Un juez federal otorgó un segundo amparo que solicita suspender la ejecución del rediseño del espacio aéreo implementado desde el pasado 25 de marzo en la Zona Metropolitana del Valle de México, tras señalar que no existen los estudios relacionados, entre ellos el de impacto ambiental.

El juez solicitó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que “remita la información y exactitud de las rutas anteriores en el espacio aéreo del Valle de México, así como las actuales relacionadas con el rediseño de las mismas”, y que presente todas las constancias que sirvieron de sustento para la modificación de los roles aéreos, los dictámenes de impacto ambiental y los estudios que concluyeron que el rediseño lograría beneficios para la industria aérea. 

El primer amparo fue otorgado el pasado 24 de abril, luego de que un ciudadano del Estado de México interpuso una demanda de amparo bajo el argumento de que el rediseño carece de estudios medioambientales y de ruido.

Aunque la SCT señala que el rediseño del espacio aéreo traerá consigo una reducción de hasta 16% promedio del tiempo de vuelo de las aeronaves, tiempos más predecibles, mayor eficiencia en rutas, reducción en demoras operacionales, consumo de combustible, emisión de gases contaminantes e interacciones y carga de trabajo para pilotos y controladores aéreos, la autoridad judicial enfatizó que “en ninguna parte se precisa que se sustenta lo anterior con algún estudio de impacto ambiental.

“La parte quejosa alega que el rediseño de las rutas aéreas sobre el Valle de México causan una grave afectación, porque se realizó sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y las consecuencias del mismo, ya que precisamente, destaca como acto la omisión por parte de las autoridades de publicar y dar a conocer los estudios, la metodología o los parámetros utilizados, así como la seguridad operacional”, indicó el juez en el amparo, del cual A21 tiene una copia.

El documento señala que, de acuerdo con la SCT y Seneam, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) otorgó la certificación correspondiente para el rediseño del espacio aéreo, sin embargo, no se dan datos que permitan corroborar esa información.

El pasado 25 de marzo, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam)  puso en marcha la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México con el cual se modificaron los patrones de aproximación para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que se incrementó el área urbana que se ha visto afectada por el ruido generado por las aeronaves que sobrevuelan a bajas alturas y generan ruido mayor a los 61 decibeles. 

De acuerdo con un estudio realizado el mes pasado, desde el arranque del rediseño del espacio aéreo más de 113 kilómetros cuadrados en la Ciudad de México se han visto afectados por un nivel de ruido de 61 o más decibeles. Previo al rediseño, un total de 68.4 kilómetros cuadrados en la capital tenían un nivel de ruido por encima de los 60 decibeles.

El lunes 26 de abril, Román García, titular de la Unidad de Asuntos jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dio reconocimiento a la primera resolución de amparo, sin embargo dijo que no es posible suspender las operaciones de un momento a otro, ya que técnicamente están impedidos para hacerlo, pues tendrían que capacitar nuevamente a los Controladores de Tránsito Aéreo (CTA).

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El rediseño del espacio aéreo ha traído otras controversias, además del impacto medioambiental y la contaminación acústica en el Valle de México. Pilotos y controladores aéreos han señalado que el rediseño ha derivado en incidentes graves en pleno vuelo en los que las aeronaves han pasado muy cerca una de la otra. 

Al respecto, las aerolíneas respaldaron la ejecución del rediseño del espacio aéreo, señalando que las operaciones son seguras y pertinentes, siendo que, de acuerdo a la SCT, sólo existe reporte de un incidente menor ocurrido el 26 de marzo entre un avión de Viva Aerobus y un jet ejecutivo. 

Los controladores afiliados al Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo señalan al menos tres incidentes: uno entre los vuelos Y4460 de Volaris y AMX835, otro entre el vuelo Y4942 de Volaris y un Super King Air, y el tercero entre un Boeing 767-300, que volaba de Querétaro a Guadalajara, y un King Air 900 que iba de Puerto Vallarta a León. 

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Este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó dos juicios de amparo interpuestos contra ciertas disposiciones de la Ley de Aviación Civil (LAC), implementadas en la reforma de junio de 2017 y relativas a los derechos de los usuarios aéreos.

La demandas fueron promovidas como una acción de inconstitucionalidad por parte de Avianca Perú y LAN Perú, que buscaban protegerse del alcance de algunos artículos de la LAC y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En concreto, las empresas sudamericanas argumentaban que estas normativas infringían el “principio de supremacía constitucional dado que no consideran la jerarquía de los tratados internacionales”.

Asimismo, advertían que las disposiciones contenidas en la ley no debían de aplicarse a operadores extranjeros, pues para eso existen los convenios internacionales en materia de equipaje documentado, información de tarifas, indemnización a los pasajeros por demora o cancelación, sanciones, etcétera.

En particular, las compañías peruanas se quejaban de la inexistencia de un proceso para defenderse ante las reclamación de causas imputables a su operación, a lo que los magistrados respondieron que podrían acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor para conciliar.

Además, rechazaban la imposición (artículos 47 Bis 2 y Bis 3 de la LAC) de contar con un módulo de atención a usuarios obligatorio, al considerarla un gasto innecesario y argumentando que no había espacios disponibles para hacerlo en terminales como la de Ciudad de México. La SCJN desestimó todas estas quejas.

Cabe resaltar que el máximo tribunal ha dado trámite a una treintena de juicios de amparo de parte de igual número de operadores aéreos, quienes también cuestionaron las disposiciones de ley.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA de México) presentó una demanda de amparo contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), derivada de los criterios emitidos por el regulador para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue (slots) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de un comunicado, la organización de tripulantes de cabina informó que esta decisión obedece a que la resolución emitida por Cofece “atenta contra los derechos humanos de los trabajadores de las líneas aéreas que operan en el AICM, porque es violatoria del derecho humano a un trabajo estable y bien remunerado que a su vez permite alcanzar el derecho humano a una vida digna”.

Y enfatizó que las reglas impuestas por el órgano de competencia tienen el potencial de generar el desempleo entre los trabajadores de aviación mexicanos, y por ende, coartar la posibilidad de que mejoren sus condiciones de vida.

“ASSA de México reitera su compromiso con las instituciones del país y con las empresas con las cuales tiene celebrados contratos colectivos de trabajo, así como su misión fundamental como organismo defensor de los derechos laborales y humanos de sus agremiados y promotor de los derechos de los trabajadores de la industria aeronáutica nacional”, sostuvo el sindicato.

Esta nueva querella se suma a las demandas de amparo interpuestas por Grupo Aeroméxico (en conjunto con su socio Delta Air Lines), la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y el propio AICM, en contra las recomendaciones emitidas por la Cofece para la operación de slots en aeropuertos saturados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 17 de julio.