El presidente Donald Trump planea privatizar las operaciones de seguridad aeroportuarias que actualmente gestiona la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), esto con el objetivo de ahorrar dinero.

De acuerdo al presupuesto de la Casa Blanca para el 2027, documento presentado el viernes pasado, se propone recortar el financiamiento de la TSA en 52 millones de dólares (mdd) y exigiría que los aeropuertos pequeños se inscriban en un programa en el que esta agencia pague a empresas privadas para realizar los controles de seguridad.

Actualmente, la TSA cuenta con 50 mil empleados que se encargan de la seguridad en casi todos los aeropuertos de Estados Unidos, aunque desde mediados de febrero no han recibido su sueldo por un cierre parcial de Gobierno, lo que ha provocado renuncias y ausentismo, lo que a su vez tiene a las terminales en una crisis de procesamiento de pasajeros.

Los documentos presupuestarios señalan que los aeropuertos que actualmente utilizan el programa de privatización han demostrado ahorros en comparación con las operaciones federales de control.

El presupuesto de Trump también incluyó recursos para contratar más controladores de tránsito aéreo, otro tema que ha tenido ocupada a la aviación en EU.

El documento también propone un recorte de 372 mdd al programa “Essential Air Service”, el cual se encarga de subsidiar a la aviación regional del país.

Trump solicitó además 26 mil 600 mdd para el Departamento de Transporte (DOT), lo que representa un incremento del 6.3% respecto a los niveles de financiamiento de 2026.

De esta cifra, se contemplan 4 mil mdd para financiar el nuevo sistema de control de tránsito aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA), cifra que se suma a los 12 mil 500 mdd que ya asignó el Congreso el año pasado al proyecto.       

Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que han estado trabajando sin sueldo desde finales de febrero, aunque todavía no está claro cuándo comenzarán a notarse los efectos de la medida ejecutiva en los aeropuertos de Estados Unidos.

La firma se dio en un alto periodo de viajes: actualmente hay vacaciones de primavera y se acerca la Pascua.

Debido a un cierre parcial que vive el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende la TSA, los oficiales de esta última no han podido recibir su sueldo, lo que ha provocado que al menos 500 agentes de los casi 50 mil que tiene el organismo hayan renunciado, mientras que otros han caído en el ausentismo.

Esto hizo que varios aeropuertos tengan una crisis de procesamiento de pasajeros, los cuales llegan a tardar hasta 4 horas en pasar el filtro de seguridad.

Como medida, el mismo Trump desplegó agentes del Servicio Control de Inmigación y Aduanas (ICE) en las terminales.

Un reporte de AP afirmó que funcionarios del Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington señalaron este domingo por la mañana que los tiempos de espera en los puntos de control han mejorado respecto al sábado, pero “siguen siendo más largos de lo normal”.

Tom Homan, titular de ICE, declaró en CNN que espera que los agentes de la TSA comiencen a recibir pagos entre lunes y martes.

“Es una buena noticia porque estos agentes de la TSA están pasando por dificultades. No pueden alimentar a sus familias ni pagar la renta. Da pena porque están trabajando muy duro sin recibir pago, mientras miembros del Congreso están de vacaciones y sí cobran. Es ridículo”, agregó.

Por su parte, Caleb Harmon-Marshall, ex agente de la TSA consultado por AP, señaló que la crisis de personal no mejorará significativamente hasta que los agentes tengan certeza de que no volverán a enfrentar retrasos en sus pagos.  

Hay decisiones que no se anuncian… Se insinúan como tormenta en el radar y esta vez, desde Washington, la señal no viene precisamente en frecuencia tranquila.

La amenaza de DONALD TRUMP de colocar más agentes del ICE en los aeropuertos, ante el debilitamiento operativo de la Transportation Security Administration (TSA), no es solo una medida emergente.

Es, en términos de cabina, un cambio de altitud con turbulencia política garantizada.

Porque una cosa es reforzar seguridad… y otra muy distinta es redefinir su naturaleza.

En el ecosistema aeroportuario, cada actor tiene su rol perfectamente calibrado: la TSA filtra, la FAA regula, las aerolíneas transportan.

Meter al ICE —cuyo ADN es migratorio y de control— en la primera línea de contacto con pasajeros no es un ajuste técnico, es un viraje estratégico.

