimo”, se entiende como la facultad de todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, sí tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que, de hecho, pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Así, el interés legítimo es aquél que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.

El supuesto de los amparos tutelan este interés legítimo, pero en relación con la cancelación del NAIM en Texcoco debido a que se derrocharán cien mil millones de pesos por la cancelación  (pagos de contratos, a los tenedores de bonos, etc,., esto afecta el interés público de la colectividad.

Como bien señala Gabriela Solís en su interesante artículo al respecto:

¿Qué tipo de afectaciones? Pues se tienen, por ejemplo, pilotos, que le hacen ver al Presidente de la República y al resto de las autoridades involucradas en la toma de esta decisión, que la operación conjunta de Santa Lucía y el actual aeropuerto pone en riesgo su seguridad, ya que la misma fue catalogada como de “alto riesgo” por instituciones expertas en la materia como el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (aquí pueden leer la nota).

Las demandas también fueron promovidas por usuarios del actual aeropuerto, al resentir una afectación económica debido a la desviación en el uso de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUI), la cual estaba originalmente destinada a la construcción del aeropuerto de Texcoco y que se paga por cada persona que compra un boleto de avión desde o hacia el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Su pago entonces, ya no está justificado y esto acarrea una afectación indirecta a los contribuyentes de la misma.

Por otro lado, también están los vecinos residentes de Santa Lucía, cuya seguridad corre peligro debido a que viven en las inmediaciones de lo que va a ser un aeropuerto cuya operación ha sido catalogada como de “alto riesgo”, como lo dijimos antes.

Todo lo anterior aunado, entre otras cosas, al hecho de que el proyecto de Santa Lucía no cuenta con los permisos ambientales necesarios para su construcción.

Por estas razones es que se solicita la cancelación de las obras del aeropuerto de Santa Lucía y la reanudación de las obras en Texcoco.

El interés “legítimo colectivo” se da cuando las normas reconocen un poder jurídico para pedir un amparo a quienes tienen un interés legítimo colectivo, el cual, a diferencia del individual -consistente en la afectación dirigida a un individuo o a algunas personas definidas individualmente-, alude a un fenómeno supraindividual, esto es, se trata de afectaciones que, aun cuando repercuten en personas identificables, corresponden a grupos. Sin embargo, dicho interés colectivo no es de alcance tal que se considere que quien ejercita la acción de Amparo es el conjunto; por el contrario, la parte quejosa está integrada únicamente por la o las personas que promueven la acción, pero su legitimación surge a partir de intereses que no les son propios en lo individual, sino como parte de un grupo. 

Así, junto con el amparo solicitado el día 24 de junio que, como reportó A21, El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó al gobierno federal mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) “sin que sean destruidas pero, además, que se lleven a cabo las acciones conducentes para conservarlas”. Dicha resolución ordena a las autoridades realizar acciones para conservar lo ya construido con el objetivo de que se le dé el mantenimiento adecuado y no se dañen las obras, estructuras y cimientos existentes.

En futuras colaboraciones seguiremos de cerca este asunto e iremos comentando.

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El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó al gobierno federal mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) “sin que sean destruidas pero, además, que se lleven a cabo las acciones conducentes para conservarlas” informó el colectivo #NoMásDerroches.

Dicha resolución ordena a las autoridades realizar acciones para conservar lo ya construido con el objetivo de que se le dé el mantenimiento adecuado y no se dañen las obras, estructuras y cimientos existentes.

Ésta fue una de las resoluciones obtenidas con la nueva suspensión definitiva que ordena la destrucción del NAIM y que no se construya el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) “hasta que se cuente con todos los estudios correspondientes”:

En el colectivo #NoMásDerroches, se consiguen otras dos suspensiones (ahora suman 9) en contra de la construcción de Santa Lucía y la destrucción del NAIM.

En una de ellas, un Tribunal ordena al gobierno tomar las acciones necesarias para preservar el avance del NAIM/Texcoco.

— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) 25 de junio de 2019

Además, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México reconoció que el NAIM tiene un avance e importante valor económico que “de destruirse, necesariamente implicaría la pérdida de recursos públicos sin que su cancelación esté, al día de hoy, sustentada y justificada”.

En las últimas semanas, el poder judicial ha emitido distintas resoluciones en favor de la conservación del NAIM y contra la construcción, en este momento, del AISL, mientras el gobierno federal no entregue la documentación pertinente que avale ambas acciones. El colectivo #NoMásDerroches ha impulsado 147 juicios de amparo.

Recientemente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a través de un video de su presidente, Juan de Dios Barba, pidió a la Cámara de Diputados que se sienten las bases para reconsiderar los grandes proyectos de infraestructura.

“Esto implica contar con todos los estudios de viabilidad técnica, ambiental, económica y social que sean necesarios antes de iniciar su realización” señaló.

De igual forma, Juan de Dios Barba subrayó la importancia “de que sea revalorada la cancelación del NAIM en virtud de las inversiones ya realizadas”.

La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo no puede ser un mero trámite. Solicitamos a los @Mx_Diputados ampliar el plazo para su análisis, discusión, rectificación y aprobación. Nuestro Pdte de la Com. de Desarrollo Democrático, @jdbarba lo explica https://t.co/5GVRUIWXC8

— Coparmex Nacional (@Coparmex) 19 de junio de 2019