Y de esos que dan frío y no pasan desapercibidos en el manual de operaciones.

El contexto, hay que decirlo, tampoco ayuda.

Más de cincuenta mil elementos de seguridad trabajando sin certeza de pago, filtros debilitados, tiempos de espera creciendo como cola de despegue en hora pico… y una clase política que en el Congreso sigue jugando ajedrez mientras el sistema empieza a perder presión.

Trump, fiel a su estilo, no propone: presiona. “No más juegos”, dijo. Traducido al lenguaje aeronáutico: o despega el acuerdo… o aterrizamos como se pueda.

Pero aquí viene el punto fino —y un poco incómodo—: ¿qué mensaje envía un aeropuerto donde el primer contacto del pasajero puede ser un agente migratorio con facultades de detención inmediata?

La experiencia del viajero cambia. El ambiente cambia. Y, sobre todo, la percepción internacional cambia.

Porque el aeropuerto no es solo una infraestructura logística; es la carta de presentación de un país.

Es su sala de bienvenida… o su primer filtro de tensión.

Y en plena temporada alta, con la demanda en ascenso y la operación ya comprometida, esta jugada se siente más como una maniobra de presión política que como una solución de ingeniería operativa.

En aviación hay una máxima no escrita: cuando mezclas funciones críticas sin planeación, el riesgo no es inmediato… pero es inevitable.

Hoy, Estados Unidos no enfrenta una crisis de seguridad aeroportuaria. Enfrenta una crisis de gobernanza que ya empezó a notarse en los pasillos, en las filas… y en el ánimo del pasajero.

Porque al final, más allá de discursos y amenazas, la pregunta sigue en el aire

¿Quién está realmente al mando del vuelo?

¡Queda Dicho!

“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”[

El Consejo de Paz / Board of Peace y el Escudo de las Américas / Shield of the Americas son las dos piezas más visibles de la estrategia geopolítica, andamiaje de seguridad y poder que Trump impulsa desde 2025 para reordenar la arquitectura internacional y reafirmar un liderazgo estadounidense transaccional y de resultados; el complemento de MAGA (Make America Great Again), movimiento político nacionalista y populista de derecha, centrado en Trump, que busca priorizar los intereses de EE. UU.

El Consejo de Paz busca posicionarse como plataforma minilateral (el minilateralismo es un enfoque de cooperación internacional en el que un grupo reducido de países colabora de manera flexible para abordar desafíos específicos. A diferencia del multilateralismo tradicional, busca mayor rapidez y eficiencia en la toma de decisiones, centrándose en intereses comunes compartidos) para arbitrar conflictos -iniciando en Gaza y potencialmente más allá- con una fuerte personalización del mando en Trump. El Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación militar multinacional, es su instrumento hemisférico para “erradicar cárteles” y contener la migración e influencias extra hemisféricas con el uso explícito de poder militar y coaliciones afines a los EE. UU.

Para este análisis, el denominador común en ambos casos (Consejo de Paz y Escudo de las Américas) es el espacio que funge como sistema nervioso de ambas iniciativas que dependen críticamente de la ventaja espacial estadounidense (ISR, SATCOM, PNT/GPS y alerta temprana) y se insertan en una estrategia de seguridad espacial que prioriza -como lo he señalado en diversas colaboraciones previas- asegurar la superioridad (American Space Superiority), acelerar defensa antimisiles y empujar hitos lunares como símbolos de liderazgo tecnológico y disuasión estratégica. El vínculo de estas nuevas iniciativas de Trump con su política exterior global y regional, sus promesas de campaña, y el papel de los activos orbitales y la política espacial de EE. UU., hace evidente sus propósitos.

Marco doctrinal y promesas de campaña: America First 2.0 y Peace Through Strength

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS 2025) reubica al hemisferio occidental como escenario prioritario, endurece el tono hacia los aliados europeos (carga de defensa) y reclama un mayor burdensharing (distribución equitativa de costos, responsabilidades y riesgos entre los miembros de una alianza o  coalición -como la OTAN- para alcanzar un objetivo común; implica dividir contribuciones financieras, defensa militar o la gestión de los refugiados para evitar sobrecargar a una sola entidad) en el IndoPacífico, alineado con la retórica de campaña de “que otros paguen más” y usar el poder de EE. UU. sin las ataduras de la burocracia multilateral tradicional.

En la estrategia comunicacional, la Casa Blanca sintetiza su guion mediante la Paz a través de la fuerza / Peace Through Strength (doctrina de política exterior -asociada a Ronald Reagan- que postula que se puede preservar la paz y evitar conflictos mediante la creación de un poderoso ejército que disuada a los posibles agresores de atacar, el uso de la fuerza militar para terminar guerras, golpear amenazas, rearmar la base industrialmilitar y presionar a los aliados), una narrativa directamente relacionada con las promesas trumpianas de restaurar el orden por la fuerza y “ganar” negociando desde la coerción. Las coberturas mediáticas de amplio alcance describen el primer año de regreso como el gran negociador, coerción económica y disposición al uso unilateral de la fuerza para conseguir concesiones (entiéndase Venezuela, Irán y próximamente Cuba), lo que se ajusta a la identidad de campaña de mano dura y obtención de resultados rápidos.

El Consejo de Paz, reingeniería institucional del minilateralismo

Es una nueva organización -por invitación- presidida por Trump, con poderes extraordinarios: aprueba agenda, tiene veto y voto de desempate, puede revocar miembros y designar a su sucesor; se trata de una membresía ordinaria de tres años o permanente mediante aportes de USD$1,000 millones en efectivo el primer año. En su diseño, es una estructura ejecutiva presidencializada y financiada para la “consolidación de la paz”.

El lanzamiento se realizó el 22 de enero en Davos (véase mi colaboración: El espacio y el nuevo orden global, febrero 6, 2026) con 19 firmantes y 26 fundadores (sobrerrepresentación de la región MENA -Middle East and North Africa, Oriente Medio y Norte de África- /Asia; algunos latinoamericanos y europeos). La primera reunión se celebró en Washington (febrero 19, 2026) con la participación de 30–40 países entre miembros y observadores (como la Comisión Europea, Italia, Rumanía, Chequia, Grecia, Chipre), confirmando su lógica de coalición variable.

Legitimidad, fricción con la ONU y geopolítica

Previo al lanzamiento se intentó obtener el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para la estabilización en Gaza, sin embargo, China y Rusia pidieron eliminar del borrador las referencias al “Board of Peace”, reflejando choque de legitimidades y la sospecha de que el Consejo de Paz compite con las Naciones Unidas, pese a la retórica de “colaboración”. En Europa varios gobiernos han manifestado su escepticismo por el pago de acceso y la concentración de poder en el presidente de los EE. UU.

El Consejo de Paz encarna el minilateralismo transaccional de la era Trump, menos normas universales, más capacidad de decisión rápida y alineamiento por incentivos (políticos, financieros, de seguridad). Su éxito depende de mostrar entregables (alto el fuego verificable, reconstrucción visible) que legitimen una “eficiencia alternativa” frente a las Naciones Unidas.

El Escudo de las Américas, la expresión hemisférica del neomonroísmo operativo

El sábado 7 de marzo, en Miami, Florida, tuvo lugar la cumbre Escudo de las Américas, convocada por Trump. El objetivo de la cumbre es constituir la coalición anti cárteles (Americas Counter-Cartel Coalition) y la proclamación para usar el poder militar conjunto contra narcoterrorismo, frenar la migración y bloquear injerencias extra hemisféricas, con los EE. UU. como el arquitecto operativo (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Honduras Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago). La narrativa asume que la única forma de derrotar a estos enemigos es empleando ejércitos (poder duro), se institucionaliza la transición de interdicción marítima (esta nueva doctrina comenzó con el bombardeo contra lanchas rápidas en altamar) a operaciones en tierra (apoyo/acción conjunta) y la figura de “narcoterrorismo” para habilitar operaciones extraterritoriales y la denegación de territorio.

Las coberturas periodísticas destacan el carácter histórico y la representación monroísta de la coalición, con notorias ausencias (México, Colombia, Brasil y Venezuela), y el énfasis en erradicar cárteles criminales (ignorando a los propios en territorio americano) con un bloque de gobiernos afines. Esta iniciativa proyecta alineamiento ideológicooperativo, subordinación de soberanía nacional y condicionalidad en la cooperación.

En la lógica del poder y la geopolítica el Escudo es un cortafuegos regional que consolida un bloque de seguridad afín, subcontrata ejecución a socios entusiastas y condiciona la prioridad de inteligencia y apoyo a la sintonía política. La estrategia geopolítica de Trump en el Escudo de las Américas es la Doctrina Monroe reconfigurada con las tecnologías del siglo XXI (el rol de los activos espaciales de EE. UU. en esta iniciativa estratégica y de seguridad) y reglas de enfrentamiento ampliadas.

El articulador tecnológico, activos espaciales y la política espacial de los EE. UU.

Ambas iniciativas son inoperables sin la ventaja espacial de EE. UU. por ello el rol de los activos espaciales de EE. UU. en la estrategia del Escudo de las Américas es fundamental. Aunque la estrategia no menciona explícitamente los activos espaciales, su doctrina militarizada y continental depende completamente del ecosistema espacial estadounidense. La integración de capacidades espaciales es indispensable en los siguientes cinco niveles: 1. ISR satelital multi-órbita y verificación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) se refiere a la utilización conjunta y coordinada de satélites ópticos de alta resolución situados en diferentes órbitas terrestres -baja LEO, media MEO y geoestacionaria GEO-, imágenes ópticas/SAR/IR para detectar rutas logísticas, campamentos, artillería/lancha rápida, infraestructura y producir BDA (battle damage assessment); verificación de alto el fuego (Consejo de Paz) y trazabilidad de reconstrucción y flujos ilícitos (Escudo de las Américas).  2. Geolocalización y navegación militar (GPSM / PNT), componente central en la doctrina de neutralización preventiva y sincronización operativa, para coordinar fuerzas multinacionales, ventanas de tiempo, corredores humanitarios y operaciones martierra de alta precisión, reduciendo daños colaterales y aumentando efecto disuasivo. 3. Comunicaciones satelitales seguras Satellite Communications (SATCOM), comunicaciones que utilizan activos en órbita para transmitir datos, voz y señales de video, fundamentales para operaciones críticas, defensa y conectividad global segura y mandocontrol. Incluidos los enlaces satelitales encriptados que sostienen a centros de mando en los EE. UU. y nodos regionales para unidad de esfuerzo, ciclos de decisión cortos y compartición selectiva de inteligencia (clave para coaliciones minilaterales); la coalición anti cárteles requiere redes de inteligencia espacial, enlaces satelitales en tiempo real, flujos encriptados de inteligencia y comunicaciones resilientes para tropas aliadas, sobre redes satelitales estadounidenses, por lo tanto, el poder letal del Escudo es inseparable del dominio espacial. 4. Alerta temprana / defensa antimisiles (LEOcislunar). El énfasis de la Casa Blanca en asegurar la superioridad espacial, la defensa antimisiles y la conciencia situacional (SSA) hasta el espacio cislunar busca blindar el escalón estratégico que sostiene la diplomacia coercitiva y la proyección de fuerza de baja huella, y 5. Integración hemisférica y arquitectura espacial comercial, lo que crea un nuevo marco de dependencia tecnológica donde los países del Escudo dependen del ojo y oído espacial de EE.UU. para sostener sus operaciones y comparten la misma infraestructura orbital, cuyo propietario es EE. UU.

La política espacial estadounidense como poder blandoduro. Las metas en la Luna 2028 y el puesto avanzado lunar 2030, junto con la energía nuclear espacial, son símbolos de liderazgo tecnológico y capacidad dual (civildefensa) que refuerzan la narrativa de primacía y la coalición industrial necesaria para sostener el ritmo de adquisiciones y resiliencia orbital. Sin embargo, la comunidad estratégica advierte que el auge ruso/chino en actividades contra espaciales (counterspace) y el riesgo de las armas anti satélite (ASAT, arma espacial diseñada para incapacitar o destruir satélites con fines estratégicos), incluso con dimensión nuclear exigen arquitecturas proliferadas y resiliencia ciberelectromagnética para no comprometer el andamiaje C4ISR de ambas iniciativas. Las capacidades espaciales son la columna vertebral del Consejo de Paz y el Escudo de las Américas, ya que permiten traducir la ambición de esas iniciativas en operación real. El Consejo de Paz depende considerablemente del C4ISR estadounidense, lo que refuerza el liderazgo de Washington y reduce la necesidad de consensos amplios. C4ISR es el acrónimo militar que define un sistema integrado de Comando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, que actúa como el sistema nervioso de las fuerzas armadas, unificando sensores y datos para proporcionar una imagen operativa común en tiempo real, lo que acelera la toma de decisiones y mejora la coordinación en tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio.

Riesgos y escenarios 2026–2028

-La doble legitimidad y litigiosidad, el Consejo de Paz puede chocar con la ONU y generar disputas de mandato, afectando a socios europeos y a la coordinación con agencias humanitarias.

-Efectos de desplazamiento (Escudo), la presión militar podría relocalizar rutas criminales y aumentar riesgos a civiles, elevando costos políticos para gobiernos aliados.

-Actividad contra espacial, los ciberataques, jamming, spoofing y amenazas ASAT podrían degradar ISR/SATCOM/PNT, abriendo ventanas de ceguera que minan la coerción diplomática y la precisión operativa. La creciente actividad contra espacial alerta sobre las tensiones y vulnerabilidad de las constelaciones estadounidenses frente a las ASAT rusos y chinos, incluidos desarrollos con potencial nuclear. Esto pone en riesgo el andamiaje operativo que hace funcional la doctrina Trump.

-Sostenibilidad presupuestaria y reputacional, la tensión entre los hitos espaciales y los recortes o repriorizaciones civiles puede afectar legitimidad tecnológica y cooperación internacional de los EE. UU. Simultáneamente, los recortes y reestructuraciones reportados en la NASA sugieren tensiones internas entre prioridades científicas y militares.

Implicaciones y recomendaciones

-Alinear reglas de juego: donde sea inevitable la cohabitación con las Naciones Unidas, propiciar co mandatos técnicos (desminado, corredores humanitarios, monitoreo satelital compartido) para reducir la fricción normativa.

-Blindar la resiliencia espacial: constelaciones proliferadas, multiproveedor, cyberhardening (proceso de proteger un sistema reduciendo su superficie de vulnerabilidad, normalmente eliminando software innecesario, desactivando servicios que no se utilizan, cerrando puertos abiertos y aplicando parches de seguridad) de estaciones espaciales y procedimientos de continuidad ante degradación de enlaces (Consejo/Escudo).

-El plan de transición en el Escudo, definir hitos de transferencia desde operaciones militares a capacidades civilesjudiciales, mitigando el riesgo de militarización permanente.

El papel estructural de los activos espaciales estadounidenses

Quizá el componente menos visible, pero más determinante, de la estrategia global de Trump es la utilización del poder espacial para sostener al Consejo de Paz, al Escudo de las Américas, así como a la doctrina de diplomacia espacial en general. La superioridad espacial de EE. UU., expone al espacio como escenario geopolítico. La orden ejecutiva del 18 de diciembre de 2025 establece -como ya se mencionó previamente- metas ambiciosas: el regreso a la Luna en 2028, un puesto avanzado lunar en 2030, el uso de energía nuclear espacial y acelerar los sistemas de defensa antimisiles desde órbita baja a cislunar. Estos objetivos no son meramente científicos; son parte de una estrategia para asegurar ventaja militar, económica y simbólica frente a China y Rusia. Resumiendo, la estrategia geopolítica de Trump en 2026 se caracteriza por la construcción de una arquitectura paralela al sistema multilateral, personalista, flexible y transaccional, cuyo propósito es acelerar resultados y consolidar un orden internacional más manejable y conveniente para los EE. UU.

El Consejo de Paz encarna esta visión, es un mecanismo de acción directa que permite a los EE. UU. coordinar coaliciones sin las restricciones de las Naciones Unidas, atrae países mediante incentivos económicos y promesas de reconstrucción, y refuerza el liderazgo estadounidense en regiones clave. Sin embargo, nada de esto sería viable sin el poder espacial de EE. UU., que actúa como el sistema nervioso central de la iniciativa permitiendo ver, comunicar, disuadir, verificar y ejecutar. En esta coyuntura, el dominio espacial deja de ser simple superioridad, para convertirse en la infraestructura geoestratégica fundamental que sustenta la nueva diplomacia espacial de fuerza.

El resultado es un escenario global más fragmentado, más rápido, más tecnológico y más competitivo, donde la disputa por la legitimidad institucional y el control del espacio definirán las dinámicas de poder de la segunda mitad de la década de 2020; constituye un punto de inflexión en la política exterior estadounidense hacia América Latina. En este escenario, el Escudo de las Américas, iniciativa legítima de seguridad por el control hemisférico, revela una reorientación estratégica radical, caracterizada por cuatro elementos centrales: 1. Militarización plena de la política antidrogas; 2. Redefinición geopolítica del hemisferio, aliados útiles vs. Estados “problema”; 3. Concepto trumpiano de “narcoterrorismo”, el marco legal que abre la puerta a intervenciones y 4. Geopolítica hemisférica, contención de influencias extranjeras.

En conclusión, el Escudo de las Américas es la primera arquitectura militar hemisférica de la historia latinoamericana cuyo centro de gravedad no está en la tierra, sino en el espacio, como segmento geoestratégico hemisférico -basado en el poder espacial- revela que el Escudo de las Américas es la versión continental del “America First” militarizado (Trump consolida un bloque ideológico de gobiernos aliados y dispuestos a delegar parte de su soberanía en operaciones antidrogas dirigidas por los EE.UU.); es un instrumento de rediseño del orden hemisférico (los Estados afines se integran; los que no cooperan son marginados y redefinidos como riesgos o “Estados fallidos”); la doctrina del narcoterrorismo abre la puerta a la intervención directa (desde bombardeos navales hasta operaciones terrestres conjuntas, pasando por capturas extraterritoriales); donde lo más significativo es que ninguna de estas iniciativas podría ejecutarse sin el poder espacial estadounidense, incluida la fuerza espacial (USSF). La participación de los presidentes de Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Chile (electo), crea un bloque ideológico conservador alineado con Trump, donde la exclusión de México, Colombia y Venezuela es una declaración geopolítica demoledora. Estos países -los casos más críticos en el mapa del narcotráfico- aparecen ahora retratados como Estados fallidos o insuficientes, incapaces de alinear su seguridad con los EE.UU.

En suma, el Consejo de Paz y el Escudo de las Américas son dos caras de una misma estrategia re centralizar el liderazgo de los EE. UU. mediante coaliciones a modo y capacidad de acción rápida -global y regional- soportadas por la ventaja espacial y una política espacial que busca asegurar la supremacía tecnológica y militar en el espacio ultraterrestre. Si el espacio provee el sistema nervioso (ver, comunicar, sincronizar, disuadir), la doctrina provee el cerebro político (decidir y proyectar). El reto para los EE. UU. y sus socios en estas dos iniciativas será entregar resultados sin quebrantar legitimidades internas y externas en un entorno de competencia estratégica y contienda contra espacial cada vez más intensa.

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La Asociación de Transportistas Aéreos (AfA) externó su preocupación por el nuevo arancel global de 10% que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada y en respuesta a la anulación que hizo la Suprema Corte al régimen arancelario impuesto el año pasado.

El organismo señaló su decepción por la nueva decisión de la administración para imponer un recargo a las importaciones e instó a los responsables políticos a priorizar políticas comerciales estables y predecibles que respalden a las empresas estadounidenses.

“Nuestros miembros ya están gestionando volúmenes fluctuantes, presiones en precios y requisitos complejos de cumplimiento normativo y la introducción de una medida arancelaria generalizada sin lineamientos claros genera una mayor disrupción operativa, que se extenderá a lo largo de la cadena de suministro”, indicó el grupo.

Detalló que las empresas de carga aérea y logística planifican con meses de anticipación, comprometen capacidad con base en la demanda prevista y operan con márgenes ajustados, por lo que las “intervenciones abruptas de política pública socavan la planificación e inversión a largo plazo”.

Agregó que se vive un momento de creciente inestabilidad política y que la incertidumbre política a nivel interno solo incrementa el riesgo para importadores y exportadores de Estados Unidos, así como para los proveedores logísticos que los respaldan.

La AfA instó a la administración y al Congreso a priorizar marcos comerciales consistentes y transparentes que fortalezcan la competitividad económica de EU, y que también respalden el crecimiento y proporcionen a las empresas la certidumbre que necesitan para operar eficazmente.

Los nuevos aranceles se están aplicando temporalmente por 150 días bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Esta ley permite a Estados Unidos aplicar aranceles cuando existen problemas fundamentales en los pagos internacionales, como déficits en la balanza de pagos o depreciación del dólar y Trump señaló que ya se trabaja para elevar los aranceles al 15%.     

Donald Trump propuso descongelar miles de millones de dólares (mdd) para un proyecto de infraestructura en Nueva York si se le coloca su nombre al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, reportaron medios estadounidenses.

Otra de las condiciones es que se le coloque también su nombre a la estación Penn de trenes en Nueva York.

El medio Punchbowl News, cuya información retomó CNN, relató que esta propuesta fue mandada desde la Casa Blanca el mes pasado al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien rechazó la oferta y le dijo a Trump que no tiene la facultad para renombrar ambos sitios.

El presidente de Estados Unidos mantiene retenidos más de 16 mil mdd destinados al proyecto Gateway, que busca ampliar las conexiones ferroviarias entre Nueva York y Nueva Jersey.

Trump ya logró a finales del 2025, de manera polémica, añadió su nombre al Kennedy Center y al United States Institute of Peace, ambos en Washington D.C.

Algunos republicanos en el Congreso han respaldado una iniciativa para renombrar el Aeropuerto Internacional Dulles como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump, pero desde que fue presentada la medida no ha avanzado y todo indica que no lo hará, pues es poco probable que Schumer o cualquier legislador pueda renombrar Dulles o Penn Station sin una ley aprobada por el Congreso.

Donald Trump amenazó con quitar las certificaciones a los aviones de Bombardier, postura en la que estuvo alineada la Administración Federal de Aviación (FAA).

En el cierre de la semana pasada, el presidente de Estados Unidos comentó que va a “descertificar” a los jets de la empresa canadiense, Bombardier, además de “todas las aeronaves” al norte de la frontera debido a que Canadá se ha negado a certificar varios modelos del fabricante estadounidense Gulfstream (G500, G600, G700 y G800) para su mercado.

También amenazó con imponer un arancel del 50% a “todas y cada una de las aeronaves vendidas a Estados Unidos” si la situación no se “corrige de inmediato”.

Tras esto, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, externó su preocupación sobre los países extranjeros que no certifican las aeronaves fabricadas en EU.

“Nuestra preocupación es si se están aplicando suficientes recursos a los productos estadounidenses en igualdad de condiciones con los recursos que nosotros estamos aplicando para certificar productos extranjeros. Lo que queremos es un campo de juego nivelado”, dijo el titular a los medios en la Cumbre de Aviación de Changi que se realiza en Singapur.

Por su parte, Bloomberg reportó que Bedford señaló que cuando la FAA certifica una aeronave, espera que otros reguladores de aviación acepten esa certificación y que los procesos de validación de seguridad aérea en otros países “no deberían tardar cinco, seis o siete años”.

La administración estadounidense comentó que cualquier descertificación no afectaría a las aeronaves construidas en Canadá que ya están en operación, pero la decisión pondría en riesgo empleos y alteraría la industria aeroespacial de Norteamérica.

Tras la amenaza de Trump, Bombardier publicó dijo que había “tomado nota” del mensaje, además informó que emplea a más de 3 mil personas en EU en nueve instalaciones principales y genera miles de empleos en el país a través de 2 mil 800 proveedores.      

Guillaume Faury, CEO de Airbus, aceptó que es probable que Boeing les gane en la carrera anual de pedidos debido al impulso que obtuvo por los acuerdos en los que estuvo involucrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El directivo le dijo al medio France Inter que Airbus sigue por delante de su rival estadounidense en entregas y en su cartera de pedidos pendientes.

En cuanto a pedidos netos, entre enero y noviembre, y quitando cancelaciones, Boeing acumula 908 modelos por los 700 que tiene el fabricante europeo, el cual no podrá hilvanar su sexto año consecutivo ganando la carrera.

“El hecho de que hayamos estado por delante en pedidos durante cinco años significa que nuestra cartera es mucho mayor que la de nuestro principal competidor”, dijo Faury al medio francés.

“Pero es cierto que han recibido ayuda del presidente estadounidense como parte de las negociaciones arancelarias con varios países, donde los pedidos de aviones se convirtieron en parte de la resolución de disputas comerciales”, agregó.

En agosto pasado, Kelly Ortberg, CEO de Boeing, dio a entender que está conforme con que Trump incluya al fabricante en sus tratos comerciales con otros países.

“Todos están observando su desequilibrio comercial y preguntándose: ‘¿Cómo lo abordo?’. Y no hay mejor manera que haciendo un gran pedido de aviones”, comentó durante una llamada con analistas.

En lo que va del año, Trump ha estado involucrado en pedidos con aerolíneas como Qatar, AviLease, Etihad, Air Astana, Somon Air y Uzbekistan Airways; además de otras órdenes con los gobiernos de Bahréin, Indonesia y Japón. 

Donald Trump afirmó este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela estaba cerrado, lo que agrava la situación de conectividad con el país sudamericano.

Desde la semana pasada la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una advertencia de seguridad respecto al espacio aéreo venezolano, por lo que algunas aerolíneas como Iberia, TAP y LATAM suspendieron sus vuelos.

Esta decisión hizo que las autoridades de Venezuela revocaran los derechos de tráfico al menos a cinco operadoras, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos.

“Para todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad”, fue parte de la advertencia que hizo Trump este sábado en redes sociales.

Esta postura fue criticada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tomar cartas en el asunto.

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea”, escribió el mandatario en X.

“El presidente Trump solo ha ordenado a las empresas de aviación de los EU a no hacer sus rutas pactadas a Venezuela, su orden sólo es legítima para las empresas estadounidenses. Todas las demás empresas del mundo deben decidir de acuerdo a las normas de la OACI, cuyo secretario general (Juan Carlos Salazar) es colombiano”.

De acuerdo a la BBC, tras la declaración de Trump el tráfico registrado en el espacio aéreo de Venezuela ha estado por debajo de lo normal.

El portal FlightRadar24 ya mostraba este domingo muy pocos aviones volando por encima del país.

Durante el fin de semana solo se registró actividad de dos aerolíneas internacionales dentro de Venezuela: Copa (Panamá) y Wingo (Colombia).         

Donald Trump volvió a estar vinculado a nuevos pedidos de aviones para Boeing, en este caso de Air Astana, Somon Air y Uzbekistan Airways, anuncios que se dieron tras la Cumbre C5+1 celebrada en Washington D.C la semana pasada.

En dicha reunión participaron líderes de países de Asia Central como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Tras las conversaciones, Boeing anunció las órdenes, las cuales ascienden a 37 aviones.Air Astana, aerolínea bandera de Kazajistán acordó la compra de hasta 15 Boeing 787 Dreamliner, mientras que Somon Air, de Tayikistán, pidió hasta 10 Boeing 737 MAX 8 y hasta cuatro 787-9. Ambas empresas realizaron el pedido más grande de su historia con el fabricante.

Finalmente, Uzbekistan Airways convirtió las opciones de un acuerdo previo en un pedido en firme por ocho 787 Dreamliner, elevando su cartera total de pedidos de aviones de fuselaje ancho Boeing a 22 unidades.

“Acabo de concluir una serie de excelentes reuniones bilaterales con estos líderes en la Oficina Oval… estamos fortaleciendo nuestras asociaciones económicas, mejorando nuestra cooperación en materia de seguridad y ampliando nuestros lazos en general”, comentó Trump luego de las reuniones.

El mandatario ya ha estado involucrado en pedidos para Boeing previamente, en particular con aerolíneas como Qatar, AviLease y Etihad; además de otras órdenes con los gobiernos de Bahréin, Indonesia y Japón.

“Air Astana está estratégicamente comprometida con fortalecer sus capacidades de servicio desde Asia Central y el Cáucaso hacia Asia, Europa y el resto del mundo en la próxima década. La llegada del primer Boeing 787-9 Dreamliner el próximo año marcará el inicio de esta emocionante fase de desarrollo”, expresó Peter Foster, director ejecutivo de la operadora.